Justo un año ha pasado desde que Hortensia Valdés sufrió un ictus. Salió el trabajo y sintió una presión “muy grande” en la cabeza. Cogió el coche y se fue a casa de su hermano. “Ni siquiera sabía que existía un código ictus”, comenta en una entrevista a través del teléfono. No supo explicar a los servicios del 112 qué le estaba pasando y tuvo que pedir ayuda a una conocida para llegar en ambulancia al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de la capital. La operaron esa misma noche del derrame cerebral que estaba sufriendo. “Al haber actuado tan deprisa no tengo ninguna parálisis, he perdido algo de fuerza en el lado izquierdo”, explica.
En todo este año, Hortensia ha realizado muchos trámites. Mucho papeleo. Pero lo que todavía no ha podido formalizar ha sido la solicitud de un grado de discapacidad que le correspondería por las secuelas que ha sufrido tras su episodio cerebrovascular. ¿Por qué? “Porque nadie me lo ha dicho”. “Lo primero es que las empresas deberían saber qué hacer en casos como el mío, cómo activar los códigos ictus, y así salvar muchas vidas”, lamenta.
Tras haber sido operada en la misma noche en que se le detectó el derrame cerebral, recibió el alta unas semanas después. “Pero la verdad, nadie me informó de nada”, recalca. El trabajador social del hospital se puso en contacto con ella, pero para ir a una residencia. En la rehabilitación que recibió, le comunicaron que debía preguntar por el centro especializado en Guadalajara, el único de su tipo en Castilla-La Mancha.
Confusión entre discapacidad e incapacidad
Nadie le habló de cómo pedir el grado en discapacidad. “Hasta que no te dan el alta hospitalaria, no se puede empezar la solicitud al centro”, explica. Además, Hortensia temía que al pedir el grado en discapacidad, realmente se acabase tramitando la incapacidad. Todo parte de un desconocimiento que los profesionales no ayudaron, en su caso, a mejorar.
Cristina Gómez, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, explica que la situación es más habitual de lo deseable. “Es algo tremendo. Estás en el hospital, te envían a la unidad especializada de Guadalajara y mientras tanto, nadie te informa. No solo los trabajadores sociales, sino tampoco en el centro base, que es la atención primera de servicios sociales”, resalta.
Gómez recuerda su propio caso, ya que su hijo tiene autismo. “Cuando me derivaron para el diagnóstico de mi hijo, nadie me dijo que teníamos derecho a pedir una ayuda por discapacidad. Debería ser automático una vez existe un diagnóstico de este tipo. Pero es que ni siquiera te orientan en este sentido”, recalca.
La presidenta del CERMI explica que la confusión entre discapacidad e incapacidad, a la que hace referencia Hortensia, es normal. “Ella quiere seguir trabajando y tiene miedo de que esto se vea afectado. Pero la realidad es que ahora tiene una discapacidad y debería ser reconocida, porque esto beneficia a todos, también a la empresa. Es más, es que tenía miedo de que le perjudicase a la hora de volver a trabajar, y todo lo contrario”, explica Gómez.
Esto tiene un sobrecoste para toda la familia.
Discapacidad sobrevenida
El caso de Hortensia, además, supone una discapacidad sobrevenida. Es decir, que llega de un momento para otro. “Esto tiene un sobrecoste para toda la familia. Es que imagínate que no reconocen el grado, o que tienes que esperar. Necesitas ayudas, adaptaciones de tu casa, por no hablar de qué puede pasar más adelante con las dolencias de la persona. Para eso, es necesario el grado de discapacidad”, resalta Gómez.
Hortensia trabaja en el parque temático Puy de Fou en Toledo desde hace ya años. “Conmigo se han portado fenomenal”, explica. Y por eso quiere volver a trabajar, pero tiene una serie de carencias físicas, sobre todo relacionadas con la visión y el equilibrio, que requieren más tratamiento. “Salí el 16 de octubre [del centro especializado en Guadalajara] con informes que decían que debía seguir con rehabilitación, pero nadie se ha hecho cargo”, describe.
Meses después, ha podido firmar una solicitud para acudir al centro de daños neurológicos de Madrid, porque puede ser un ingreso ambulatorio y volver a su casa después de comer. Pero esta solicitud la firmó en enero de 2024, prácticamente un año después de su accidente.
“Ha tenido que pasar un año para que yo me aclare en el proceso, porque nadie te explica nada. Y existe un tiempo por ley para solicitar el grado de discapacidad. Además de lo que tienes que esperar para recibirlo. He conocido gente que ha esperado un año, otros 18 meses, desde marzo hasta enero, en fin, no se cumplen los plazos”, lamenta.
Ayudas que se necesitan para ya
Hortensia reflexiona que ella, “gracias a Dios”, no tiene problemas de ingresos y ha podido hacer frente a rehabilitación y otros gastos que ha tenido tras su accidente. “Pero tengo que cambiar la bañera por el plato de la ducha, y esas ayudas para este tipo de obras las necesito para ya. No puedo esperar realmente dos años. ¿Qué pasa mientras tanto? Es el problema que tenemos aquí”, lamenta.
“Todo se resume, explica, en ”pagar, pagar, pagar, pagar“, lamenta para advertir que ”hay gente que no puede, ¿y qué pasa entonces con ellos? Estamos en asociaciones, pero nos toca pagar. Aunque sea poco, tenemos que pagar. ¿Qué haces si no puedes?“, reflexiona.
Cristina Gómez, del CERMI, afirma que a estas ayudas solo se puede acceder si la persona tiene reconocido el grado de discapacidad. Y para eso pueden transcurrir años. Solo para que la burocracia avance y las personas reciban la confirmación oficial por parte de la Administración pública. “Pueden pasar años para que vuelvas a tener calidad de vida y si tienes recursos económicos lo vas solventando. Pero, ¿y si no? Esto es algo que puede pasar a cualquier persona, también a los niños pequeños”, resalta.
“Esta es la única puerta de entrada que tienen las personas con discapacidad para ver garantizados sus derechos”, afirma. Desde el Comité resaltan que el problema no es solo inherente a Castilla-La Mancha, sino que todas las comunidades autónomas están “fatal”, con tiempos de espera de más de un año para dar el reconocimiento del grado a quien lo pide.