Profesionales de servicios sociales, al “límite de su resistencia” por la falta de equiparación salarial

La situación de “precariedad laboral” de los profesionales de servicios sociales de atención primaria de los municipios de Castilla-La Mancha contratados por la administración local es “un problema que persiste en los ayuntamientos desde hace más de 15 años”. Lo ha vuelto a poner sobre la mesa la Plataforma de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que engloba a trabajadores y trabajadoras con este tipo de contratación.

Se trata de los equipos formados por trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y auxiliares administrativos, quienes, a pesar de desempeñar funciones equiparables y contar con la misma titulación universitaria que las personas contratadas por el Gobierno regional, en la mayor parte de los casos cobran un salario un 40% inferior.  

Según la asociación, esta disparidad salarial está reflejada en los Convenios de Servicios Sociales de los Planes Concertados y supramunicipales, “carentes de suficiente solidez”. Esto, unido a los convenios colectivos de gran parte de los ayuntamientos pequeños y medianos de Castilla-La Mancha “perpetúa esta injusticia y el consiguiente maltrato profesional”.

Recuerdan así que desde el año 2010 el salario no ha sido objeto de modificación, a pesar de estar garantizado por Ley. Y refieren que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha en su disposición sobre equiparación salarial establece el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de las administraciones públicas a recibir un salario justo y equitativo por su labor, “sin distinción entre contratación entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y las Entidades Locales”.

No descartan emprender otras acciones

Esta reivindicación fue el motivo del nacimiento, hace un año de la Plataforma. Pero indica que a pesar de las negociaciones iniciadas con la Consejería de Bienestar Social y su Dirección de Acción Social, la falta de “una respuesta efectiva por su parte”, está agotando las vías de negociación, llevando a los profesionales “al límite de su resistencia”. Por ello no descartan emprender “otro tipo de acciones para exigir una solución urgente y justa”.

“La plataforma está cogiendo fuerza ya que está recibiendo el apoyo de los ayuntamientos y mancomunidades de la región. Hasta ahora ya hay firmadas más de 100 cartas de apoyo y mociones en apoyo a las reivindicaciones de equiparación salarial. Además, se han mantenido reunión y contacto con la FEMP obteniendo su apoyo firme”.

Este colectivo concluye defendiendo el valor de los servicios sociales, pero alegan que la situación de precariedad laboral de sus profesionales “no puede continuar” porque “no solo afecta a su estabilidad económica, sino también pone en riesgo la calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía”. Por ello exigen al Gobierno regional “un trato justo y digno” acorde con el resto de personal de contratación directa con la Junta, tanto a nivel de remuneración como de condiciones laborales.