Los vigilantes de seguridad de la Junta finalmente se han movilizado esta semana después de que la vicesecretaria y portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre dejara claro en el mes de febrero que el Gobierno regional no permitiría que hubiera “convenios a la baja”. Una promesa que, según los trabajadores, no se ha cumplido.
En ese mismo mes fue cuando se convocaron las primeras concentraciones que se suspendieron a la espera de la elaboración, por parte de sindicatos y Gobierno regional, un texto conjunto que intentase satisfacer las garantías que persiguen los trabajadores y salvar el pliego de condicione de trabajo.
Según los sindicatos CCOO, UGT y USO, la Consejería de Hacienda, “amenazada con acciones judiciales por la empresa”, definitivamente no ha incluido en el contrato la cláusula acordada hace dos meses con los representantes de los trabajadores para garantizar “que las retribuciones y condiciones laborales que se aplicarán al personal adscrito a la ejecución del contrato”, que se iniciará el 1 de mayo, se harán conforme al convenio colectivo estatal de empresas de seguridad.
Salarios un 40% más bajos
La empresa a la que finalmente se le ha entregado la contrata es la misma que los trabajadores temían hace unos meses. Sinergias Seguridad, según los sindicatos, aprovechó la Reforma Laboral del PP para descolgarse del convenio colectivo estatal. De esta manera, la empresa tiene un convenio colectivo propio y muy por debajo del nacional del sector, lo que tiene como consecuencia unos salarios un 40% más bajos que las demás empresas del sector, una jornada mensual de 183 horas en lugar de las 162 horas que tienen las empresas de la competencia que sí aplican dicho convenio. Y estas bajas condiciones son las que tienen alarmados a los 130 trabajadores de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
Desde CCOO, UGT y USO señalan que si aplican el convenio de Sinergias, “trabajaremos más horas y pasaremos de cobrar 15.000 euros anuales a 9.000 euros”, es decir, pasarían de un salario de 1.200 euros a 700 euros al mes. “Y nada nos garantiza que no vaya a ser así”, subrayan. Así, los trabajadores se muestran “preocupados” porque “todos tenemos hijos y que me digan si alguien con 700 euros al mes puede vivir”. Además, aseguran haberse sentido engañados por la Junta después de varios meses de negociación y de que Sinergias se comprometiera a aplicarlos el convenio estatal. De esta manera según los sindicatos “la Junta nos deja en la estacada porque está amenazada por la empresa con denunciarles por prevaricación si les obligan a garantizarnos nuestros salarios, nuestras jornadas y todos los puestos de trabajo”.
Valoración de la Junta
Desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, responsable del servicio de vigilantes señalan que la administración ha actuado con sujeción estricta a la legalidad en materia de contratación. El consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha expresado que confía en que la empresa adjudicataria aplicaque el convenio sectorial de seguridad ya que “el concurso se sacó a licitación por el importe para que a los trabajadores les fueran abonadas las retribuciones que están contempladas en el convenio sectorial”.
De este modo, Ruiz Molina ha recalcado “con toda rotundidad” que si la empresa adjudicataria no cumple “desde el primer minuto” o que los trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o condiciones laborales, “instaremos a la resolución del contrato”, afirma el consejero.
En este sentido, añade, que para ello tienen que producirse dos hechos: que entre en vigor el contrato que será el 1 de mayo y constatar que verdaderamente no cumple con el convenio sectorial. Y por último ha querido recordar que la posibilidad de que las empresa aplique su convenio y no el sectorial “es consecuencia de la Reforma Laboral del PP”.
Ruiz Molina sostiene que el conflicto “no es con la Administración regional y esperemos que no se produzca entre los trabajadores y la empresa adjudicataria”. Algo que los trabajadores no comparten por que esta semana se han concentrado a las puertas del Palacio de Fuensalida y de las Cortes regionales para denunciar que “la Consejería de Hacienda ha incumplido su compromiso y nos ha puesto a los pies de los caballos”.