Los fabricantes de vehículos creen que Castilla-La Mancha debe multiplicar por cinco los puntos de recarga eléctrica en 2025

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha presentado su actualización de Mapas de Infraestructura de recarga de acceso público para que Castilla La Mancha pueda alcanzar los nuevos objetivos de reducción de emisiones del Fit For 55, la reducción de al menos un 55% de aquí a 2030.

En el caso de Castilla-La Mancha, cuenta con una red actual de 661 puntos de recarga, este año debería pasar a los 1.632 y para 2025 será necesario multiplicar por cinco la red actual hasta los 3.372 puntos de recarga de acceso público. Siguiendo el cronograma propuesto, deberán ser 11.515 en 2030 y 24.676 en 2035, año en el que se establece el fin de la venta de los turismos diésel y gasolina.

A nivel nacional, habría que contar con aproximadamente 70.000 puntos de recarga de acceso público en 2023; 120.000 en 2025, 300.000 en 2030 y 610.000 en 2035.

En el ejercicio de actualización realizado, se ha tenido en cuenta el aumento de exigencias de reducción de emisiones de CO2 que la Unión Europea ha marcado para los diferentes tipos de vehículos en los horizontes 2030 y 2035 en el Fit for 55 que fija una reducción del 55% y 50% para 2030, en turismos y comerciales ligeros, respectivamente. Y del 100% para 2035.

Este aumento de ambición en la búsqueda de la neutralidad climática, dice ANFAC, debe tener su reflejo en un aumento de los objetivos de penetración de vehículo electrificado. Así, si bien el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021‑2030 aspira a un parque de vehículo electrificado de turismos y furgonetas en España de 3,4 millones en 2030 y una cuota de mercado del 40%, cumplir con el nuevo escenario exigiría, según estimaciones de ANFAC, ir a un nuevo objetivo de 4,3 millones de unidades para 2030 y de 9,8 millones para 2035, con un 60% y 100% de cuota de mercado electrificado respectivamente

Esta iniciativa, presentada por primera vez en julio de 2021, pretende servir como herramienta que ayude a la necesaria planificación y monitorización del despliegue en España, aún pendiente. Desde la asociación se plantea una metodología del despliegue necesario para establecer una red de infraestructuras de recarga que facilite la incorporación de vehículos electrificados en España, en línea con las exigencias de reducción de emisiones marcadas desde Europa.

Disponer de un instrumento de planificación e información es, para la asociación, “cada vez más urgente” teniendo en cuenta que el nuevo Reglamento europeo de infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR) por primera vez establece unos objetivos vinculantes de despliegue para cada uno de los Estados Miembros.

Para José López-Tafall, director general de ANFAC, “los objetivos establecidos por la Unión Europea no se cumplen solo con el esfuerzo del sector, sino que precisan de un gran esfuerzo por parte del resto de los actores” y en este sentido reclama el compromiso del Gobierno central y las comunidades autónomas para implantar en el territorio la infraestructura necesaria. “El desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público es esencial para el despliegue del vehículo electrificado, y aquí hay mucho que avanzar. Nuestros mapas pretenden animar ese debate con datos, porque si no sabemos dónde estamos y cómo vamos es muy difícil llegar al objetivo que nos fijemos.”

ANFAC señala la necesidad de crear de un centro estatal para el desarrollo e impulso de la infraestructura de recarga de acceso público que permita monitorizar y garantizar un efectivo despliegue de la red. Y aboga por mejorar en la concesión de las ayudas del Plan MOVES III y MITMA MOVES, con ayudas directas en el momento de la compra y no tributables, y la simplificación de los trámites administrativos para la puesta en marcha de puntos de recarga, serían aspectos fundamentales para la consecución de los objetivos exigidos. También insiste en su petición de cambios fiscales para ayudar a ciudadanos y empresas a apostar por las nuevas tecnologías, con una fiscalidad que ayude e incentive, y no penalice.