Claudia es una mujer toledana que cuenta así la historia de su aborto: “Un proceso largo y doloroso”. Ella es una de las personas que ha tenido que salir de su provincia para poder realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Una gestación que comenzó “llena de ilusión y expectativas”, pero que terminó, por razones de salud, en un aborto.
“Para mi sorpresa, todos los médicos que me atendían aclaraban que no seguían ningún procedimiento y que ellos no podían ayudarme en el proceso”, explicaba hace unos meses en conversación con elDiarioclm.es. “No puedo describir el dolor y tristeza que sentí entonces, pero sabía que lo mejor para el bebé y para mí era someterme a un aborto”, relataba a este medio.
Ha pasado un año y la situación no ha cambiado. Mujeres como Claudia, que viven en provincias en las que no se practican abortos en la sanidad pública se ven obligadas a trasladarse a otras para poder recibir esta atención. La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece que “las usuarias del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad efectiva”, pero ese precepto, en la práctica, no se cumple.
Basta con fijarse en lo que ocurre en Castilla-La Mancha. En esta comunidad autónoma solo se realizan interrupciones voluntarias del embarazo en dos clínicas, ambas privadas, con las que mantiene un convenio de colaboración el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Están ubicadas en Albacete y Ciudad Real.
Amnistía Internacional ha convocado concentraciones en cada una de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha este jueves 3 de octubre, bajo el lema 'El aborto es derecho a la salud'. ¿La razón? “Hay una serie de cuestiones que siguen sin ponerse en marcha en la región, y por ello nos hemos dirigido a las consejerías de Sanidad y de Igualdad. No hemos obtenido respuestas, más allá del enlace del período de consulta del registro de objetores”, explica Rafaela Alonso, responsable de Incidencia Política de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.
“Era una de las reivindicaciones: que se pusiera en marcha el registro de objetores de conciencia que está recogido en la ley”, reconoce la ONG. De hecho, tal como ha confirmado el Servicio de Salud regional a elDiarioclm.es, hasta ahora no existía ese registro de objetores de conciencia y las mismas fuentes añaden que históricamente había una “objeción generalizada” a practicar interrupciones voluntarias del embarazo entre el personal sanitario.
Ahor, con la ley en la mano, Amnistía Internacional ha puesto el foco en una situación que consideran anómala para la que reclaman soluciones. La organización humanitaria cree que “sin menoscabo del derecho individual de cada profesional sanitario a declararse objetor”, la ley señala que el acceso o la calidad de la prestación “no se verán afectados” por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia.
En abril de este año, unas 25 organizaciones se adhirieron a una iniciativa de Amnistía Internacional, en la que expresaban su “preocupación” al Gobierno de Castilla-La Mancha sobre el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “También pedíamos información sobre el comité clínico que decide sobre los casos de aborto a partir de la semana 22 de gestación”, comenta Rafaela Alonso. Sin resultados hasta ahora.
Presión para las mujeres a las puertas de las clínicas “contrarias a la ley”
Desde Amnistía Internacional también recuerdan que en la clínica de Albacete a la que muchas mujeres se desplazan para poder ser atendidas hay “situaciones que son contrarias a la ley” debido a la presencia de “grupos de personas que rezan en la puerta, que intentan hablar con las mujeres y con el personal médico”, para evitar de aborten. “No se ha hecho nada para evitar que se produzcan estas situaciones”, lamentan.
Desde Ágora Feminista, organización albaceteña, añaden que la movilización planteada esta semana en toda la región está directamente relacionada con la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre. “Pedimos protección y privacidad para las mujeres que deciden abortar libremente. Ya tenemos los mecanismos legales, lo que hace falta es aplicarlos”, explica Lola Gómez, de la asociación albaceteña.
La asociación ha informado durante “años” de la situación que ocurre frente a la albaceteña Clínica Iris, tanto al Ayuntamiento de Albacete, como a la Junta de Comunidades, a la Policía Nacional o la Subdelegación del Gobierno “sin que, hasta el momento, se hayan tomado medidas que garanticen la privacidad de las mujeres y su ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo libre de coacción”. En 2023, de hecho, esta asociación denunció la situación ante la Fiscalía.
Finalmente, insisten en que los abortos se practiquen en la sanidad pública. “Solo de esa manera garantizas la prestación en todo el territorio regional. Falta que las mujeres no tengan que desplazarse a otras provincias”, asegura. A esto, añade que “el sistema debería garantizar que haya personas capacitadas para realizar abortos”. “Si no hay, se buscan. Es un tema de programación y planificación de los servicios, de voluntad política”, zanja la activista.