TOLEDO

Arranca el juicio contra el cazador acusado de matar a la lince 'Nenúfar', para quien piden hasta tres años de cárcel

El 14 de junio de 2019 un agente medioambiental localizó un cadáver de lince ibérico en un coto de caza ubicado dentro del término municipal de Menasalbas, en la provincia de Toledo, en el coto de caza conocido como La Batinosa. Este agente comprobó que se trataba de una hembra de nombre 'Nenúfar' que había sido liberada dos años antes, en febrero del año 2017, dentro del proyecto para la recuperación de la especie en los Montes de Toledo.

Meses después, en noviembre de ese mismo año, la Guardia Civil identificó a un hombre por un presunto delito relativo a la protección de la flora y fauna debido a la muerte de esta hembra, producida por un disparo de escopeta. El detenido reconoció los hechos.

Cuatro años después, los juzgados de Toledo acogen el inicio del juicio contra este cazador, dentro de un procedimiento en el que están personadas varias organizaciones ecologistas como acusación particular, que ejercerá la representación a través de WWF España. También se ha personado, curiosamente, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha.

Según el escrito de acusación de los ecologistas, durante la celebración de una cacería de zorros, la persona finalmente acusada de los hechos disparó presuntamente a la lince “Nenúfar” provocando su muerte. El animal cuidaba en esas fechas de una camada de cuatro cachorros pequeños que quedaron desvalidos y “probablemente murieron sin la madre que los atendiera”. Los agentes medioambientales solo pudieron encontrar el cuerpo de uno de ellos.

La hembra tenía tres años de edad. Su muerte y la de sus cachorros supuso “un grave revés” para el programa de reintroducción de lince ibérico y para el equilibrio ecológico de la zona de Montes de Toledo, al haber hecho desaparecer un ejemplar establecido como reproductor.

El Código Penal se queda corto

Por ello, con el inicio del juicio, tanto WWF como Ecologistas en Acción confían en que el caso se resuelva con una dura condena. Si bien, ante los hechos descritos, “seguramente el Código Penal se queda corto”, según han adelantando a elDiarioclm.es.

La acusación ecologista pide en su escrito de acusación para el presunto autor de los hechos tres años de privación de libertad, inhabilitación especial para empleo u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio de la caza por cinco años, todo ello por un delito contra la fauna tipificado en el artículo 334 del Código Penal. Asimismo, reclaman 270.000 euros en concepto de responsabilidad civil, de la cual se debiera hacer corresponsable al gestor del coto.

“El caso de 'Nenúfar' pone sobre la mesa las consecuencias que sobre las especies protegidas tienen la caza y las malas prácticas que se llevan a cabo en los cotos, en ocasiones amparadas en decisiones de la Consejería de Desarrollo Sostenible”, explica este colectivo. De hecho, la asociación lleva muchos años denunciando que la caza del zorro es una “práctica de riesgo”, como también se demostró en el caso de la muerte del lince 'Kenitra' en 2014 en un coto de la localidad de Torre de Juan Abad, y reclama que terminen este tipo de cacerías y de controles.

Los ecologistas también destacan que no consta que por parte del acusado se hayan adoptado medidas tendentes a la recuperación del daño ambiental causado, ni haya desarrollado ninguna iniciativa al respecto, “salvo eludir su responsabilidad”. También argumentan en su escrito que el acusado no tenía, ni es posible legalmente en este caso, autorización para abatir ningún ejemplar de lince, sino que legitimaba su actuación en el acotado amparado por una autorización de control de zorros y urracas emitida por la Delegación de la Consejería de Agricultura en Toledo, teniendo el acusado la licencia de caza caducada en el momento de los hechos.

En el juicio también se ha personado como acusación particular la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, pero tan solo pide 14 meses de prisión para el enjuiciado, lo que implicaría que el presunto autor de los hechos, sin antecedentes, no entraría en prisión en caso de ser condenado.

Para las organizaciones ecologistas se trata de una estrategia de los cazadores que “solo tiene como objetivo buscar una foto que aleje el foco de lo importante, que es la caza y sus malas prácticas lo que está detrás de la muerte de gran cantidad de especies protegidas”. “Seguramente es un intento de crear precedentes llamados a facilitar que se evadan de las penas más graves aquellos cazadores que cometan delitos contra la fauna, y de que mientras tanto se mantengan las malas prácticas cinegéticas”.

La Federación de Caza reconoce en su escrito de acusación que en el momento de suceder los hechos era público y notorio que se había realizado sueltas en Montes de Toledo y la presencia de la especie en la zona. En la memoria del proyecto Iberlince que obra en los autos consta como parte del proyecto de reintroducción de la especie en sus antiguos territorios, alega en este texto, pero solicita una pena de 14 meses de prisión y la inhabilitación para profesión u oficio relacionado con la caza o la pesca durante 20 meses.

De 'Kenitra' a 'Kairós'

Un año antes de la muerte de 'Nenúfar', el juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad Real condenó a un guarda de la finca 'La Caminera', a una pena de 21 meses de multa, a razón de ocho euros diarios, y al pago de una indemnización de 90.000 euros, por la muerte del lince 'Kairós'encontrado muerto en un lazo metálico en Ciudad Real. Había sido liberado cinco meses antes de su programa de cría en cautividad.

Murió por estrangulamiento al quedar atrapado en un lazo metálico de los que los cazadores utilizan para capturar a depredadores. Este artilugio fue colocado por el guarda de la finca donde se encuentra el coto privado Barranco de la Caminera, en el término municipal de Torrenueva, provincia de Ciudad Real, con conocimiento de su ilegalidad por tratarse de una zona de libre tránsito de linces.

Ninguna persona ha entrado jamás en prisión en España por matar a un lince ibérico, la especie en peligro de extinción más protegida del país. En la mayoría de los casos, los jueces han decidido solventar la cuestión con penas económicas o incluso con la absolución.

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