Han pasado más de cinco años desde que el 16 de agosto de 2016 comenzara uno de los incendios de residuos peligrosos más importantes del país. Durante seis días ardieron en Chiloeches (Guadalajara) más de 20.000 toneladas de estos residuos, solo unos meses después del también polémico fuego del vertedero ilegal de neumáticos de Seseña (Toledo). El siniestro sacó a la luz una presunta trama criminal de gestión de residuos, según la instrucción judicial posterior, donde se vieron implicadas 18 personas, seis de ellas ex altos cargos del Gobierno de Castilla-La Mancha, y tres empresas. Estas circunstancias, junto con la pandemia, han alargado el periodo procesal y ha sido hoy cuando ha arrancado el macrojuicio, con 21 imputados en total y con una duración prevista de más de dos meses que puede alargarse hasta Navidad. La retirada de todos los residuos tóxicos terminó hace apenas un año y aún deben analizarse las afecciones al subsuelo.
La sesión iniciada en la Audiencia Provincial de Guadalajara se ha dedicado a cuestiones previas de procedimiento, alegaciones a la instrucción judicial y peticiones referidas principalmente al material probatorio acumulado en estos años. Será este martes, día 21 de septiembre, cuando comiencen los interrogatorios de las partes y las comparecencias de todos los acusados. En la sala habilitada para este juicio se han congregado todos los acusados junto con sus representaciones legales. La acusación pública en el juicio la lleva a cabo Patricia Vilela, Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Guadalajara.
Los delitos impugnados en este proceso van desde participación en grupo criminal hasta delitos de gestión de residuos peligrosos o delito agravado contra el medio ambiente, así como prevaricación administrativa medioambiental, explotación de instalaciones peligrosas y falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para los acusados, dependiendo de su presunta responsabilidad en el incendio y en la gestión de residuos peligrosos, según señala en su escrito de acusación. Entre los encausados están seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en los momentos de los hechos.
Entre las peticiones de pena se encuentra el exalcalde de Chiloeches, César Urrea, para quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental. Por su parte, para Miguel Ángel Yuste, director general de Evaluación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2005 y 2008, la fiscal pide 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y 28 meses de multa de cuota diaria de 20 euros, por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental. Están imputados también Carlos José Blázquez, quien ocupó ese mismo cargo de 2009 a 2011; y Matilde Basarán Conde, directora general de Calidad e Impacto Ambiental entre 2011 y 2015. Para ambos, la Fiscalía pide sendas penas de tres años de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.
Para Olga Villegas Sánchez, jefa de Servicio de Control de Calidad entre 2013 y 2018; y José María Michelena, jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial y, sucesivamente, Jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental, piden dos años de prisión por el mismo delito. La pena de tres años por delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental la pide también la Fiscalía para Sergio David González Egido, delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara entre 2004 y 2008 y viceconsejero de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre las fechas 2015 y 2016. Este último presentó su renuncia al cargo poco después del incendio y fue posteriormente cesado.
Según el escrito de la Fiscalía, los ex responsables de la Junta de Castilla-La Mancha permitieron la autorización de la gestión peligrosa de residuos en las instalaciones afectadas por el incendio y señala que en algunos casos conociendo los incumplimientos de las empresas se les mantuvo la autorización. Precisamente, los interrogatorios de mañana comenzarán con el director general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2008, Miguel Ángel Yuste; y al director general de Evaluación Ambiental entre 2009 y 2011, Carlos José Blázquez Orodea.
Las peticiones de cárcel más altas
Las penas más altas son para otros acusados por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, delito agravado de gestión de residuos peligrosos y explotación de instalaciones de residuos peligrosos, para quienes se piden condenas de hasta 19 años de cárcel. Por su parte, para las empresas KUK Mediambiente y Salmedina Tratamiento de Residuos solicita la Fiscalía penas de dos años por delito agravado de gestión de residuos peligrosos y para el Grupo Layna, esta misma pena y otros dos años por delitos agravados de explotación de instalaciones peligrosas.
El escrito de la Fiscalía recalda numerosos incumplimientos de la normativa de transporte y tratamientos de residuos peligrosos por empleados y empresas implicadas. Apunta que tras la investigación se determina que el incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos. Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.
