El sindicato de enseñanza STE de Castilla-La Mancha, en reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar Regional celebrada el 25 de octubre, ha mostrado su rechazo porque se sigue equiparando la red de centros privados sostenidos con fondos públicos a la red de centros públicos en el proceso de admisión.
Según explica, el nuevo decreto deroga el vigente desde 2017 y adapta las “escasas modificaciones” que ha introducido la reciente LOMLOE, a pesar de “todo el ruido mediático que los empresarios de los centros privados concertados metieron el año pasado por estas fechas antes de su aprobación”.
Como novedades más destacadas, afirma el STE, se tendrá en cuenta el carácter específico de la escuela rural, se devuelve a los consejos escolares de los centros públicos la competencia de decidir sobre la admisión del alumnado de su centro y se modifica el baremo donde ahora se han incluido nuevos criterios baremables como la condición de familia monoparental, nacimiento en parto múltiple o la condición de víctima de violencia de género.
Dos procesos
Este sindicato añade que siempre ha defendido que esta norma debe reflejar la admisión del alumnado en dos procesos: uno primero para que todas las familias puedan elegir el centro público donde quiere que sus hijos e hijas reciban la educación básica y obligatoria, y un segundo turno para que en aquellas localidades donde la red de centros públicos no pueda absorber toda la demanda se permita matricular al alumnado en los centros privados concertados.
“Solo así se asegurará que la red de centros privados sea subsidiaria de la red de centros públicos. Solo así se podrá conseguir la finalidad reflejada en el preámbulo de la LOMLOE que establece que la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo”.
Concluye que el actual momento demográfico se caracteriza por la baja natalidad, que genera un exceso de oferta de plazas educativas, ahora en Educación infantil y en un futuro en Primaria y Secundaria, y por tanto, “se deben reducir los conciertos para cumplir con la ley y hacer un uso eficiente y de economía de los recursos públicos”.