En la maratoniana jornada de declaraciones del lunes en la Audiencia Nacional en referencia al contrato de basuras de Toledo que fue concedido supuestamente a una empresa a cambio de que esta diera 200.000 euros al PP para financiar la campaña electoral de Cospedal, comparecieron ante el juez Pablo Ruz en primer lugar el imputado José Manuel Molina (alcalde en esa época), después Emiliano García- Page en calidad de testigo (por ser el alcalde posterior) y el diputado nacional Sebastián González también como testigo (era el secretario de organización del partido en esos años).
La gran declaración del día ha sido la del imputado José Manuel Molina. Con él se ha tomado más tiempo el juez pidiéndole los detalles que ya detalló en su auto previo; no obstante, Molina ha dedicado su testificación a negar todas las acusaciones y toda la trama, afirmando que nunca se ha llevado un dinero que no se suyo (tampoco es de lo que se le acusa). Ha sido preguntado sobre por qué modificó el contrato de basuras la misma semana de las elecciones que perdió el PP en la ciudad para añadir un pago mucho mayor a la empresa que habría pagado el dinero para la campaña electoral así como por la organización interna del PP.
Pablo Ruz ha pedido al PP su ordenamiento interno por su necesitase imputar o llamar a más cargos del partido regionales. Todas las fuentes judiciales del caso señalan que si el juez estudia llamar a alguien (ya fuese imputado o testigo), los únicos posibles (y ya señalados en el anterior auto) son María Dolores de Cospedal y Vicente Tirado.
La declaración de Page y de González fue mucho menos agresiva que la del imputado y se centró en conocer los detalles que conocían ambos de esta trama. Principalmente a García-Page se le preguntó el por qué ratifico ese contrato de basuras una vez él ya había llegado al poder y que había sido aprobado con un sobrecoste de 88 millones de euros, que había sido la modificación hecha por Molina la última semana de abandonar su cargo. Page declaró que lo hizo para que el proceso “no costara más dinero a los toledanos” y para “evitar más gasto”, ya que el anterior alcalde le había dejado el compromiso firmado de ese contrato.
González fue el más preguntado por Cospedal de la tarde. En el caso ya se sabe presuntamente quién da ese dinero (la empresa Sufi, filial de Sacyr, cuya cúpula está imputada), por qué lo hace (a cambio de que el Ayuntamiento de Toledo le dé el contrato de basuras municipal de 88 millones de euros de las arcas públicas), quién intermedia para que llegue el dinero (Luis Bárcenas), quién firma el 'recibí' del mismo (José Ángel Cañas, gerente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, imputado además con prueba caligráfica que así demuestra su firma), a dónde fue a parar el dinero (a la campaña electoral de Cospedal de 2007) pero falta saber quién lo organizó y quién recibió físicamente ese dinero para gastarlo en la campaña. Sobre quién lo organizó, el juez habla de Cospedal desde el primer momento en el auto, que habría sido la que traslada a González su intención de “hacer algo con Toledo y con Molina”. Sobre quien recibió presuntamente el dinero en mano y lo destinó a la campaña, el auto señala o bien a Vicente Tirado, actual presidente de las Cortes y secretario regional del partido, o bien a la propia María Dolores de Cospedal.
Son los huecos en blanco que tiene que disipar el juez Ruz una vez escuchados los testimonios. Con el ordenamiento interno del PP y sus normativas internas, Ruz puede llamar a declarar a los aforados del partido. Sólo hay dos: Tirado y Cospedal.