Castilla y León no aprueba nuevas medidas pese al incremento de la incidencia y la presión hospitalaria. La situación es “preocupante”, con una incidencia acumulada de 808 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 224 pacientes hospitalizados en planta y 39 en UCI. El Consejo de Gobierno de este jueves ha sido “largo e intenso” y no ha habido un consenso suficiente para pedir un toque de queda por municipios de 1 a 6 de la mañana ni bajar a nivel 2, las dos posibilidades que había barajado el martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado.
Las decisiones quedan aplazadas al próximo Consejo de Gobierno, que deberá convocar el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien “comparte la preocupación” del vicepresidente, según Igea. Las medidas que se han estudiado este jueves -“las deliberaciones son secretas”- eran de “dudosa eficacia” o no recomendadas jurídicamente.
El informe de los servicios jurídicos, como avanzó el miércoles Mañueco, desaconseja “vivamente” proponer el toque de queda tras los antecedentes y la posibilidad de ir “contra las sentencias ya conocidas”, lo que podría derivar en prevaricación. Igea ha reprochado que la situación jurídica en España es “completamente insostenible” debido a la “inacción” de los poderes legislativo y ejecutivo que deriva en “inseguridad jurídica” para las autonomías.
Lo único que ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno es crear un grupo de trabajo en el que estará el consejero de Fomento y la de Sanidad, con sus equipos. Este grupo analizará qué propuestas puede tomar la Junta de Castilla y León y que sean “eficaces”. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. El grupo de trabajo se va a reunir este jueves, aunque Igea no ha concretado qué medidas se van a estudiar. “Hay cosas que sí que podemos hacer, pero tenemos que decidir si son eficaces o no. No tenemos interés en perjudicar a nadie”, ha apuntado Igea.
El vicepresidente no ha querido avanzar algunas posibles medidas que se acordarán en el próximo Consejo de Gobierno, aunque sí ha descartado una estrategia similar a la gallega, que pedirá PCR o certificados de vacunación para acceder al ocio nocturno. Igea ve “un poquito irracional” sobrecargar las pruebas de detección de coronavirus “para tomarse unas copas”. “Me iba a costar mucho explicarlo porque la Atención Primaria está muy sobrecargada y sobresaturada. No nos lo planteamos”, ha agregado.
Igea ha defendido que todavía no han pasado 14 días desde que se tomaron las restricciones al ocio nocturno de la semana pasada, cuando se redujo el aforo a un tercio, se adelantó el cierre a las dos de la mañana y se prohibió el consumo en barra. “Sería falto de respeto para nuestros profesionales que no estamos haciendo nada. Vamos a seguir tomando medidas cuando tengamos una propuesta y un acuerdo suficiente”, ha garantizado el portavoz del gobierno autonómico.