Finaliza la legislatura sin que se haya cumplido el compromiso que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, adquirió con la regulación por ley de la transparencia en la gestión de la Administración Pública regional. Una serie de mecanismos y medidas que se recogieron en el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobado el pasado mes de diciembre, y que finalmente se ha quedado sin tramitar a final de legislatura, con las Cortes regionales ya disueltas.
Esta regla debía hacer ejecutables principios de buen gobierno y permitir actualizar las declaraciones de bienes de los responsables públicos, actualizando el sistema e incorporando un régimen sancionador, de forma que se completara el Modelo de la Transparencia y el Buen Gobierno de la Administración Regional al que la Junta dio luz verde en febrero de 2013. Pero no solo no ha llegado a tramitarse el anteproyecto, pese a estar previsto que así fuera aunque su entrada en vigor se aplazara a la siguiente legislatura, sino que tampoco en la web del Portal de Transparencia que la Junta habilitó como antesala a este proyecto, aparecen los sueldos actuales ni de Cospedal ni de ningún otro cargo de la Junta de Comunidades, aunque sí sus currículos y descripciones, así como una relación de las retribuciones del personal del Gobierno regional correspondiente a 2012.
De hecho, ni siquiera en esta web se ofrece algún enlace a la última declaración de actividades, bienes y rentas de los gestores públicos de Castilla-La Mancha, que fue hecha pública el pasado mes de noviembre por acuerdo del Consejo de Gobierno. Se da además la circunstancia de que Castilla-La Mancha se situó en 2014 a la cola del ranking (solo por delante de Canarias, Murcia y Madrid) del índice de transparencia de las comunidades autónomas que realiza anualmente el organismo Transparency International España.
Otra de las premisas que se incluyó en el mencionado anteproyecto era fomentar la participación ciudadana para poder recibir sugerencias y contar con toda la sociedad para tener mejor prestación de servicios. En la sección digital abierta para aportaciones ciudadanas a esta normativa aparecen tan solo tres propuestas y otra treintena más de ellas en un segundo apartado. No hay ninguna aportación ni referencia más al anteproyecto durante el primer trimestre del año 2015.
Una de las novedades que más se destacó cuando se presentó el anteproyecto y que también se queda sin tramitar ni aprobar fue la implantación de un código ético de obligado cumplimiento para los altos cargos. Incluye que al tomar posesión de su cargo, los máximos dirigentes de la Administración regional tengan que prestar una declaración responsable, del mismo modo que llevarla a cabo al dejar su puesto.
Pero sin duda, uno de los datos más destacados de este anteproyecto es que hable de transparencia pero no recoja la obligación del Gobierno regional de facilitar información sobre los criterios del reparto de publicidad institucional, ni las cuantías que se dedican desde los distintos organismos públicos que se utilizan para ello. Un ejemplo de opacidad que finalmente no ha recibido trámite parlamentario y que se queda a la expectativa de los resultados de las elecciones autonómicas del 24 de mayo.