El incendio que asoló parte del asentamiento conocido como Casa Grande en Albacete a finales de abril, es tan sólo el último de los episodios de un problema que lleva décadas sin resolverse. Son varios los asentamientos chabolistas que se pueden ver en la capital albaceteña, y que crecen especialmente en verano con la llegada de temporeros para faenar en labores del campo.
Pero la población que vive en estos asentamientos no responde solo al perfil del temporero, explica Cheikhou Cisse, presidente del Colectivo de Apoyo al Inmigrante en Albacete. “Desde 2007 visitamos los asentamientos y llevamos comida y ayuda”, resalta. La problemática une la precariedad de las chabolas, con la falta de condiciones de salubridad adecuada, infraestructuras seguras y el rechazo social que provocan estos asentamientos.
Varias entidades sociales de Albacete convocaron una concentración para pedir una solución tras calcinarse unas 15 chabolas en la carretera que va hacia la localidad de Peñas de San Pedro. En el asentamiento en cuestión se encontraban viviendo principalmente personas de Mali y Senegal, la mayoría trabajadores del campo. Los incendios son algunos de los problemas reincidentes en los asentamientos.
No hubo víctimas, pero el colectivo Sin Fronteras Albacete advertía de que puede haberlas en “cualquier momento”. Para intentar evitar futuras desgracias, han pedido un plan de alojamiento digno de manera “urgente” y aunque consideran las medidas que se han tomado a nivel institucional como “buenas noticias”, también las tachan de insuficientes.
Infraviviendas sin luz, sin agua potable, sin cocina, sin baño. En 2023 en Albacete hay personas que siguen viviendo así, han advertido los colectivos que aseguraban en la concentración que los derechos humanos “mínimos” se ven vulnerados.
Los prejuicios impiden mucho el acceso a la vivienda
¿Qué dicen las instituciones?
Juani García, concejala de Atención a Personas del Ayuntamiento de Albacete, recuerda que el Consistorio ofreció el Centro de Atención Integral a Personas sin Hogar de Albacete, tras el suceso, para quienes quisieran alojarse en ese espacio. “Al final no vino nadie porque no lo estimaron o no lo necesitaron”, añade la concejala. También recuerda que desde 2020, año de la crisis sanitaria, se puso en marcha el equipo de Integración Social de la ciudad con profesionales de los servicios, trabajadoras o educadoras sociales entre otros que trabajan con personas en exclusión severa.
“Se trabaja a diario, sobre todo con los asentamientos fijos. Luego están otros núcleos que se crean por los nudos de comunicación que tiene nuestra ciudad donde se asientan, por lo general, varones jóvenes de origen subsahariano en busca de trabajo”, explica García. Durante la pandemia, la situación en los asentamientos se tornó aún más complicada, con brotes masivos de coronavirus que obligaron al confinamiento de las personas que vivían en ellos.
A los brotes de coronavirus, que afectaron a decenas de personas, se sumaba entonces la demolición de las naves de la carretera a Peñas de San Pedro, lo que dejó a otras tantas personas sin referencia habitacional. Algunos tuvieron que vivir de manera temporal en tiendas de campaña.
Desde el Ayuntamiento indican que la competencia no es sólo del Gobierno municipal, sino que implica a otras administraciones. La concejala apunta al Gobierno central a través de la Ley de Extranjería, argumentando que se podría introducir y flexibilizar un permiso temporal para la campaña para las personas que vienen en situación irregular. “Esto facilitaría mucho los problemas como el de vivienda”.
“Los prejuicios impiden mucho el acceso a la vivienda por lo que se ha trabajado mucho en sensibilizar a la población como a empresarios. Por ello se han creado ordenanzas en la ciudad y en la provincia para ordenar las formas de vivir de estas personas y poder generar recursos”, defiende García.
La concejala señala que los terrenos en los que se encuentran los asentamientos no son municipales y que, según lo indica la legislación vigente, “no puedes ir y quitarles lo que tienen”. “No es la solución”, resalta. Más allá de ofrecerles asesoramiento o puntos de agua potable cercanos, información o intentar mantener los entornos lo “más limpios posibles”. “No podemos intervenir mucho más por ser un terreno privado”, zanja la concejala.
Alojamiento temporal: “¿Dónde pones el límite?”
Este es el tercer año que el Ayuntamiento de Albacete pone a disposición el recurso del alojamiento temporal del seminario con la colaboración del Obispado y Cáritas junto con el Centro de Atención Integral a Personas sin Hogar que está disponible todo el año. “El pasado año atendimos hasta 80 personas. En el centro hay plazas disponibles en estos momentos”. Lo que se puede ofrecer se hace en base a una estimación de empresarios agrarios, hectáreas y el producto para conocer cuántas personas son necesarias. “Así se puede estimar las plazas porque si no, ¿dónde pones el límite?”.