Se da la circunstancia de que, tras las elecciones de mayo de 2015, el nuevo alcalde de la localidad, en junio de 2016, a través de los técnicos municipales, constató la explotación de las instalaciones en Chiloeches al margen de toda legalidad. El 17 de junio de 2016 se decretó por la Junta de Gobierno Local la clausura inmediata de las instalaciones con el apercibimiento de abstenerse en el ejercicio de toda actividad, algo que no se hizo y finalmente derivó en el incendio de agosto de ese mismo año.
La Fiscalía considera probado que en abril de 2016 dos de los acusados acordaron dejar en las instalaciones unas 15.000 toneladas sin especificar ni distinguir entre residuos peligrosos y no peligrosos a cambio de 300.000 euros pagaderos por Grupo Layna. Entre el 6 de abril y el 17 de junio, fecha en que se produjo la clausura de las instalaciones por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, se siguió adelante con la recepción de residuos peligrosos y no peligrosos, aumentando así la ya manifiesta acumulación y almacenamiento de dichos residuos en las instalaciones.
Con fecha 6 de junio de 2016 y con el cambio de los miembros de la Corporación Local como consecuencia de las elecciones municipales de mayo de 2015, el nuevo alcalde electo constató la explotación de las instalaciones en Chiloeches “al margen de toda legalidad” por Kuk y Grupo Layna. Tras la inspección se propuso la clausura inmediata de la nave, toda vez que se constató que en el interior de la misma, la saturación de los residuos almacenados alcanzaba prácticamente el techo; en el exterior, el almacenamiento de los residuos ocupaba las vías de circulación de los vehículos llegando casi a la puerta de acceso; y se impedía la circulación adecuada de los vehículos de extinción de incendios haciendo ineficaces los eventuales medios de extinción en caso de accidente.
Un caos, residuos tóxicos e intervención de la UME
El 20 de junio se inspeccionaron las instalaciones por el Servicio de Medio Ambiente, que constató que las instalaciones “eran un auténtico caos”. Se apreció almacenamiento masivo a la intemperie de residuos peligrosos y en lugares de pavimento no impermeabilizados, falta de etiquetado en recipientes de residuos peligrosos, escapes de residuos peligrosos en envases deteriorados, vertidos de residuos peligrosos de las balsas de retención que se encontraban colmadas directamente a un barranco donde discurre un cauce y mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos. Además, se detectan vertidos al barranco de Los Chorrillos.
El 7 de julio, la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), dentro de una investigación penal de la Fiscalía de Madrid, tomó ocho muestras en el entorno de la nave que acreditaron altas concentraciones de metales pesados de carácter tóxico, concretamente plomo, zinc, cromo, arsénico y cadmio. En el exterior de las instalaciones se concluye la existencia de un proceso de emisión de contaminantes líquidos desde el interior de la planta al Barranco de Los Chorrillos estableciendo una gradiente de contaminación generando afecciones significativas para los ecosistemas y para la salud de las personas. Pero el 11 de julio se constató que cinco de los acusados mantuvieron la recogida de residuos en la planta pese a su clausura en el mes anterior, por lo que se inició una inspección cuatro días después en la que se detectó el empeoramiento del estado de las instalaciones.
El estado y las condiciones del acopio de residuos en estos momentos supuso el incremento del riesgo hasta su materialización en el incendio de las instalaciones sobre las 04.49 horas del día 26 de agosto de 2016 de causa y fuente de ignición indeterminadas en el interior de la planta, si bien como hipótesis más probable se concluyó por el Departamento de Incendios del Laboratorio de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que se trató de “un incendio provocado de forma intencionada”. Se tuvo que desplazar la Unidad Militar de Emergencias (UME), se trabajó durante seis días con centenares de efectivos y se constataron durante la combustión altos niveles de contaminación derivadas de las llamas. El auto de apertura de juicio señala provisionalmente como responsabilidad civil la cantidad de 14.920.912,82 euros, los cuales desgrana por conceptos como la intervención de UME y bomberos o los múltiples daños medioambientales y los gastos de limpieza.