Se cumple el tercer aniversario de la aprobación de la ley de eutanasia y la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) denuncia que la duración media del procedimiento es de 75 días, cuando la ley marca 35. Sobre esta cuestión, que ha denunciado el presidente de la entidad Javier Velasco en una entrevista con EFE, ha sido preguntado este martes el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz.
El titular de la sanidad castellanomanchega ha lamentado que “muchas personas que lo solicitan tienen procesos demasiado cortos de enfermedad” y por eso cree que “deberíamos aligerar los plazos para facilitar la voluntad de los pacientes. Estoy de acuerdo en acortar lo máximo el plazo”, decía.
En 2023, en esta comunidad autónoma se recibieron 58 solicitudes de eutanasia, pero solo se llevaron a cabo 17. Fernández Sanz ha explicado que hay tres causas para que no se cumplan todas las peticiones. En primer lugar porque el paciente fallece antes, en segundo lugar se da el caso de que “no haya condiciones u oportunidad porque lo decidan los profesionales” y en tercer lugar porque el paciente desiste de su deseo inicial. “Las causas lo son por este orden”, detallaba.
Son datos que ha ofrecido hoy a preguntas de los medios de comunicación, pero que no se han publicado. Las únicas comunidades autónomas que han hecho público el informe anual que contempla la ley han sido Andalucía, Baleares, Cantabria y La Rioja, según la Asociación Derecho a Morir Dignamente
Sobre esta cuestión el responsable de la Sanidad en Castilla-La Mancha sostiene que “la norma no dice que tengamos que hacerlo sino que debe hacerlo el Ministerio y estoy de acuerdo con eso”. Además, subraya que la norma “no exige que colguemos datos en una plataforma para hacerlos públicos”.
El consejero también ha desvelado que en la práctica de la eutanasia en esta comunidad autónoma no hay objetores de conciencia para aplicar la ley. “No hay problemas, en ningún área”, ha zanjado.
La región dispone de una Comisión de Evaluación y Garantías vinculada a esta normativa. En febrero de este año, Sanidad anunció un refuerzo en los equipos de evaluación debido al notable incremento de peticiones para acogerse a la ley de eutanasia. También cuenta con un Comité de Bioética, que se constituyó en el año 2022 para dirimir conflictos en el ámbito sanitario.