La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha proclamado la defensa de las universidades públicas y el objetivo de esta comunidad autónoma de “blindarlas” mediante su propia ley autonómica, que estará en marcha en el curso 2025-2026. Se trata de una tesis que ya adelantó el presidente Emiliano García-Page anunciando su objetivo de 'cercar' a las privadas: “Son un ataque a la línea de flotación de lo público”.
Esther Padilla ha reforzado la idea de la “defensa de un modelo de universidad en Castilla-La Mancha pública y de calidad”. Y este mensaje llega después de que el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha Julián Garde afirmase, sobre esa idea del Gobierno regional de poner coto a las privadas que no inviertan en investigación, que todas deben “tener los mismos requerimientos para ser consideradas universidades”.
Sobre esta cuestión, la consejera portavoz ha manifestado la intención del Gobierno de “blindar” la universidad pública y defender su labor formadora e investigadora. “El sistema universitario no debe responder a criterios de rentabilidad económica”, ha resaltado, al tiempo que ha argumentado que “hay universidades gobernadas por la derecha” mientras que en Castilla-La Mancha la apuesta es por modelos diferentes al de Andalucía, “que ha multiplicado el número de plazas de universidades privadas”, provocando así la “desigualdad de trato”.
También ha dicho que esta comunidad autónoma no quiere ser como Madrid, donde hay 17 universidades privadas y seis públicas, y tampoco como la Comunitat Valenciana, donde se han recortado ayudas a las públicas en favor de las privadas. “Eso no va a ocurrir en Castilla-La Mancha. Tenemos muy claro el modelo”.
“Convivir en condiciones de igualdad”
“No significa que nos opongamos a la privada, pueden convivir, pero deben hacerlo en condiciones de igualdad”, ha remarcado.
La futura ley autonómica será “consensuada y dialogada”, con la participación del alumnado y profesorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). la nueva legislación determinará cuál es la relación de las instituciones universitarias con la Administración y cómo será la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Asimismo, la ley regional obligará a que las privadas cumplan estándares de calidad, así como que dediquen un porcentaje de gasto a investigación. “Se trata de un aspecto en el que nos encontramos en sintonía con el Gobierno de España, quien también se encuentra trabajando en el aumento de los requisitos para las universidades de nueva creación”.
A este respecto, la portavoz ha resaltado la voluntad del Gobierno de García-Page por posicionar la universidad regional como agente investigador de vanguardia para contribuir al desarrollo de la comunidad autónoma y que “el talento de las aulas castellanomanchegas se quede en esta tierra, así como atraer el de otros lugares”.