No se consiguió el objetivo de poner de acuerdo a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla -PSOE-PP y Podemos- para exigir al Gobierno central algunas medidas que mejoren las posibilidades sociales y económicas de la región con respecto al agua.
PSOE y Podemos se mostraron de acuerdo en pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que ponga en marcha “una verdadera política de Estado en materia de agua que tenga en cuenta a todas las Comunidades Autónomas” o que afronte “con determinación” la actual situación de sequía en todo el país, incluyendo también a Castilla-La Mancha“, entre otras cosas, aprobando un Real Decreto de Sequía para la cuenca alta del Guadiana o mediante la creación de una Mesa Nacional del Agua donde se aborden los problemas de sobreexplotación de los embalses de la cabecera del Tajo.
Junto a eso han pedido que se garantice por igual el desarrollo económico de todas las cuencas hidrográficas y el acceso al agua de los jóvenes que se quieran incorporar a la agricultura y a la ganadería, a través de una gestión “sostenible” de ríos y otros recursos hídricos.
El PP ha optado por ponerse de perfil en este asunto y se ha abstenido tras no aceptar el PSOE otra propuesta de resolución alternativa que exigía al Gobierno castellano-manchego ejecutar en su totalidad el presupuesto destinado a la mejora de los sistemas de regadío así como reprobar al Gobierno regional por no haberlo hecho en 2016. El PP cree que esta actitud “deslegitima” a Castilla-La Mancha para pedir más agua “cuando somos incapaces de invertir los fondos existentes para mejorar y ampliar los sistemas de regadíos”.
“Somos la segunda con más hectáreas de regadío localizado, respondía el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo. ”Hemos hecho un gran esfuerzo para transformar los métodos de riego“. Hoy 273.000 hectáreas se riegan, ha explicado, ”de forma localizada ahorrando agua y generando más riqueza“ y ya recordado que su departamento destinará más de 31 millones de euros a las 168 comunidades de regantes de la región para que incidan en mejorar sus sistemas de riego.
El PP quiere que sea la Junta quien ponga dinero para paliar la sequía
El Congreso convalidó la pasada semana decretos de sequía para la cuenca de Duero y para la parte de las cuencas del Júcar y de Segura que se encuentran en territorio murciano, excluyendo a la que se sitúa en Castilla-La Mancha (por la región discurre un 25% de la cuenca del Segura y un 75% de la cuenca del Júcar). Unos decretos que dejaron fuera tanto a la cuenca del Guadiana como a la del Tajo.
Hoy el PP le ha pedido al Gobierno regional que sea la Junta y no el Gobierno de Mariano Rajoy quien ponga 50 millones de euros destinados a paliar la situación de sequía en las partes de las cuencas hidrográficas del Tajo y Guadiana correspondientes al territorio de Castilla-La Mancha. Algo que, le ha recordado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, es competencia del Gobierno de Rajoy, como también lo es la gestión de las cuencas de los ríos.
El diputado popular que ha ejercido de portavoz en este asunto, Francisco Cañizares, ha llegado a asegurar que con el decreto aprobado por el Gobierno central “no se acaba la sequía” y que “las inversiones se puede hacer con decreto o sin decreto. No engañemos a la gente, no contemos milongas, no va a ser la panacea”.
Hay que recordar que los decretos permitirán a las otras regiones beneficiarias -porque Castilla-La Mancha queda fuera- acogerse a medidas para paliar las pérdidas en agricultura por la sequía. “Al parecer para el gobierno central solo existe sequía alrededor de Castilla-La Mancha”, ironizaba la diputada socialista Carmen Torralba.
Entre esas medidas, destacan las exenciones en las tasas de riego por valor de 53,8 millones de euros además de permitir a los productores una moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social. También, recordaba el diputado de Podemos, David Llorente, “una flexibilización de los contratos de derechos de agua entre concesionarios de una misma cuenca”. Algo que, en su opinión, “refuerza la tendencia de desregulación de mercados del agua” y “agudiza la concentración de derechos en manos de aguatenientes. Es de facto una forma de trasvase social regresivo hacia una minoría privilegiada”, denunciaba.
El PP habla del pasado; Podemos y PSOE se centran en el presente del cambio climático
El PP ha centrado más su argumento en lo que ocurría hace más de 20 años para no apoyar lo que pretendía ser una petición unánime de Castilla-La Mancha al Ministerio del ramo. Cañizares ha dicho que si Castilla-La Mancha ha quedado excluida de las medidas para paliar la sequía se debe a lo que aprobó la actual presidenta del PSOE nacional, Cristina Narbona, en el año 2007. Ha llegado, incluso, a remontarse a 1995 para recordar que, bajo el Gobierno de Felipe González se aprobó un trasvase de 55 hm3 cuando la cabecera del Tajo contaba con tan solo 236 hm3. “Ese año fue horroroso”, decía, porque Entrepeñas y Buendía llegaron a quedarse tan solo con 130 hm3.
“Se ha ido usted al siglo pasado”, le decía Torralba a Cañizares. “No buscamos enfrentamientos con territorios o partidos políticos. Buscamos un acuerdo unánime. Lo que apoyamos para otras cuencas en el Congreso lo queremos también para Castilla-La Mancha”, señaló la diputada socialista.
Y es que PSOE y Podemos prefirieron referirse a la problemática del presente e introducir un elemento del que no se hablaba en 1995: el cambio climático. “Es ya el cuarto año del ciclo de sequía. Tenemos que acostumbrarnos porque parece que se va a reproducir más habitualmente y hay que hacerlo bien”, ha dicho Martínez Arroyo.
Podemos ha defendido la necesidad de “medidas estructurales de medio y largo plazo” y aunque tanto PSOE como PP y Podemos defienden la necesidad de un Pacto de Estado de Agua, el ‘popular’ Francisco Cañizares afeaba a los socialistas que en su discurso sobre el agua “la culpa la tengan siempre los demás”.
Cambiar el modelo agrario y la configuración del mercado agroalimentario
David Llorente, diputado de Podemos ha abogado por cambios en el modelo de agricultura y en la configuración del mercado agroalimentario. “La agricultura extensiva no es compatible con los recursos hídricos disponibles”, ha dicho, para criticar también el “oligopolio agroindustrial” cuya “posición de dominio fuerza a los agricultores a vender a precios cada vez más bajos y a extender los cultivos”. En su opinión, la solución pasa por “actuar sobre la cadena de distribución porque hay un conflicto social en el que hay que tomar parte”.
En este sentido, el consejero ha reconocido que existe una “descompensación en la cadena alimentaria” y ha recordado la iniciativa del Gobierno regional para potenciar la fusión de las cooperativas. En su caso, ha apostado por incrementar los regadíos frente al secano como modelo agrario. “Una hectárea de regadío genera cinco veces más empleo y cuatro veces más riqueza”.
El agua ha insistido “no es un problema sino una oportunidad” y ha lamentado que “no haya un movimiento general en Castilla-La Mancha de que es de pura justicia. Es lamentable. No hemos conseguido, entre todos, defender los intereses de todos. Estamos a tiempo” y ha vuelto a pedir al Gobierno central que cuente con las comunidades autónomas para tomar las decisiones. “Es de puro sentido común”.