La red social Twitter ha denegado al Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara los datos personales y las direcciones IP asociadas a la cuenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en esta ciudad. Este colectivo refiere que esos datos están protegidos en base a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde Twitter tiene su sede.
La PAH de Guadalajara detalla que este juzgado inició una investigación penal contra varios activistas a partir de la difusión en redes sociales de las imágenes de los miembros de una Comisión Judicial que, en marzo de 2019, estaban desahuciando a dos jóvenes y un bebé de pocos meses que habían ocupado una vivienda en el Barrio del Alamín de esta ciudad.
La jueza encargada admitió a trámite una denuncia del Servicio de Ejecuciones de los juzgados de Guadalajara, y además dictó una medida cautelar consistente en que se abstuvieran en lo sucesivo “de volver a publicar fotos de los integrantes de la comisión judicial” así como de realizar comentarios “similares” respecto a este desempeño de su función en esta actuación, todo ello bajo apercibimiento de imputar “un delito de desobediencia”.
La PAH y la Constitución de Estados Unidos
Si bien en la causa hay ya al menos dos activistas investigados, según apunta la PAH, el juzgado requirió a Twitter datos personales que a juicio de la red social no cumplen con los requisitos mínimos para su acceso, ya que al tener esta empresa su sede social en Estados Unidos, los datos requeridos están protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que establece “la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y de reunión”.
Las medidas cautelares que adoptó la jueza provocaron una cascada de reacciones en esta red social, ya que algunos diputados y periodistas alertaron de lo que este tipo de resoluciones suponen para la libertad de expresión.
Este juzgado tiene abierta otra investigación paralela sobre 15 usuarios de redes sociales de toda España que hicieron comentarios sobre esta noticia y a los que se les acusa de “injurias” contra la jueza.
El argumento de Twitter
Según el atestado enviado al juzgado por parte de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Policía Nacional, Twitter les responde que la política de esta compañía es responder a las solicitudes de información para ayudar en investigaciones penales pendientes en países extranjeros si se emiten “de conformidad con un tratado de asistencia legal mutua a través de los tribunales de Irlanda o los Estados Unidos, o mediante un rogatorio de cartas”.
“Bajo ciertas circunstancias, Twitter puede estar en condiciones de responder a solicitudes relacionadas con crímenes violentos donde se atiende el proceso legal apropiado. Dada la naturaleza del delito, no podemos responder a su proceso legal local en este momento y su solicitud debe hacerse utilizando los procedimientos disponibles de conformidad con un tratado de asistencia legal mutua (MLAT) o carta rogatoria”, añade esta empresa, por lo que deniega la solicitud de estos datos.