El Gobierno de Castilla-La Mancha ha salido al paso de las críticas al modelo de residencias para mayores de la comunidad autónoma que ha realizado CCOO en base a datos de varios observatorios. En referencia concreta a las condiciones laborales que provocan la “fuga” de profesionales apunta a la responsabilidad de las empresas en el caso de los centros de gestión privada. Es decir, al cumplimiento de los convenios colectivos.
Con carácter general, la Consejería de Bienestar Social explica a elDiarioclm.es que en Castilla-La Mancha, dada su estructura poblacional y territorial, siempre se ha apostado por disponer de “una de las redes residenciales más importantes del país”. Esto ha supuesto “grandes inversiones” para llegar a todos las zonas de la región.
Dicho esto, subraya que según el último informe sobre los servicios sociales para personas mayores en España, la comunidad autónoma tiene un Índice de Cobertura del 7,14, en plazas residenciales para personas mayores que incluye tanto las residencias de mayores como las viviendas de mayores, sólo superada por Castilla y León que tienen un 7,73. “Esto quiere decir que en Castilla-La Mancha disponemos de una amplia red y que, además, en su mayoría son plazas con financiación pública”, apuntan fuentes de este departamento.
En el caso concreto de las condiciones laborales, señala que, como en cualquier sector productivo, las determinan los convenios colectivos. “Esto no es una excepción en relación con las residencias privadas, y en este caso, para ver las condiciones laborales habrá que acudir al VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, de cuya comisión negociadora forman parte los sindicatos, incluido CCOO”.
Tras referir que en el sector de los servicios sociales se han creado más de 5.500 empleos desde 2020, el Gobierno regional apunta, que las condicones laborales son un aspecto importante de la atención a las personas en las residencias y en el cuidado de las personas mayores. “En el sector privado hay una responsabilidad de las empresas, pero todos debemos estar vigilantes porque se respeten los derechos de trabajadores y trabajadoras. Aquí cada parte debe hacer su trabajo”, subraya.
Sobre si existe alguna manera de controlar que las residencias privadas caigan en manos de empresas que buscan el lucro, el departamento de Bienestar Social destaca que “nadie puede evitar que una empresa por iniciativa propia construya una residencia”. Pero añada que siempre debe cumplir los requisitos de legalidad establecidos. Es más, añade que es bueno que “haya iniciativa privada en este ámbito” para que las personas puedan elegir y la Administración pueda concertar plazas.
La gestión público-privada
“También gestionamos centros y servicios públicos con entidades privadas, bajo un estricto sistema de contratación pública que establece no solo los requisitos sino las condiciones de calidad que se deben cumplir”, recuerda.
“No vemos ningún problema en que haya empresas que presten servicios, lo que no podemos permitir es que se desatienda a las personas mayores o no se les dé el servicio que merecen. Y para eso estamos todos los agentes que debemos intervenir y la Consejería de Bienestar Social lo hace a través de los servicios de inspección, mediante actuaciones de oficio programadas y mediante la respuesta a cualquier denuncia que se plantee”, resaltan las mismas fuentes.
En cuanto al modelo residencial derivado de la pandemia de COVID-19, recuerda el Ejecutivo castellanomanchego que se ampliaron las inspecciones, con un total de 1.400 realizadas; al tiempo que refiere la modificación de normativos como las de condicones básicos de los centros de servicios sociales de atención especializada y la del régimen de autorización administrativo de los servicios sociales.
A ello añade la modernización de los centros de atención especializada a las personas mayores mediante fondos europeos.. En total, se han destinando más de 20 millones de euros a modernizar 263 centros privados, muchos de ellos en manos de entidades sociales. Y el impulsl a la construcción de ocho nuevas residencias de mayores en zonas despobladas que supondrá incorporar otras 1.000 plazas a la red pública, 400 de ellas públicas.
Bienestar Social también esgrime la importancia que la Administración otorga a la prevención de la dependencia, pero sin dejar aparte el modelo de atención residencial, “no solo con el mantenimiento de las plazas, donde estamos a la cabeza en cuanto a los índices de cobertura a nivel nacional, sino mejorando las condiciones, mediante ayudas y subvenciones para la mejora de sus instalaciones y mejorando también el confort y la eficiencia energética”.
“Pensamos que es muy importante la información, la orientación y el apoyo a las familias que en la mayoría de los casos también desempeñan un papel muy importante en los aspectos emocionales de las personas que están en residencias. Los retos son muchos y estamos trabajando en todas las dimensiones, porque entendemos que la visión debe ser global y la intervención se debe adaptar en la medida de los posible a la situación y a las demandas de las personas”, concluye el Ejecutivo castellanomanchego.