Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves por unanimidad de PSOE, PP y Ciudadanos la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Un consenso al que han apelado durante la sesión plenaria tanto PSOE como Ciudadanos en un debate en el que el PP, a pesar de dar su voto favorable, ha defendido hasta el último momento sus enmiendas a la norma.
A través del diputado por Cuenca, Benjamín Prieto, afeaba al Gobierno regional (socialista durante toda la etapa autonómica a excepción de cuatro años del Gobierno de Cospedal) que haya “faltado sensibilidad” en torno a la despoblación.
“Algo no se ha hecho bien en los casi 40 años de Autonomía para que haya que legislar in extremis para evitar la sangría demográfica y casi desaparición de muchos núcleos de población”, decía.
El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, se refería a esta nueva ley como “participada, pionera, trasversal, y que incluye, por primera vez en nuestro país, la política fiscal”.
El texto normativo llegaba al Parlamento tras la incorporación de 54 de las 102 enmiendas presentadas, 28 de las cuales fueron transadas y hoy mismo se incorporaba una más de Ciudadanos.
Medidas novedosas en el panorama nacional
La Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha incluye toda una novedad: pagar menos impuestos “por el hecho de vivir” en las zonas escasamente pobladas, decía el vicepresidente.
En concreto se recoge por ley una desgravación de hasta el 25% del IRPF por la estancia efectiva en zonas rurales poco pobladas. Además, habrá desgravación del 15% para la adquisición o rehabilitación de una vivienda y, decía Martínez Guijarro, “la combinación de ambas cosas permitirá que las personas que allí vivan casi no van a pagar impuestos”.
Por otro lado, la ley contempla la reducción del 50 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para adquirir o rehabilitar una vivienda o local para implantar una empresa.
El texto también contempla crear una Oficina de Fomento de la Vivienda Rural “para conectar a los demandantes con la oferta de vivienda”.
Otra de las apuestas de la ley es que habrá un 40% más de ayudas a autónomos y empresas para instalarse en el medio rural. De hecho, se dispone ya de un fondo dotado inicialmente con 10 millones de euros y abierto a que otras instituciones y entidades financieras puedan aportar.
También se recoge el llamado Plan de retorno de talento interno: incentivos para volver al medio rural a trabajar, así como la garantía de acceso a la fibra óptica y 5G en todas las localidades de la región.
En el ámbito de la educación, la ley permite abrir colegios rurales con cuatro alumnos y recoge la financiación de la educación superior a aquellos jóvenes que decidan estudiar fuera y su familia se quede en el medio rural. También aborda la creación de un contrato programa de prácticas, el llamado ‘Erasmus Rural’ que desarrollará la Universidad de Castilla-La Mancha.
Sobre otro de los servicios públicos esenciales, la Sanidad, se garantiza que existan recursos sanitarios a menos de 30 minutos de distancia de las zonas poco pobladas, a través de una Red de Puntos de Atención Continuada. También se garantiza la asistencia farmacéutica específica para responder a la población rural.
En cuanto a los Servicios Sociales, la ley recoge la Teleasistencia digital para mayores de 70 años y ayuda a domicilio para que “permanezcan en su casa y con mayor calidad de vida” y la disponibilidad de recursos residenciales en un radio inferior a los 40 kilómetros del municipio.
También se habla de transporte público interurbano como elemento vertebrador con la iniciativa de desarrollar el llamado ‘ transporte sensible a la demanda’ como respuesta al acceso a estos servicios en sus comarcas y en el que tendrán gran protagonismo los taxistas rurales.
También se prestará servicio de Teleasistencia avanzada con geolocalización y alertas de riesgo en el hogar a través de terminales adaptados y comunicación accesible para personas con discapacidad.
El vicepresidente también ha destacado la “mejora en el acceso al Ocio y la Cultura” en los pueblos.
Ahora, una Estrategia de Despoblación para diez años
Tras la aprobación de esta ley, el siguiente paso será poner en práctica la estrategia regional, todavía en vías de concretarse.
Tendrá una vigencia mínima de diez años, con revisiones cada cuatro años. “Está casi lista”, decía Martínez Guijarro.
Pese al alto consenso en torno a esta norma, el diputado del PP, Benjamín Prieto ha lamentado que no haya existido ninguna “lupa rural” a la hora de legislar en todo este período autonómico. “La fábrica del ‘corta y pega’ nos ha llevado a esta situación, desde el Urbanismo, a la legislación forestal, el transporte, los servicios sociales, la sanidad y otras materias que inciden en el día a día de los ciudadanos”, decía.
