“Exceso de buenas palabras, escasez de recursos efectivos”. Con estas palabras resume Amnistía Internacional la inversión sanitaria de las comunidades autónoma en relación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo detalla en el último análisis que ha realizado sobre esta cuestión y donde abunda especialmente en la Atención Primaria. En este caso, establece que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que no aportan datos desglosados sobre inversión para el presente ejercicio, por lo que denuncia “falta de transparencia”.
La Atención Primaria lleva protagonizando buena parte de las sucesivas crisis en la sanidad pública desde que se inició la pandemia. No obstante, la organización de derechos humanos critica que los presupuestos que manejan las autonomías a este recurso dista mucho del 25% del presupuesto total de sanidad, el recomendado para “unos servicios sólidos que garanticen el derecho a la salud de la población”.
Eso en las regiones donde hay datos. Porque en los casos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, País Vasco y Principado de Asturias, señala “problemas de transparencia y accesibilidad” a la información sobre los datos de inversión en Atención Primaria.
“En la información presupuestaria accesible en los sitios web institucionales de estas comunidades no es posible identificar los créditos asignados a Atención Primaria. Amnistía Internacional les ha solicitado la información y, a pesar de haber recibido contestación no han incluido el desglose suficiente para identificar el monto concreto de la inversión prevista para la Atención Primaria de este año”, apunta.
Personal “agotado y desbordado”
Asimismo, subraya que “dos años después de los aplausos y los homenajes que la población dedicaba al personal sanitario” desde los balcones de todo el país durante la pandemia, el personal de Atención Primara está “agotado y desbordado”.
Con carácter general, también recalca que estos dos años han supuesto para el sistema público “un estrés sin precedentes recientes”, mientras que el crecimiento para el conjunto de las comunidades autónomas en el presente ejercicio en relación a la inversión total en sanidad es solo de un 4,5%, lo que supone menos de la mitad de lo que creció el gasto sanitario entre el 2019 y 2020 (10,8%).
“Las comunidades autónomas no están cumpliendo con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud. Independientemente de la disponibilidad de recursos, las autoridades sanitarias tienen la obligación inmediata de adoptar las medidas adecuadas para garantizar una mejora continua y sostenida del disfrute del derecho a la salud lo largo del tiempo”, argumenta.
En concreto, precisa que las dos comunidades que más incrementan la inversión en sanidad son Catalunya (9,94%) y Madrid (8,36%), seguidas de Extremadura (7,03%) y Andalucía (6,23%). Por debajo del 5% de incremento de inversión están Canarias (4,85%), País Vasco (4,73%), Comunitat Valenciana (4,09%) Cantabria (3,16%) y Principado de Asturias (2,70%). Cuatro regiones tan solo incrementan la inversión por debajo del 1%: Baleares (0,97%), Murcia (0,77%), Navarra (0,60%), Galicia (0,17%) y La Rioja, que se queda prácticamente igual (-0,01%). Y, por último, hay dos que “desinvierten”: Aragón (un 4,92% menos) y Castilla La Mancha (un 1,24% menos).
En cuanto al gasto en personal, el crecimiento para el conjunto de las autonomías en sus presupuestos es de un 7,10% más que en 2021. Pero las que han incrementado el presupuesto para personal en menos de un 5% son: Extremadura (3,98%), Baleares (3,22%), País Vasco (2,13%), Principado de Asturias (2,01%), Aragón (1,81%) y Castilla-La Mancha (0,53%).
Propuestas
En este contexto, una de las principales propuestas de Amnistía Internacional para invertir la situación es que las autonomías cumplan su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud e incrementar la inversión sanitaria, de manera especial en la Atención Primaria. Para ello, “deben llevar a cabo una inversión por encima de lo presupuestado inicialmente para este año superando, al menos, el gasto sanitario realizado en 2021, con la finalidad de reforzar las plantillas e incrementar la inversión en infraestructuras y recursos materiales”.
También pide que las Administraciones autonómicas publiquen sus planes de Atención Primaria con acciones y presupuesto. Y en el caso concreto de la que no han publicado datos, que incrementen la accesibilidad y transparencia de la documentación presupuestaria para poder mostrar en detalle el monto específico destinado a Atención Primaria. Finalmente, a largo plazo, la organización de defensa de derechos humanos demanda duplicar la inversión en este nivel asistencial durante los próximos años para “recuperar el peso perdido”.
Amnistía Internacional lanza hoy la campaña “¿Quién más tiene que pedirlo?” para reforzar estas peticiones a comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad, respaldadas ya por más de 300 000 firmantes de la petición online. A partir del 27 de mayo, grupos de activistas de toda España saldrán a las calle para visibilizar estas demandas, informar a la ciudadanía del estado de la Atención Primaria en su región e invitarles a tomar acciones individuales y colectivas dirigidas a las autoridades exigiendo el refuerzo de este nivel asistencial.