La Cámara de Comercio de Valladolid no ha presentado aún el plan obligatorio de viabilidad para tratar de evitar su extinción, algo que contempla la ley después de varios ejercicios negativos y una deuda que supera los ocho millones de euros. El artículo 11 de la Ley de Cámaras de Castilla y León, que entró en vigor en enero de 2019, obliga a que cuando una cámara incurre en resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos debe ponerlo en conocimiento de la Administración y acompañar su informe de un plan de viabilidad que deberá ser aprobado posteriormente por el Pleno. Así se lo recordó a la Cámara el pasado mes de septiembre la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, administración tutelante de las Cámaras de la Comunidad.
Por ley, tanto el presupuesto de 2020 como el plan de viabilidad debía haberse remitido a la Junta el pasado 2 de noviembre. Sin embargo, tal y como precisan fuentes de la Dirección General de Comercio, la Cámara envió un escrito, fechado el 25 de octubre, en el que solicitaba una prórroga de dos meses para la presentación de sus presupuestos correspondientes al ejercicio 2020. Argumentaba que tiene asumidas unas “obligaciones financieras” que dificultan la confección de un presupuesto equilibrado, pero añadía que en el plazo de prórroga solicitado podría “conocer” posibles soluciones, lo que conduciría al equilibrio presupuestario en las cuentas de la entidad cameral. Las mismas fuentes no especificaron a eldiario.es a qué obligaciones financieras se refería la institución cameral aunque explicaron que la prórroga concedida finaliza el próximo 2 de enero. Eldiario.es ha intentado contactar con los responsables de la Cámara de Valladolid en varias ocasiones en los últimos meses, sin conseguir que respondiesen ni a correos ni a llamadas telefónicas.
Deuda con el Gobierno autonómico refinanciada a 42 años
Los problemas financieros de la Cámara, conocidos hasta el momento, los provoca fundamentalmente la Escuela de Cocina, un proyecto que se cerró en 2008 entre el Ayuntamiento de Valladolid, entonces gobernado por el PP de León de la Riva; la Consejería de Economía, en esa etapa en manos de Tomás Villanueva, imputado en dos casos de corrupción poco antes de fallecer inesperadamente; y la Cámara, que en ese momento presidía José Rolando Álvarez, al frente del Grupo Norte. Construida en terreno municipal, tuvo un coste de más de 5 millones de euros que debía pagar la Cámara en 180 cuotas hasta 2026. Sin embargo, la supresión de la cuota cameral en 2010, que aportaba a la Cámara más de tres millones de euros al año, empezó a lastrar la liquidez de la institución y apenas pudo pagar unos recibos de la millonaria deuda.
En 2016 Junta de Castilla y León, refinanció la deuda y se acordó un aplazamiento de la deuda vencida a 42 años con una carencia de 5. Durante toda la duración del aplazamiento se devengarían intereses a favor de la Agencia de Innovación y Financiación e Internacionalización empresarial de Castilla y León, empresa pública de la Junta dedicada a la adquisición de suelo industrial que, sorprendentemente, financió la Escuela de Cocina. La Cámara, para garantizar el pago total del capital y los intereses devengados, hipotecó el edificio destinado a Vivero de Empresas en Valladolid.
En enero de 2017 la Cámara y la Agencia de Innovación firmaron un nuevo acuerdo por el cual la deuda no vencida que no fue objeto de aplazamiento en la escritura de 29 de junio de 2016 se retrasaba en las mismas condiciones que el aplazamiento anterior. En la escritura se reconocía que la deuda de la Cámara ascendía a 3,6 millones y se acordó un aplazamiento de la deuda vencida a un plazo máximo de 39 años con un periodo de carencia de 4 años. Durante todo este periodo, la Cámara ha tenido que solicitar créditos bancarios e incluso reducir un 10% el sueldo de sus trabajadores, no el de sus directivos.
Pleito con la Junta de Castilla y León
Pero además, tal y como adelantó eldiario.es, la Cámara presentó una solicitud de informe al Consejo Consultivo a través de la Consejería de Economía y Hacienda “para que se dirimiera sobre la nulidad de pleno derecho sobre los contratos de la Escuela de Cocina”, una solicitud que, según informaba el presidente de la Cámara, Víctor Caramanzana, en un mail que remitió a empresarios, “fue rechazada de plano”. Por ello, la institución cameral decidió acudir a los tribunales, en este caso a los de Contencioso-Administrativo para tratar de que declaren la nulidad “de pleno derecho” del contrato que se firmó con una empresa pública que no tenía en su cometido financiar esa aventura empresarial, o bien lograr una dación en pago.
Tal y como ha podido saber este diario por fuentes judiciales, el recurso de la Cámara llegó al Contencioso, que requirió a la Junta de Castilla y León el expediente de la Escuela de Cocina. Posteriormente, se dio traslado a la Cámara para que formalizase la demanda, cosa que hizo hace una semana, y será la Junta quien tenga que contestar ahora a esa demanda. Lo que decida el tribunal no será antes del 2 de enero, ni mucho menos, ya que se trata de un procedimiento en una fase muy inicial. Ni siquiera aunque se hayan solicitado medidas cautelares como paralizar el pago de las cuotas, la decisión sería rápida. Desde la Junta de Castilla y León no se facilitó más información sobre los motivos de la Cámara para retrasar el presupuesto y el plan de viabilidad.
Este plan puede ser auditado externamente y debe recoger actuaciones destinadas a corregir el desequilibrio en un plazo que no puede ser superior a cuatro ejercicios contables. En el caso de que la inviabilidad económica no pudiese superarse en esos cuatro años, la Cámara de Comercio de Valladolid, con 133 años de historia, tendría que extinguirse, por ley.