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Los servicios sociales de Castilla y León denunciaron hace meses la desaparición de la niña de 14 años embarazada por segunda vez, pero nadie la buscó

Una menor de 14 años tutelada por la Junta de Castilla y León daba a luz por segunda vez el pasado 16 enero. La niña, con un parto de tan solo unas horas acabó desapareciendo del Hospital Río Hortega de Valladolid después de que la Policía, alertada por los médicos, comprobase que era menor y no adulta como dijo ser, y que su madre tenía una requisitoria de detención en vigor.

Mientras la madre era detenida, y los trabajadores sociales de la Junta se hacían cargo del bebé, la pequeña, supuestamente ayudada por alguien abandonaba el centro hospitalario. Poco después, A.C.B, el hombre de 27 años que dice ser su pareja y padre del bebé, y que tiene antecedentes policiales, se presentó en la sede de los Servicios Sociales para reclamar que le devolviesen a la recién nacida. Fue detenido poco después por un presunto delito de abuso sexual. El juez le dejó en libertad con cargos.

Tras el primer embarazo nadie detuvo al padre, un hombre de 27 años

Los antecedentes de la situación no pueden ser más desalentadores. La niña ya había tenido un parto anterior un año antes en el Hospital de Benavente (Zamora). También esa vez intentó ocultar su edad real haciéndose pasar por su hermana, pero no consiguió engañar a los médicos. Al menos desde entonces estaba tutelada por el Gobierno autonómico. Los trabajadores sociales la visitaban en su lugar de residencia, en León. El bebé que había tenido estaba con una familia de acogida. Se le registró con el apellido de ese mismo hombre que afirma ser el padre de su segundo hijo. Sin embargo, nunca se le detuvo ni se le imputó por un presunto delito de abusos, según informan fuentes de la Policía Nacional. El caso, al haberse producido el primer parto en Benavente, era competencia de la Guardia Civil.

Familia insiste en localizar a la niña para que tenga un seguimiento médico pero no hay orden de búsqueda

Los servicios sociales visitaron regularmente a la menor hasta que desapareció. Aunque se comunicó la situación a la Fiscalía de Menores de León no se puso en marcha ningún dispositivo para localizar a una niña presuntamente abusada y además tutelada. Eso asegura la Policía a eldiario.es. Tanto es así que cuando en el segundo parto los médicos del Hospital Río Hortega de Valladolid avisaron al Grupo de Menores de la Policía porque dudaban de su edad, los agentes que comprobaron sus datos vieron que tenía 14 años, pero no 'saltó' ninguna alerta de que la menor estuviese desaparecida. Así fue como la niña, al ser detenida su madre y verse sola en el hospital, salió de allí sin que nadie la detuviese.

Mientras desde la Consejería de Familia se insiste en la importancia de localizar a una niña que requiere atención médica tras un parto, la Policía asegura que no tiene ninguna orden en ese sentido. La pequeña forma parte de una familia itinerante y desestructurada y el sistema no ha podido protegerla de un segundo abuso que ha derivado en otro embarazo.

La situación desespera a los Servicios Sociales, que tienen un amplio expediente de la niña, pero que no ha podido hacer el seguimiento completo por la movilidad de la familia y la falta de respuesta judicial para proteger a la víctima. De la segunda desaparición han dado parte tanto al juzgado que instruye el caso como a la Fiscalía de Menores.

“Los protocolos de la Junta funcionaron bien”

El consejero de Presidencia de Castilla y León, Ángel Ibáñez, ha eludido este jueves la responsabilidad de la Junta y ha defendido la actuación de los protocolos. Además, sin entrar en detalles, ha definido el caso como “especial”.

“Los protocolos de protección funcionan muy bien”, ha afirmado. Sobre cómo se pudo dar el segundo embarazo, Ibáñez respondió que la niña “goza de la libertad que le da la Constitución y sobre la que no se puede imponer ningún tipo de actuación coercitiva ni limitativa”. Ibáñez ha obviado que en los menores de 16 años no existe el consentimiento sexual por lo que la niña en ningún caso podría haber actuado libremente en lo que la ley considera abuso sexual. “Es un caso especial, la Junta ha hecho hasta donde tenía que hacer de acuerdo con los protocolos”, zanjó.