Los primeros contactos del Gobierno de Castilla-La Mancha para comenzar a elaborar la futura Ley Social de Vivienda ya han dado como resultado la movilización de los sectores implicados para comenzar a configurar el contenido. Es el caso del Colegio de Trabajo Social, cuyos representantes se reunieron esta semana con la Dirección General de Vivienda y Urbanismo con este objetivo. Tras la reunión, han decidido abrir un proceso participativo entre el colectivo para recoger las necesidades y propuestas profesionales de cara la futura norma.
En esa primera toma de contacto, los trabajadores sociales trasladaron al Gobierno castellano-manchego medidas como la garantía de acceso a una vivienda digna, entendiendo con ello aquella “que reúna las condiciones de habitabilidad, seguridad y estabilidad” y que además permita “el adecuado desarrollo de la persona en todas sus facetas y actividades”.
Fuentes del Colegio profesional han informado además de que con ello este colectivo quiere conseguir un texto legislativo “más completo y consensuado” y que ofrezca respuesta a las “problemáticas con las que los profesionales se encuentran en su día a día”. Por este motivo también han defendido durante el encuentro la importancia de la intervención social como “requisito imprescindible” en los procesos de inclusión social vinculados a los programas de vivienda.
Cabe destacar que el Colegio de Trabajo Social de Castilla La Mancha mantiene un convenio de colaboración con la Consejería de Fomento para la prestación del servicio de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, que cuentan con una trabajadora o trabajador social en cada una de las cinco capitales de provincia de la región más Talavera de la Reina.
Ronda de encuentros
La Ley Social de Vivienda es una de las promesas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, realizó durante su debate investidura y en posteriores comparecencias. Ahora está echando sus primera raíces tras convocar la Consejería de Fomento varios encuentros con los colectivos implicados o afectados, como los trabajadores sociales, colegios profesionales, entidades financieras y ayuntamientos que cuentan con empresas u oficinas propias de vivienda.
La futura norma obligará a los bancos y grandes inmobiliarios a notificar a la Administración regional, antes de que se produzca cualquier desahucio por razones sociales, dicho lanzamiento, y se dotará al Gobierno de un mecanismo claro de intermediación. También incluirá una obligación para que en toda la planificación urbanística que se realice en la región, las distintas tipologías de viviendas se generalicen por todos los barrios. Es decir, buscará, mediante una mejor distribución, que no se “estanque” a la gente en función de la renta, ni se concentre a determinados colectivos en un barrio a modo de “gueto social”.