Los vecinos de la urbanización ‘Nueva Sierra de Madrid’ o ‘Nueva Sierra de Altomira’, como también se la conoce, volverán a manifestarse este sábado 30 de noviembre en el centro cívico de Albalate de Zorita (Guadalajara), a las 9 de la mañana.
Lo harán coincidiendo con la celebración de la asamblea ordinaria de propietarios que ha convocado la entidad urbanística que gestiona esta urbanización privada. Según los propios vecinos, tiene unas 5.600 parcelas, de las que más de 1.600 están edificadas.
La historia de protestas se dilata ya en el tiempo y se han agudizado en los últimos tres años. La urbanización comenzó a construirse en los años 70 del siglo XX, pero muchos de los terrenos todavía no están urbanizados. Además, hay constantes quejas por la falta de mantenimiento de las infraestructuras.
Ahora, el último presupuesto para 2025 que acaba de plantear la gestora de la urbanización, la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (E.U.C.C), es la gota que colma el vaso. Para el próximo año se presenta una cifra de gasto que supera los 2,9 millones de euros.
La razón del elevado presupuesto está en la inclusión de “gastos extraordinarios” que rondan los 800.000 euros. El más abultado se destinará a construir un punto limpio para la urbanización. Costará 400.000 euros. Después, para usarlo los vecinos tendrán que pagar un canon trimestral de dos euros y otros 52,57 euros más por la recogida de basura por trimestre en 2025.
“No hace falta un punto limpio en la urbanización. Hay otro en el pueblo. Y si es como ese… Es un terreno muy grande con una malla donde se tira la basura. Si nos ponen eso por 400.000 euros… No lo entiendo. No tiene sentido”, asegura la portavoz de los vecinos Diana Da Silva.
A eso se sumarán otros 370.150 euros de gasto para poner en marcha el llamado ‘Plan de Autoprotección por Riesgo de Incendio Forestal’ en la urbanización. “Hemos consultado presupuestos de empresas que llevan estos temas y alucinan”.
A partir de ahí, gastos de explotación, compras, trabajos realizados por otras empresas, la amortización de un préstamo bancario y los sueldos de los empleados de la urbanización elevan el presupuesto casi a tres millones de euros. Solo los sueldos, salarios, la Seguridad Social y otros “gastos sociales” de los trabajadores de la propia entidad que gestiona la urbanización suman 614.000 euros anuales.
“Estamos indignados, siguen convocando reuniones y seguimos sin saber cuántos vecinos vamos a pagar todo eso, entre cuántos propietarios se reparte el gasto, no entendemos si el propietario mayoritario Mar de Castilla, al tener muchas propiedades, se aplica descuentos del 70%... Vamos a ciegas, pagamos a ciegas. Nadie nos responde”.
Denuncia la “falta de transparencia” y apela al papel que debe jugar el Ayuntamiento, que forma parte del Consejo Rector de la entidad gestora. “Este no es un problema de una urbanización”, aseguran los vecinos porque “desde hace muchos años Nueva Sierra es terreno urbano”.
Estamos indignados, siguen convocando reuniones y seguimos sin saber cuántos vecinos vamos a pagar todo eso, entre cuántos propietarios se reparte el gasto, no entendemos si el propietario mayoritario Mar de Castilla, al tener muchas propiedades, se aplica descuentos del 70%... Vamos a ciegas, pagamos a ciegas. Nadie nos responde
Sostienen que “se trata de un grave problema social, también urbanístico” y que la totalidad de la zona “tenía que estar ya urbanizada, con zonas verdes públicas y privadas, con servicios y dotaciones municipales, algo a lo que tiene derecho todo español y española”.
Acusan al ayuntamiento de sacudirse la responsabilidad. “En vez de exigir a la promotora urbanizadora que lo termine y asumir sus obligaciones municipales, continua su inexplicable conducta amparando lo que se traduce en un fraude urbanístico y de consumo, multimillonario”.
Creen que el ayuntamiento “deja en total indefensión a los ciudadanos abandonados a la arbitrariedad de la empresa privada, que la administración debería controlar”, abundan en su denuncia.
Los vecinos han intentado cancelar la convocatoria apelando al Ayuntamiento. “El Ayuntamiento no tiene facultad para suspender dicha asamblea”, ha sido la respuesta del Consistorio que, además, comunica haber mantenido una reunión con el Servicio de Atención al Municipio de la Diputación Provincial de Guadalajara. “Se ha dado traslado de sus recomendaciones a la Entidad para que tomen la decisión que estimen oportuna”.
Desde 1992 la Comunidad de Propietarios de la urbanización está gestionada por una Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (E.U.C.C). La Presidencia la ostenta la empresa Mar de Castilla SA que, según explican los vecinos cuenta con mayoría de votos.
Es la propietaria de la mayoría de los terrenos y eso, dicen los vecinos, “le permite asumir el control de la entidad” y decidir sobre los gastos. También actúa como comercializadora de los muchos terrenos que siguen a la venta a través de su página web.
