El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado este lunes el recurso interpuesto en el año 2017 por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la reforma tarifaria del anterior Gobierno central del PP por el uso del canal y que los obliga a pagar una cantidad fija de dinero, 12 millones de euros al año, se trasvase o no agua.
Un recurso que se hizo por la vía de lo contencioso-administrativo y que pretendía paralizar lo que los regantes del trasvase Tajo-Segura ven como un incremento de la tarifa del agua que “castigaba las economías de los agricultores del sureste español”. Ahora, el Sindicato de Regantes estudia cómo recurrir esa sentencia del Supremo conocida este lunes y no descarta recurrir a la política.
Sobre este tema, la titular de Fomento, Agustina García, ha asegurado que el Tribunal Supremo “da la razón al sentido común, porque la propia fórmula está ahí, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, y lo único que estamos diciendo es que no queremos que se pague más por el agua, no queremos que se lleven el agua, pero si se llevan el agua que se pague al precio que está marcado en la propia ley”.
Igualmente, García Élez ha definido como “positiva” esta decisión tomada por el Supremo, “desde el punto de vista de Castilla-La Mancha y también a nivel nacional, porque se está aplicando lo que las propias normas dicen”.
El Tribunal Supremo ha establecido claramente que “no es tan sólo el aprovechamiento efectivo del agua lo que genera el devengo de la tarifa, sino también la disponibilidad de la infraestructura, obviamente en tanto que destinada al trasvase de aguas”.