Algo a lo que le ha respondido la diputada socialista y ponente de la Ley, María Jesús Merino. Si a partir del año 2000 la población castellanomanchega creció hasta superar los 2,1 millones de habitantes, en 2011 ese crecimiento demográfico se frenó, para perder 80.000 habitantes.
Algo que desde el PSOE atribuyen al Gobierno de Cospedal y a “la merma de los servicios públicos” durante su Presidencia.
En todo caso, desde el PP, Prieto reclamaba una ley “que no sea excluyente” y que “se fijen condiciones y cantidades en los Presupuestos regionales de 2022”.
El diputado ha pedido seguir legislando. “Esta ley no es el final, hay que poner la lupa en el impacto demográfico y allá donde se pueda mejorar la vida de los habitantes del medio rural, sin que se perjudique la actividad económica o el cuidado del medio natural”.
Mientras, la diputada socialista María Jesús Merino, ponente del Proyecto de Ley, la definía como una normativa “con planteamientos realistas, con políticas concretas económicas y sociales” que se han logrado desde “la participación y el consenso” y que tendrá su continuidad a través de dos estrategias complementarias de Despoblación y Desarrollo Rural.
Desde Ciudadanos, Carmen Picazo, se ha felicitado por una norma que servirá “para que nos ocupemos de eso que llamamos la España Vaciada y que también deberíamos llamar olvidada y abandonada”.
Y es que, decía, “durante mucho tiempo la clase política no ha querido o no ha podido frenar el éxodo, condenando a los pueblos”, lamentaba porque desde 2012 más de 600 municipios ha perdido población y hoy hay 69 en los que no vive ningún menor de 20 años.
Ha reclamado “poner las luces largas” con esta ley y su estrategia porque “irá más allá de una legislatura”.
Picazo advertía: “Los pueblos se vacían a un ritmo terminal, si no actuamos rápido será la desaparición de muchos” y hay que hacerlo, añadía, “con propuestas sensatas y razonables y consultando a los expertos”.
Un nuevo paso para buscar ayudas para Cuenca, Teruel y Soria
Durante el debate de la ley castellanomanchega, el vicepresidente regional ha anunciado que la próxima semana se celebrará un encuentro en Albarracín (Teruel) para que los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha eleven al Gobierno central una solicitud conjunta que permita implantar ya las ayudas correspondientes a la reciente declaración por parte de la Comisión Europea que les concede el Estatuto de Zonas Poco Pobladas tanto de Cuenca, como de Soria y Teruel.
Eso se traduce en ayudas fiscales y económicas similares a las que reciben regiones de los países nórdicos. “Supondrán sin duda alguna un atractivo añadido para las empresas que quieran instalarse en estos territorios”, ha dicho Martínez Guijarro.
Francisco Boya: “Un texto ambicioso y pionero”
Uno de los invitados a la sesión plenaria en el que se debatía la norma ha sido el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francisco Boya que ha calificado el texto de “muy ambicioso y pionero”. Ha añadido que tiene “una virtud frente a otras iniciativas: no solo el rango de ley sino sobre todo la transversalidad del texto”.
En su opinión, las medidas que recoge la ley “van a tener impacto” desde el punto de vista de servicios públicos, en los aspectos tributarios que compensarán a quienes viven en el medio rural y en lo relacionado con los incentivos a la actividad económica“.
Ha calificado de “interesante” la posibilidad que abre esta norma autonómica para analizar “su desarrollo y su impacto sobre el territorio” que, ha advertido, “no se podrá medir a corto plazo”.
También ha aprovechado para recordar que a esta ley autonómica se sumarán las políticas del Gobierno de España impulsadas a través del Plan de Recuperación y Resiliencia con 130 medidas ya definidas que supondrán una inversión de 10.000 millones de euros para el medio rural.
La nueva ley castellanomanchega se estructura en siete títulos y 75 artículos con 7 disposiciones adicionales y ocho finales.
La petición de Podemos sobre la despoblación en los desiertos demográficos de la región
Las Cortes de Castilla-La Mancha han decidido dar traslado a los grupos políticos que integran el Parlamento regional del derecho de petición relativo a la despoblación en los desiertos demográficos de la Comunidad Autónoma solicitado por el coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón.
Así ha quedado acreditado en la sesión de la Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana que ha tenido lugar este jueves en las Cortes autonómicas.
En esta sesión, tanto el diputado de Ciudadanos, Javier Sevilla, como el del PP, Benjamín Prieto, y el del PSOE, Iván Jesús Rodrigo, se han mostrado favorables a que se traslade esta petición a los grupos para que tengan la oportunidad de analizarla y adoptar la posición oportuna.