La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha manifestado su más “absoluto rechazo” a la consideración por parte del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) de la posible inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que permite “la colocación de puestos de montería o batida en caminos”, tras la denuncia presentada por varias organizaciones ecologistas.
Considera esta federación que la modificación legislativa aprobada por las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha “cumple con todas las garantías de constitucionalidad” y acusa a las organizaciones ecologistas de condicionar al ministerio. “El rechazo del MITECO se produce por la tergiversación y manipulación que desde los promotores de la denuncia se está haciendo respecto de la finalidad de esta medida”.
Esgrime también que la vigente Ley de Caza y el reglamento que la desarrolla “ya obliga a todos los organizadores de acciones colectivas de caza a señalizar con 72 horas de antelación las vías de acceso en aquellos terrenos donde se celebrará la acción de caza, así como a cortar los accesos a estas vías el mismo día de la cacería, únicamente durante el tiempo que dure la acción de caza, dejando paso libre una vez terminada la misma”.
“El corte de caminos ya existe desde siempre”
En su opinión, “el corte de caminos es una medida que ya existe desde siempre, cuestión que omite Ecologistas en Acción en su denuncia” e indica que “en muchas ocasiones esta señalización es desplazada, gravemente deteriorada y en no pocos casos sustraída por personas que, aparte de cometer una acción punible, sin duda tienen intereses espurios pretendiendo inculpar por acciones de omisión a los organizadores de las cacerías”.
La colocación de un cazador a 50 metros del borde de las vías, puede suponer un peligro para los posibles usuarios que, aun estando señalizadas, hacen caso omiso de esta señalización, puesto que los cazadores adentrados en el monte, pueden no disponer de visibilidad clara ni suficiente a la hora de realizar el disparo
También comenta que, aunque previamente se haya señalizado el desarrollo de las cacerías tal y conforme previene la legislación vigente, “actualmente no se permite la colocación de personas participantes en la cacería a menos de 50 metros del borde de estas vías de tránsito porque se consideran zonas de seguridad”.
Por eso, justifica que “la colocación de un cazador a 50 metros del borde de las vías, puede suponer un peligro para los posibles usuarios que, aun estando señalizadas, hacen caso omiso de esta señalización, puesto que los cazadores adentrados en el monte, pueden no disponer de visibilidad clara ni suficiente a la hora de realizar el disparo”.
Consideran que la medida permitirá ahora dar “seguridad” a los usuarios del medio natural, “tanto de ciclistas, motociclistas, senderistas, como de los propios cazadores participantes en la acción de caza, que con esta medida podrán hacer el disparo en condiciones óptimas de visibilidad y podrán ubicar la situación exacta de compañeros de cacería y de otros posibles usuarios que hubieran desoído el corte del camino”.
También defienden que, con la nueva reforma aprobada por el Gobierno regional, permitirá que, aquellas personas de edad avanzada o movilidad reducida que, “de forma legítima, tienen derecho a participar en una jornada de caza, puedan hacerlo en condiciones adaptadas a su situación y por supuesto con total seguridad para ellos, algo que antes no podrían realizar porque su estado no les permitía acceder a puestos colocados en el interior de la mancha y que en multitud de ocasiones coinciden con terrenos escarpados de muy difícil acceso”.
Otra de las cuestiones que destacan es que permitirá la rápida localización y acceso a los servicios de emergencia en caso de que ello fuera necesario para atender cualquier situación que pudiera producirse.
Puestos de caza en caminos y senderos de uso público para 15.000 cazadores federados
En definitiva, insisten, la reforma aprobada, permite colocar puestos de caza de acciones colectivas de caza en caminos y senderos de uso público, “siempre con el permiso de la entidad titular de este tipo de vías, y única y exclusivamente durante el tiempo que dure la acción de la caza”. Es decir, no podrán ser utilizados por ninguna otra persona ajena a la actividad de la caza, y en este sentido la federación se defiende porque será “un período de tiempo de entre 5-6 horas durante un único día al año, y estando debidamente señalizado con tres días de antelación”.
Eso sí, esta posibilidad está abierta y habría que multiplicarla por las más de 100.000 licencias de caza en la región. Forman parte de más de 300 sociedades de cazadores locales, que son titulares y gestionan más de 450 cotos locales y tres millones de hectáreas en la región. Hay más de 15.000 cazadores federados.
No solo los ecologistas, también hay “discrepancias” planteadas por el Estado
Al margen de las protestas ecologistas, la semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la región una resolución de recoge las “discrepancias” desde el Estado al cambio de la ley castellanomanchega y que tendrán que resolverse en una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha para evitar que tenga que ser el Tribunal Constitucional quien resuelva.
Ambas administraciones tienen nueve meses para dirimir y acordar sobre la polémica reforma que supone vetar el acceso de vías pecuarias y caminos públicos a los usuarios que no participen en una actividad de caza durante el tiempo en el que tenga lugar la montería.