Tras casi tres semanas desde que entrara en vigor la nueva contrata y con algunas incidencias en la falta de cuadrantes y de operativos en servicio, los vigilantes de seguridad del Gobierno de Castilla-La Mancha están ahora expectantes por el cobro de la primera nómina con la nueva empresa mientras mantienen las movilizaciones. Aunque hasta ahora las han llevado a cabo todos los jueves ante las Cortes regionales y ante la sede del Gobierno autonómico, esta semana la concentración será el viernes, día 19 de mayo, ante la Consejería de Administraciones Públicas. Mientras, este jueves se celebra un debate general en el Parlamento sobre su situación. En concreto, se trata de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que previsiblemente derivará en una propuesta para instar a la resolución del conflicto.
El pasado 1 de mayo, Día Internacional de Trabajo, los vigilantes de seguridad de la Junta de Castilla-La Mancha se convirtieron en protagonistas de la manifestación de los sindicatos en Toledo, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva contrata, contra la que se están movilizando desde hace semanas ante el temor de que no cumpla con las condiciones laborales de la anterior adjudicataria.
Concretamente, el nuevo pliego de condiciones afecta un total de 130 trabajadores de la comunidad autónoma e incorpora un sueldo de 690 euros mensuales, por debajo de los 1.000 euros y del Salario Mínimo Interprofesional, según han precisado fuentes sindicales a eldiarioclm.es.
Protestas hasta la garantía de sus derechos
El próximo viernes los trabajadores regresan a sus protestas con la intención de mantenerlas hasta que obtengan garantía de permanencia de sus derechos laborales y sus salarios. Hasta el momento, los vigilantes no han obtenido de la empresa ningún compromiso y durante los primeros días ha habido cierto caos, como falta de cuadrantes y de operativos de servicio. Ahora, la mayor “expectación” de estos trabajadores es el cobro de la nómina de mayo, que previsiblemente estará por debajo de su salario anterior.
La Junta, por su parte, mantiene su compromiso de velar por el cumplimento del pliego de condiciones y de actuar si no se cumple el convenio estatal del colectivo de vigilantes de seguridad. Pero los sindicatos siguen pidiendo que se incluya una cláusula en el pliego garantizando que se mantienen las condiciones laborales, a lo que hasta ahora se ha negado la compañía.
Además, los trabajadores también están convencidos de que a medio plazo también se producirán incumplimientos de carácter operativo, y que se reflejarán en equipamientos y materiales que necesitan para desempeñar su labor. Estas y otras cuestiones serán las que se verán en el debate parlamentario planteado por el PP, con una propuesta de resolución final que instará a la Junta a resolver este problema.
A la polémica se ha añadido también el sindicato CCOO denunciando que el Ministerio de Defensa de María Dolores de Cospedal ha adjudicado el servicio de vigilancia y seguridad del Museo del Ejército de Toledo a Marsegur S.A., una compañía del mismo entorno empresarial que Sinergias Seguridad, empresa que -en UTE con Cyrasa Seguridad- es la que tiene la contrata del servicio de seguridad de las sedes de la Junta de Castilla-La Mancha en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. Se trata de las mismas que “mantienen en vilo” a los 130 vigilantes afectados.
“Aprovechando que así se lo permite la Reforma Laboral del PP, tanto Marsegur como Sinergias Seguridad tienen su propio convenio de empresa, muy por debajo del convenio estatal del sector tanto en salarios como en condiciones laborales”, lo que permitió a ambas empresas presentar “las ofertas económicas más ventajosas” en los concursos convocados por el Ministerio de Defensa y por la Junta.
“Nada más llegar Cospedal al Ministerio de Defensa, el Museo del Ejército dejó en la calle a 30 conserjes por no incluir la subrogación en la nueva adjudicación del contrato”, recuerda Carlos García Montoya, responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción y Servicios de Castilla-La Mancha. Añade que la ministra, también expresidenta de Castilla-La Mancha, convierte con ello al Museo del Ejército “en el Museo de los Horrores Laborales y de la Explotación de los Trabajadores de España”.