Para la campaña de este 2023 se pondrá de nuevo el recurso de alojamiento temporal del seminario y el Centro de Atención, para unas ochenta personas. Se trata de un “éxito”, porque se le da “atención individualizada”, destaca la edil. García asegura que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pedido información para poder replicar este modelo en otros lugares de España. Lo que quiere el Ayuntamiento es poner en marcha un Centro de Integración para personas temporeras, que tenga una capacidad para unas 100 personas. “Espero con suerte que siga adelante este proyecto y de cara a dos años lo podamos tener”, añade. Se ubicará cerca del albergue en el entorno de la calle Alcalde Conangla. El tejido social ha valorado positivamente esta iniciativa, pero también resaltan que para esta campaña sigue sin haber una alternativa habitacional suficiente.
Personas con tarjeta de residencia de más de 10 años
El Colectivo de Apoyo al Inmigrante visita los asentamientos por lo menos una vez cada quince días, tanto los de población subsahariana, como de otros orígenes, esencialmente población rumana. Albacete, explica el presidente de ACAIM, Cheikhou Cisse, es un punto fundamental para la población temporera, que empieza a llegar con la recogida del ajo y se queda hasta la vendimia. No sólo trabajan en la provincia, sino que incluso llegan hasta Valencia o Murcia y vuelven hasta Albacete para dormir. “Esto resulta más sencillo para los trabajadores, precisamente por los asentamientos”, señala. Desde el colectivo calculan que viven entre 100 y 150 de manera fija en estos lugares, pero que en verano puede llegar incluso a las 600.
No se puede seguir consintiendo, hay que buscar una solución urgente a este grave problema de los temporeros migrantes, que mal viven debido a las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran
“El problema es que es muy difícil conseguir una vivienda de alquiler y a algunos se les deniega, por lo que están obligados a vivir ahí”, detalla Cisse. Pero en los asentamientos no sólo viven personas que trabajan como temporeras, sino que también se puede encontrar personas sin hogar que tienen documentos de residencia de larga duración hace ya más de diez años. “Ellos viven todo el año, pero los temporeros están entre 3 a 5 meses”, recalca.
Algunos prefieren vivir en la calle, en estos asentamientos. Otros, explica, lo hacen mientras se regulariza su situación. ACAIM valora los avances que se han vivido para mejorar la vida de quienes viven en los asentamientos, pero Cisse recalca que todo es “demasiado lento”.
“No se puede seguir consintiendo, hay que buscar una solución urgente a este grave problema de los temporeros migrantes, que mal viven debido a las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran”, han advertido desde CCOO, especialmente tras el incendio de finales de abril. El sindicato a solicitado al Ayuntamiento que agilice “todos los trámites necesarios para que se habilite ya el Convenio para el uso del Seminario y sus plazas para migrantes, así como la construcción del edificio para personas migrantes que recientemente se ha anunciado por el equipo de gobierno local”
Además, han recordado que la Ley les obliga [a los empresarios] “a proporcionar una vivienda digna a quienes contraten para las tareas del campo, con lo que se reduciría casi en su totalidad la situación de precariedad y vulnerabilidad que existe en estos asentamientos de infraviviendas”.
¿Cuántos temporeros vendrán en esta campaña?
Aunque el año pasado se contrató a más de 9.000 personas temporeras para la campaña del ajo, que es la primera de Castilla-La Mancha, la previsión es que en 2023 no se pase de las 7.000. Así lo señalan desde ASAJA Cuenca a elDiarioclm.es. Miguel Esponera, secretario de administración de UPA Castilla-La Mancha, tiene claro que este año se ha producido una reducción de siembra en el ajo. “La siembra se ha reducido en un 14%, además en la última Mesa Nacional del Ajo nos han informado que también hay en estos momentos una enfermedad del ajo que está mermando las cosechas. Hay incertidumbre y parece que no es muy halagüeño lo que nos espera”, ha señalado.
Todo ello se suma a la sequía y que “al no haber agua también puede haber reducción en el agua de riego, y estos golpes de calor le hacen daño, no sabemos cómo irá la cosa”, aventura. La campaña en Castilla-La Mancha también está condicionada por la de Córdoba ya que los temporeros se dirigen primero a recoger la cosecha en la provincia andaluza y luego suben a Castilla-La Mancha, por lo que, según Esponera, “si se retrasa Córdoba nos fastidia aquí”. No obstante, parece que este año la cosecha se va a adelantar.
En el caso del ajo, la mayoría de los jornaleros que llegan proceden de Rumanía, y vienen con alojamiento, e incluso en muchos casos se viene no sólo el trabajador sino toda su familia y ya tienen su alojamiento. Las explotaciones tienen obligación de proporcionar al trabajador, a las cuadrillas que llegan a la recogida el alojamiento, y en el caso de estas personas que vienen con la familia, en muchos casos el agricultor contratante hace de intermediario para encontrarles una casa, asegura Esponera.