La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, ha mandado una carta al jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, en la que le recuerda las “importantes actuaciones” en la Región de Murcia que ha acometido su departamento, como “la firma de un convenio con los regantes del Trasvase Tajo-Segura para que haya un precio subvencionado del agua desalada durante los diez próximos años”.
Asimismo, ha citado “la puesta en marcha de los proyectos, con una inversión global superior a los 700 millones de euros, para aumentar la producción de las desalinizadoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco; construir tres plantas fotovoltaicas anexas a esas desaladoras, con el consiguiente abaratamiento de la factura a los usuarios del trasvase; e interconectar todas esas instalaciones con la red del postrasvase Tajo-Segura”.
“Y todo ello, enmarcado en un plan de la demarcación del Segura, que contempla un escenario inversor de unos 3.000 millones de euros, cuyo objetivo es seguir garantizando el abastecimiento urbano y la disponibilidad de agua de calidad a los regantes de esta cuenca”, ha subrayado.
En este contexto, Ribera ha expresado su “sorpresa” por las recientes declaraciones de López Miras “sobre un supuesto afán de castigar a los ciudadanos de la Región de Murcia”. “Por ello, quisiera que me confirmaras expresamente si el Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor sigue contando con tu compromiso de respaldo o si prefieres prescindir de nuestro apoyo”, dice en la misiva.
“Esperando que estas líneas ayuden a la reflexión y al retorno a la senda de colaboración que la ciudadanía espera de nosotros, me despido atentamente”, concluye Ribera su misiva.
Page califica de “razonable” la propuesta de la ministra
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que la propuesta de la “es razonable y permite satisfacer tanto las demandas de Castilla-La Mancha, que las necesita”, como las de los territorios de la vertiente mediterránea que reciben agua del trasvase.
“Lo que no se puede tener es chocotajadas, que teniendo una fuente inagotable de recurso hidráulico como es el mar al lado con la tecnología que hoy hay, que es enormemente compatible con el medio ambiente y que al mismo tiempo ha optimizado mucho los recursos y los costes. Se trata simplemente de calibrar”, ha dicho García-Page, desde Escocia, donde se reúne con entidades y parlamentarios para compartir estrategias y experiencias sobre dependencia y discapacidad.
El titular del Gobierno castellanomanchego ha advertido de que en el Levante “se está pagando mucho menos de lo que vale el agua del mar, que evidentemente tiene unos costes en la desalación, pero que está siendo ya muy utilizada en el mundo”. “Los tiempos van en esta dirección”, ha defendido desde Glasgow.
Ribera urge a actuar en el Mar Menor
En la misiva, además, Ribera apremia al presidente murciano a acometer “cuanto antes” las actuaciones pendientes de desarrollar en la Región de Murcia, “muchas de las cuales están incluidas en la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor y son fundamentales para revertir el estado de degradación ambiental que sufren la laguna y su cuenca vertiente”.
En esta carta --fechada el pasado 14 de junio--, Ribera expresa su “sorpresa” por las recientes declaraciones de López Miras en las que le acusa de un “supuesto afán de castigar a los ciudadanos de la Región de Murcia”. “Por ello, quisiera que me confirmaras expresamente si el Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor sigue contando con tu compromiso de respaldo o si prefieres prescindir de nuestro apoyo”, ha señalado.
Entre las actuaciones pendientes “más importantes” en la Región de Murcia, Ribera ha destacado “la aprobación por parte del Gobierno regional del Programa de la Zona Vulnerable por Nitratos del Campo de Cartagena, programa que la citada ley 3/2020, vigente desde 2020, estipula que debía aprobarse en un plazo máximo de tres meses”, tal y como señala la carta a la que ha tenido acceso Europa Press.
A juicio de la ministra, la “gravedad” de este “incumplimiento legal” se “acentúa por la sentencia el pasado mes de marzo de la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condena al Reino de España por el incumplimiento del Gobierno regional”, al no adoptar “medidas adicionales o acciones reforzadas en lo que se refiere a la contaminación por nitratos” en el Mar Menor y los acuíferos del Campo de Cartagena.
“También está a la espera de desarrollo la protección adicional del Mar Menor tras la declaración, en marzo de 2023, de su masa de agua como 'zona sensible'”, según Ribera, quien ha explicado que esto “mandata a la administración competente a que las depuradoras que traten caudales procedentes de núcleos de más de 10.000 habitantes dispongan de un tratamiento más riguroso de sus caudales”.
Otra “herramienta esencial” que, a juicio de Ribera, sufre un “grave retraso” en su aplicación es el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, “que debía haber entrado en vigor en verano de 2023, según la Ley 3/2020, y que es el planeamiento que debe ordenar las actividades que impactan en la cuenca vertiente del Mar Menor, cuya capacidad de carga está ampliamente sobrepasada”.
Mientras, ha defendido que el Miteco, de manera “excepcional”, ante la “gravedad de la crisis” y de conformidad con el Gobierno murciano ha adoptado el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM) que, tras una última actualización, “cuenta con una inversión de 675,05 millones de euros, de los que ya se han ejecutado importantes programas, interviniendo en origen en todas las causas que degradan el ecosistema lagunar”.
Entre estas actuaciones, Ribera ha detallado “los 20 millones de euros transferidos a los ayuntamientos para que mejoren sus redes de saneamiento”, así como “los 16,2 millones que financiarán los 11 proyectos seleccionados de carácter piloto e innovador dirigidos al sector de la agricultura”.
También ha subrayado “los 52 millones destinados al cinturón verde, para el desarrollo de humedales, filtros verdes y áreas de renaturalización que tenemos en fase de tramitación ambiental”, así como “los 110 millones de euros destinados a la restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas por la minería”.