El auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, dentro del proceso de diligencias previas por el incendio de la planta de tratamiento de residuos peligrosos en Chiloeches (Guadalajara), ha permitido poner el foco sobre una serie de presuntos responsables del fuego, nube tóxica y posterior vertido de residuos al río del 26 de agosto. En la relación de los imputados por estos acontecimientos, el juez relata la presunta trama empresarial que llevó a varias compañías del sector el tratamiento de residuos a realizar actuaciones ilegales de mezcla, traslado y vertido ilegal de residuos peligrosos.
La toma de declaraciones sobre estos hechos comenzó a finales del pasado mes de septiembre y en octubre se acordó la apertura de pieza separada y secreta de investigación patrimonial, acordándose diligencias de investigación tras la petición formulada por la Unidad Central Operativa Medio Ambiental (UCOMA) del Seprona.
En el extracto del auto donde se concretan los hechos objeto de imputación y las presuntas personas responsables, se acuerda la declaración en calidad de investigados de hasta 19 personas, entre empresarios, funcionaros y cargos y excargos del Gobierno de Castilla-La Mancha. Es en la imputación del administrador único de la empresa KUK Medioambiental (planta donde se produjo el incendio), por presuntos delitos contra el medio ambiente, donde el juez constata que esta empresa realizó mezcla de residuos peligrosos con no peligrosos, siendo posteriormente éstos trasladados al vertedero de inertes de Salmedina, donde eran declarados como Residuos de Construcción y Demolición (RDCs).
Apunta que una vez se rescindió el contrato entre el Grupo LAYNA (quien arrendó las instalaciones a KUK), el investigado prosiguió con la actividad, si bien carecía de salida para la mezcla de los residuos ya que el contacto con el vertedero de Salmedina dependía de LAYNA. Con ello, señala que se podría haber cesado el vertido de residuos peligrosos a un vertedero “no habilitado” pero, a su vez, se creó una “inmensa acumulación de estos residuos con el consiguiente riesgo para las personas y el medio ambiente”. Este riesgo, destaca, se consumó tras el incendio de la planta el pasado mes de agosto.
También se aporta una idea aproximada de los residuos peligrosos que habrían entrado en la planta. Los investigadores determinan que entre enero de 2015 y marzo de 2016, fueron un total de 24.054 toneladas, más otras 7.031 toneladas entre abril y el 21 de junio de 2016, cuando el Grupo LAYNA ya había abandonado las instalaciones. Según apuntan, el administrador de KUK tenía “perfecto conocimiento de los residuos que entraban y salían de sus instalaciones”.
Obtención de “importantes beneficios económicos” a través de la “gestión irregular”
La imputación por presunta pertenencia a grupo criminal se basa en la finalidad de obtención de “importantes beneficios económicos” a través de la “gestión irregular” de residuos, principalmente peligrosos, existiendo dentro del grupo un claro reparto de funciones. Dentro de dicho grupo, la función del investigado habría sido la de aportar las instalaciones, junto con su Autorización Ambiental Integrada (AAI), a pesar de existir un expediente sancionador firme que decretaba la suspensión de la misma.
Destaca por ello la “función transcendental” del administrador ya que, al aportar la AAI de la empresa, daba cobertura documental a la recepción de todos los residuos peligrosos que procedían de los distintos productores, dato sin el cual no habría sido posible grabar los Documentos de Control y Seguimiento que amparaban el transporte desde su productor hasta la planta.
También aportó presuntamente su fluida relación con el antiguo alcalde de Chiloeches, César Urrea, que ocupaba el cargo cuando dicho grupo se creó, para “garantizar la impunidad” frente a dicho Ayuntamiento, el cual les permitía operar con total normalidad a pesar de carecer de licencia de apertura.
En cuanto al delito de falsedad documental, el juez relata que en las instalaciones prácticamente no figuran entradas de residuos no peligrosos. Sin embargo, de las distintas gestiones y toma de manifestaciones, se ha podido contrastar que las entradas y salidas de residuos no peligrosos han sido muy relevantes entre 2015 y mitad de 2016, por lo que deberían haber figurado en la documentación presentada a la administración y a esta Unidad, pudiendo deducirse que el no aportarla se debe a un “intento de ocultar su uso” para mezclarlo con los residuos peligrosos y posterior vertido a los vertederos de Salmedina y Las Mulas.
En cuanto a los responsables del Grupo LAYNA (que arrendó las instalaciones), y a quienes también se imputan estos tres delitos, el auto explica que habrían introducido presuntamente en las instalaciones de KUK un total de 27.220 toneladas de residuos peligrosos, además de una cantidad indeterminada de residuos no peligrosos. Posteriormente, por el personal de su empresa, se realizaban presuntamente mezclas de los residuos peligrosos con los no peligrosos, principalmente residuos peligrosos líquidos con lodos de celulosa procedentes de la empresa Holmen Paper.
Esta mezcla era posteriormente cargada en camiones bañera de LAYNA y, tras ser recubiertos por una capa de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), trasladados al vertedero de residuos inertes de Salmedina, con el que los investigados “mantenían una estrecha relación”.
Vertidos en lugares no habilitados
“De esta manera, han podido gestionar presuntamente ingentes cantidades de residuos peligrosos procediendo a su vertido en un lugar no habilitado al efecto, con el consiguiente riesgo para las personas y el medio ambiente”. El juez añade que no es razonable que desconocieran que las mezclas de residuos eran llevadas a Salmedina, ya que eran realizadas por sus propios empleados en camiones de su GRUPO, habiendo podido deshacerse de esta forma de más de 50.000 toneladas de residuos.
La imputación, también por los tres mismos delitos, al gerente de la empresa SALMEDINA se basa en la autorización de realización de vertidos de residuos peligrosos de manera reiterada, al menos, entre abril de 2015 y marzo de 2016. Dichos vertidos únicamente han sido posibles presuntamente “con la connivencia de los responsables del vertedero, quienes han eludido realizar los controles a los que les obliga la legislación”. Los investigadores también consideran evidente que dicha falta de control no se produjo de forma puntual, como si de un vertido aislado se tratase, pudiendo justificarlo como un error o falta de diligencia puntual, sino que como ha quedado patente, entre 8 y 10 camiones cargados con residuos peligrosos y no peligrosos vertían diariamente en Salmedina procedentes de KUK Medioambiental.
Según los datos obtenidos a lo largo de la investigación, de esta manera se habrían podido verter unas 50.000 toneladas de residuos, siendo una parte importante de éstas residuos peligrosos. También está imputado el administrador único de las empresas Gaver Ambiental y Reciorganics, junto con la persona encargada de conseguir los residuos peligrosos que llegaban a KUK Medioambiental, así como los lodos de celulosa de Holmen Paper.