Miembros de la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha se han concentrado hoy a las puertas de la Escuela de Administración Regional con sede en Toledo donde se ha celebrado la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha (PDR), con presencia del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo así como de las organizaciones agrarias y los grupos de desarrollo rural.
Este colectivo pide que se posponga la aprobación del PDR hasta que se conozca “información real” sobre las hectáreas ecológicas que existen en la región y los fondos reales para cubrir las ayudas. En un escrito que han entregado a los participantes en la Comisión de Seguimiento también demandan que las convocatorias de ayudas “no vulneren el ordenamiento jurídico poniendo en situación de indefensión a los agricultores”. Y es que, Mª Ángeles Rosado, miembro de la plataforma recuerda que la orden de ayudas de este 2016 ha sido denunciada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. “La Junta no ha remitido el expediente y entendemos que o está habiendo ocultación o es un gravísimo error. No sabemos lo que pasa. Creemos que se trata de dilatar el proceso, que llegue la PAC de 2017 a los 3.000 agricultores que nos han echado, que se nos rescate por la puerta de atrás, que los dos años comprometidos desde el año 2015 no se paguen y se inicien compromisos nuevos”.
Anastasio Yébenes, secretario de la Plataforma ha denunciado, por otro lado, que la Junta castellano-manchega no permite su participación en esta Comisión de Seguimiento. “Resulta que van a decidir nuestro futuro ahí dentro y no cuentan con nosotros y sabemos que hay un montón de asociaciones de todo tipo”, a pesar, de “la promesa” del presidente regional Emiliano García-Page en una reunión mantenida el pasado 5 de julio en la que, aseguran, hubo un compromiso para que el colectivo pudiese participar en las citadas reuniones.
Lamentan que se vaya a debatir un borrador “sin una negociación para lograr la viabilidad necesaria y que la agricultura ecológica puede seguir adelante”. Aseguran que no se trata de “imponer” sino de “negociar”, algo que, en su opinión, no se está produciendo.
Reconocen que se han producido nuevas incorporaciones al sector, tal y como sostiene el Gobierno regional, “pero no todos son jóvenes” y, por otro lado, “se ha expulsado a la mitad de la gente y a la que queda se le han rebajado las primas en un 70%, en cultivos como el cereal y en un 40% en los leñosos”.
Los agricultores ecológicos -unos 7.000 en toda la región- piden a la Junta “transparencia” y en la pugna que mantienen con la Administración regional dicen estar “seguros de que con el presupuesto actual hay suficiente para pagar las primas y para recuperar a todos los expulsados del sistema. Pero si mareas las cifras y las pasas a otro lado...Estamos viendo un desvío del presupuesto”, sostienen, sobre todo después de que el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, en visita a Toledo el pasado 7 de octubre asegurase que el dinero que procede de Europa no ha variado.
“Se ha fijado población porque la gente se ha agarrado a esto. Han dicho...Tengo una salida con la agricultura ecológica y me quedo aquí. Ahora ¿le niegas el pan y la sal? No tiene sentido. Esto solo se está haciendo aquí en Castilla-La Mancha”.
Carmen Chacón lleva “toda la vida”, en la agricultura ecológica. “Pusimos 5.000 olivos pensando en la ayuda que recibiríamos y nos han echado, no nos han rebajado las primas”. Asegura, que en su caso, la decisión de eliminar el cultivo de almendros en su finca y mantener el cereal les ha dejado fuera del sistema. “No cumplimos una norma que sacaron en 2015. Cuando lo hicimos no había un sistema de puntos y estabas...De toda la vida”.
“El PDR no es el programa de la agricultura ecológica”
El consejero del ramo se ha detenido algunos minutos para conversar con los manifestantes. “No voy a discutir con vosotros. Entiendo que la plataforma no comparta lo que dice el consejero”, comentaba Martínez Arroyo en conversación informal.
En esta conversación, no exenta de tensión, los agricultores le han reiterado su petición para aplazar la aprobación del PDR. “La modificación está acordada con organizaciones agrarias que la plataforma no reconoce pero que otros agricultores, la Administración del Estado y la Autonómica sí lo hace como interlocutores válidos”, sostiene el consejero.
Martínez Arroyo aseguraba que este compromiso “hay que cumplirlo” y después “se van a dar más pasos. Nos reuniremos las veces que haga falta pero el PDR no es el programa de la agricultura ecológica y no le vamos a dedicar la mitad del presupuesto”, zanjaba. El consejero habló de una cifra de ayudas a la agricultura ecológica en torno a los 600 millones de euros.
“Respeto la manifestación, que entra dentro de la lógica democrática”, señalaba para asegurar que se ha conversado “mucho” en el último año. A partir de ahí, sentenciaba, “nosotros hemos hecho lo que teníamos podíamos hacer teniendo en cuenta que el Gobierno anterior sacó en marzo de 2015 una convocatoria sin fondos suficientes. Hemos tomado la opción que beneficiaba a más agricultores”.
“Si hay agricultores fuera del sistema es porque no hemos podido reducir las primas todavía más para que siguieran. Pero nos hemos comprometido a incorporarles el año que viene”.