La retirada del amasijo de algo más de 6.000 metros cúbicos de residuos (unas 8.000 toneladas), en su mayoría tóxicos, de la planta de reciclaje que ardió en Chiloeches en agosto de 2016 ha concluido antes de la fecha inicialmente prevista y, a la espera de una analítica más profunda del subsuelo, la zona afectada ya está limpia.
Así lo ha confirmado el delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, José Luis Tenorio, quien ha señalado que lo único que queda pendiente es el resultado del análisis del suelo sobre el que se encontraban los restos de residuos contaminados con el fin de conocer si ha percolado algún elemento contaminante. En todo caso, Tenorio, que estuvo hace apenas unos días visitante la zona, ha indicado que la zona está limpia, ratificando el adelanto de los trabajos en varios meses sobre las fechas inicialmente previstas, motivado por la buena climatología que ha hecho durante este tiempo, favoreciendo así las tareas realizadas.
La labor de la Junta de Comunidades en este caso se ha limitado a realizar un seguimiento sobre los trabajos que ha realizado la empresa propietaria de los terrenos pero Tenorio cree que, por el seguimiento semanal que han realizado ellos, “se ha hecho un buen trabajo” y “han cumplido con seriedad”. En cuanto a la analítica que se está llevando a cabo ahora, según la información que han recibido en la Junta, va a consistir en la retirada de muestras a diferentes profundidades con el fin de analizar la presencia de elementos que hay para observar si ha percolado algún elemento contaminante bajo el mismo, en cuyo caso se buscaría la solución más conveniente.
“Nuestra misión terminará cuando comprobemos que el terreno está en unas condiciones medioambientales óptimas”, ha señalado el delegado de Desarrollo Sostenible tras precisar que, en todo caso, a la espera de estas analíticas, todo parece indicar que va a ser así, ha concluído tras reiterar que su obligación pasa por conseguir que el terreno recupere las condiciones que tuvo en su día.
Estas labores se iniciaron el pasado julio y, según el documento técnico realizado para planificar la extracción del material contaminado de la planta, contemplan la retirada de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos tóxicos, el 80% de ellos tóxicos, con un coste aproximado de 1,3 millones de euros.
En ello se contempla todo tipo de residuos, sólidos y líquidos calcinados, tóxicos y no tóxicos, localizados en las instalaciones de Kuk Medioambiente, habiendo terminado la retirada con varios meses de antelación según el planing previsto. En el documento técnico de casi cien páginas que hubo que presentar al Gobierno regional para especificar los trabajos a realizar se contemplaba la actuación en una superficie de casi 3,4 hectáreas, incluyendo en ello la limpieza de la solera de hormigón y de las balsas. El propio delegado confirmaba en su día que para la realización de estos trabajos la empresa propietaria de la parcela, Altamira Real Estate S.A., tuvo que elaborar un plan de seguridad y vigilancia.
Emisión de gases y desprendimientos
Este incendio, iniciado el 26 de agosto de 2016, provocó emisión de gases y hubo también algún desprendimiento de residuos por alguna ladera, de ahí que desde la Junta ya se acometieran algunos trabajos de urgencia para evitar que los mismos se pudieran expandir en casos de lluvia.
La planta incendiada llevaba funcionando varios años en situación de ilegalidad y fue precisamente cuando llegó el alcalde actual al Consistorio, José Andrés García, cuando se inició un expediente para la legalización de la actividad.
Al no recibir respuesta alguna se inició otro expediente para la cancelación de actividad que finalizó con la clausura el 17 de junio de 2016 por actividad clandestina por no disponer de licencia de apertura o autorización de puesta en funcionamiento para el ejercicio de su actividad, tal y como ha admitido también el primer edil.
Este verano, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados --18 personas físicas y tres jurídicas--, a quienes, en algunos casos, se les reclaman por parte de la Fiscalía penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros.