Acorraladas por una financiación que no da ni para las nóminas y por la eclosión de los campus privados, que se multiplican en la región, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid levantan la voz. “La financiación que recibimos de la comunidad no cubre ni los gastos de personal. Tenemos una obsolescencia en todas las infraestructuras, estamos anticuados”.
Lo han hecho este miércoles los rectores de los seis centros públicos madrileños en un desayuno informativo organizado por la Universidad de Alcalá en el que se ha abordado el papel de los centros en la sociedad. Se ha hablado de impacto económico y social, de meritocracia, de investigación, de alumnado y grados. Y sobre todo de financiación. De la falta de financiación, más concretamente, en lo que parecía un intento de presionar al Gobierno regional públicamente.
Aunque el que ha puesto las palabras ha sido Ángel Arias, rector de la Universidad Carlos III, lo hacía en representación de los seis dirigentes, que se han visto en público por primera vez en 20 años.
“La crisis de 2010 tuvo un gran impacto del que aún no nos hemos recuperado”, ha empezado Arias. “Tenemos un 15% menos de financiación que en 2010, con carácter general en todas las comunidades autónomas. Ha tenido unas consecuencias dramáticas. Tenemos una precariedad del 49%, un envejecimiento del personal (55 años de media los profesores titulares, 59 los catedráticos). Además, en la próxima década se jubila el 30% de las plantillas”, ha resumido el panorama.
Los rectores piden cambios en la financiación basal para el funcionamiento diario, en la singular para acometer cuestiones como el mantenimiento de los campus –hay alguno patrimonio de la humanidad, como el de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH)– y que se implemente una por objetivos. “La financiación que recibimos de la Comunidad de Madrid no cubre los gastos de personal. Tenemos una obsolescencia en todas las infraestructuras. Necesitamos invertir en medios, estamos anticuados. La situación específica madrileña es preocupante: estamos financiando gastos estructurales con ingresos extraordinarios, con el dinero de las sentencias” (que las universidades le ganaron judicialmente hace años a la Comunidad de Madrid), ha explicado Arias.
La rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, ha ilustrado cómo les afecta la falta de financiación: “El 80% de los ingresos generales va a pagar el capítulo 1 (personal). El 15% lo empleamos en abrir los edificios, en poner la calefacción. Nos queda un 5% (de 200 y pico millones de euros) para todo lo demás. Esto significa que con un crecimiento vegetativo del capítulo 1 ya no puedo reponer las jubilaciones, ahí ya estoy recortando. Por supuesto, no hay capacidad de crecimiento o expansión, de pensar en nuevos proyectos de titulaciones, en centros de investigación, etc. Esto para mí serían los dos factores principales. Estamos en un momento en el que la dificultad es mantenernos, no ya mejorar. Estamos en riesgo”.
Los rectores piden al Ejecutivo regional un marco de financiación plurianual, basado también en objetivos, que les permita tener una previsibilidad de ingresos. “Ahora en diciembre no sabemos el presupuesto que vamos a tener el año siguiente”, han explicado.
Justo ahora las universidades negocian con el Gobierno regional una futura ley de universidades, y han aprovechado el acto para pedirle al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que se alcance “un acuerdo de financiación”. Para ello, han pedido, “es necesario que Madrid tenga una estrategia de qué quiere de sus universidades públicas, y en estos momentos no la hay”.
La que menos invierte
La protesta de los rectores viene de años atrás, no ha empezado con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y tiene la estadística de su parte. El informe anual de la Fundación CyD sobre el estado de la Universidad en España sostiene que Madrid está entre las comunidades autónomas que peor financia a las universidades y a la vez de las que más exige (económicamente) a su estudiantado.
“En el lado de los ingresos, Galicia, Asturias y Cantabria fueron las que más disminuyeron (por encima del 25%) la recaudación por el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos [desde 2009], frente al aumento superior al 15% de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana”. Como contrapunto a este dato, continúa la Fundación CyD, “las transferencias corrientes de 2021 eran inferiores a las de 2009 en Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia”. Dicho de otra manera, en lo referente a la Comunidad de Madrid: ha aumentado los ingresos a costa de, entre otros, cobrar más al alumnado por los estudios, mientras el Gobierno regional da menos dinero a las universidades que en 2009.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, Madrid es la región que menos dinero por estudiante invierte en la etapa universitaria (6.005 euros por alumno y año, frente a los 9.955 de Euskadi, la que más gasta).
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, explicaba en una entrevista reciente con este medio la situación de la universidades públicas de la región y específicamente de la más grande de España, que él dirige. “Las universidades madrileñas están no ahogadas, ahogadísimas. Estamos haciendo de los problemas virtud. ¿Tenemos dinero? No. ¿Necesitamos más? Sí. La Comunidad de Madrid no cubre más que el 80% de las nóminas de las universidades. Nosotros tenemos que pagar lo que nos falta con las matrículas del estudiantado y otras muchas cosas, un dinero que tendría que ir a pagar becas a estudiantes, a hacer proyectos formativos... Pertenecemos a la Comunidad de Madrid, que cubran las nóminas es lo mínimo. Este es un déficit que llevamos decenas de años sufriendo”, relataba.
La subida del coste de la energía en los últimos años tampoco ha ayudado con las cuentas.
Los rectores esgrimen también como argumento el impacto que las universidades tienen en su entorno, tanto económico como social. Un impacto del que, según el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, la sociedad no es consciente. Quizá por eso le intentó poner cifras: “La UAH es el mayor empleador del corredor del Henares (donde se ubica)”, arrancó. “Durante 2019 la UAH generó un valor económico directo de 113 millones de euros (salarios, impuestos, contribuciones, etc.). Solo en proveedores se gastaron 35 millones de euros. El valor social de la actividad universitaria se estima en torno a los 150 millones de euros”.
Y remató, por si necesitaba justificarlo: “Es una cantidad muy superior a lo que la universidad recibe del erario público y además cada euro que se invierte en Universidad repercute cinco euros en la sociedad”, cerró su intervención. “Una sociedad que no invierte en su universidad está renunciando a su futuro”.
El trasvase a lo privado
La política universitaria madrileña tampoco está ayudando a los campus públicos. La comunidad es de largo la región con más centros privados, que ya más que duplican a los públicos (13 a 6, más varias sedes de universidades de fuera de Madrid o España), una eclosión que se ha dado sobre todo en la última década. En consonancia ha evolucionado el alumnado, con un trasvase de unos centros a otros: en 2015 los campus públicos de Madrid acogían al 79% de los estudiantes; en 2023 había bajado al 70%, según datos del Ministerio de Universidades.
Se está creando una burbuja de universidades privadas en España y particularmente grave en la Comunidad de Madrid, que va a estallar. Y arrastrará a las públicas
Los rectores han disentido sobre el impacto que este aumento de los centros privados tiene sobre ellos, sobre si compiten por el alumnado o no, pero han estado de acuerdo en una cuestión: sí compiten por ciertos recursos públicos (por ejemplo, las plazas para que el alumnado de grados sanitarios haga sus prácticas) y creen que el Gobierno regional debería ser más severo con lo que considera una universidad privada.
Lo ha expresado Goyache: “El mapa universitario madrileño global es disparatado. Esto es una opinión muy personal, pero se está creando una burbuja de universidades privadas en España y particularmente grave en la Comunidad de Madrid, que va a estallar. Y arrastrará a las públicas. Hay que crecer, estoy absolutamente a favor de las universidades privadas, pero que sean de calidad, apuesten por la investigación y la transferencia. Y eso lamentablemente no ocurre aquí”.
La adaptación de la nueva ley de Universidades (LOSU) también está siendo un quebradero de cabeza para los gestores universitarios. La norma impone la estabilización de buena parte del profesorado temporal y más precario de los campus en dos años, lo que obliga a los rectorados a convocar muchas plazas nuevas que no tenían previstas (ni, por extensión, presupuestadas). El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, consciente de que pone a los rectores en un brete, se ha ofrecido para sufragar buena parte de esas contrataciones pese a que le corresponden, por competencias, a las comunidades autónomas.
Pero el plan no estará completo si los Gobiernos regionales no aportan su granito de arena: deben financiar entre todos otras 800 plazas, idea que no ha caído muy bien en todas las autonomías. Argumentan algunos Ejecutivos que el plan del Gobierno tiene una trampa: Moncloa financia la creación de las plazas y la duración de esos contratos (seis años), pero luego serán las comunidades quienes tendrán que asumirlos. También entra en juego la política en esta situación: el rechazo viene de las comunidades del PP. El Gobierno ya ha explicado que sin corresponsabilidad de las administraciones no habrá trato. Si las comunidades no pagan su parte, Universidades tampoco pondrá la suya.