Según los estatutos, la entidad se constituyó “para la conservación” de la urbanización de acuerdo a lo que marca el PERI (su propio Plan Especial de Reforma Interior) para crear y mantener servicios comunes y distribuir gastos. Los vecinos aducen que “en ningún caso se cita que la entidad -y por tanto los vecinos propietarios- deban costear lo que faltaba y falta por urbanizar”. Sienten que su dinero está ayudando a costear lo que no les corresponde.
En mayo de 2023, varios vecinos de la urbanización se presentaron a las elecciones municipales bajo las siglas GRIAL, Grupo Independiente de Albalate. La candidatura la encabezó la propia Diana Da Silva y obtuvieron dos concejales.
Pensaron que así podrían tener acceso a más información y cambiar las cosas. Hasta ahora, sin resultados. Los ediles se quejan de que les hacen “el vacío”, de que no hay información e incluso les avisan “dos o tres días antes de los plenos”. Se ha rechazado su propuesta para abrir una comisión de seguimiento y transparencia de lo que ocurre en la urbanización.
En mayo de este año se manifestaron ante el ayuntamiento denunciando lo que califican de “fraude urbanístico”. Siguen sin respuestas. Tampoco las hay por parte del departamento del Gobierno de Castilla-La Mancha responsable del urbanismo en la comunidad autónoma. Ha habido conversaciones con la Consejería de Fomento, pero sin avances en la práctica.
En la actualidad, el caso está en los tribunales. Los vecinos han presentado su causa ante los juzgados en Guadalajara. Desde hace un año, dice Diana Da Silva, están a la espera de que el ayuntamiento remita al juzgado la documentación que le ha sido solicitada.
Un ayuntamiento con alcaldesa en funciones, sin secretario ni arquitecto
En paralelo, la situación en el propio ayuntamiento es compleja. El alcalde Julio Villalba está de baja por enfermedad. Le sustituye en funciones la concejala Maribel Ortiz. Además, desde hace medio año están sin Secretaría-Intervención y sin arquitecto municipal.
La alcaldesa en funciones asegura, en conversación con elDiarioclm.es que esta “es una urbanización privada que el ayuntamiento no ha recepcionado porque las obras están inacabadas”. También asegura que las obligaciones municipales se limitan a lo urbanístico: dar licencias de obra y el cobro del IBI. “Ahora como no tenemos arquitecto nos ayuda la Diputación de Guadalajara. Es la que está concediendo las licencias”.
Después, señala que su papel es el de “órgano de control”, una especie de intermediario entre la entidad gestora y los vecinos. “Las obras se están acabando, pero es que son 100 kilómetros de carretera”, dice. “Es la segunda urbanización más grande de Europa. No es fácil. Ahora mismo están con el Plan de Autoprotección que exige la Junta de Castilla-La Mancha, pero cada cosa que se hace los vecinos la paralizan”.
Paradójicamente, la propia alcaldesa en funciones tiene propiedades en esta urbanización. “Todo lo que denuncian deben batallarlo con la entidad gestora”, asegura, para rechazar que el Ayuntamiento se haya desentendido. “Les propongo que se cuide más el asfaltado y la limpieza de cunetas, pero es una urbanización privada”, insiste.
La urbanización se hizo mal desde el principio y tiene problemas desde hace más de 50 años. Cuesta mucho solucionarlo y se dan pasos pequeñitos. Se está trabajando para legalizarlo todo, pero no podemos solucionarlo en dos meses. Nos hemos dirigido a la Junta de Castilla-La Mancha
“El Ayuntamiento no tiene medios, somos un pueblo de 1.200 habitantes. No podemos comprobar las votaciones en la asamblea de vecinos. Para eso están los juzgados”. En este punto reconoce que el Ayuntamiento no ha remitido la información a los juzgados que le piden los vecinos para iniciar una causa judicial. “La mandaremos, pero es que llevamos cinco meses sin secretaria. Ya ganaron un juicio a la entidad pero no hicieron que se ejecutase la sentencia”, dice Maribel Ortiz.
“La urbanización se hizo mal desde el principio y tiene problemas desde hace más de 50 años. Cuesta mucho solucionarlo y se dan pasos pequeñitos”, dice la alcaldesa en funciones. “Se está trabajando para legalizarlo todo, pero no podemos solucionarlo en dos meses”. Asegura que “todo esto es un embrollo”, empezando por el Plan Especial de Reforma Interior de la urbanización “que está mal hecho” y en este último aspecto señala a la Consejería de Fomento. “Nos hemos dirigido a la Junta de Castilla-La Mancha para solucionarlo”.
Desmiente la falta de transparencia municipal. “Este equipo de gobierno facilita la información, pero tenemos un ayuntamiento desangelado. No nos dejan trabajar para solucionarlo. Espero que pueda hacerse pronto porque esto está enfrentando al pueblo y a la urbanización”.
Ese medio se ha puesto en contacto con la entidad urbanística para conocer su versión, sin que haya sido posible obtenerla hasta el momento.