El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Súarez- Quiñones, ha comparecido este miércoles en comisión a petición propia para dar explicaciones sobre el 'caso todoterrenos'. El juzgado de Instrucción número 1 investiga la presunta venta fraudulenta de vehículos de los servicios de Medio Ambiente, que iban a ser sustituidos por otros nuevos, muy por debajo del precio de mercado y en algún caso como chatarra a pesar de que siguieron circulando. Según ha señalado Suárez-Quiñones, las ventas se produjeron escalonadamente entre 2015 y 2019 y afectó a todoterrenos “de más de 18 años de antigüedad y kilometrajes incluso superiores a 400.000 mil kilómetros”.
La venta de estos coches se realizó por cada servicio territorial. En este sentido, hay un decreto de 2012 que desconcentraba en las Delegaciones Territoriales la enajenación de los bienes muebles de la Consejería -en este caso los todoterreno- adscritos al respectivo ámbito territorial.
En una prolija y detallada intervención, Suárez-Quiñones ha explicado que se enajenaron un total de 664 vehículos, 78 en Ávila, en tres lotes; 136 en Burgos, en 5 lotes; 90 en León ,en 4 lotes; 37 en Palencia, en 2 lotes; 46 en Salamanca, en 2 lotes; 66 en Segovia, en 2 lotes; 98 en Soria, en 6 lotes, 64 en Valladolid, en 3 lotes, y 49 en Zamora, en 3 lotes. La enajenación se produjo a través de la tramitación de 30 expedientes administrativos y su importe total fue de 699.297,84 euros. Según el juez que instruye el caso, los precios de venta fueron muy inferiores a los de mercado, y el fraude podría alcanzar los 3 millones de euros.
El consejero ha precisado que el artículo 128.1 de la Ley de Patrimonio permite la enajenación de forma individualizada o por lotes, y que cada Servicio Territorial dispuso que fuese “de forma acompasada” a la entrega los nuevos vehículos que se produjeron entre 2017 y 2018 para mantener el servicio.
Se produjeron dos adjudicaciones directas de 5 coches en Soria a entidades sin ánimo de lucro. En 2015, se adjudicaron dos coches al Club Land Rover por 3.200 euros, una valoración realizada por la Consejería de Hacienda, y en 2018 se adjudicaron tres a los ayuntamientos de Duruelo de la Sierra, Tardelcuende y Molinos de Duero por un total de 7.170 euros.
“Hubiese procedido la venta directa”
El resto se enajenó a través de 26 procedimientos abiertos a la concurrencia de empresas para la venta de 659 vehículos. Se invitó a 193 mercantiles y se admitió además la presentación de ofertas por empresas no invitadas. Se materializaron un total de 131 ofertas. Según Suárez-Quiñones “en todos los casos” hubiese procedido la venta directa estricta a un comprador concreto, a elección de la Delegación Territorial. “Concurrían los requisitos legalmente previstos para ello: vehículos obsoletos”, con un valor 25% inferior al precio de compra, o que no superasen el valor de 30.000 euros establecidos en la Ley de Patrimonio.
Se optó por la enajenación directa “para mayor garantía obtención del mejor precio para las arcas públicas”. El estado deterioro de los vehículos, “extremadamente variable” justificó que en determinados casos, algunos Servicios Territoriales optaran claramente por invitar a la enajenación únicamente a empresas especializadas en desguace. En otros casos se entendió “que nada impedía que las empresas pudieran optar a dar otro destino a los vehículos, incluida su reparación y posterior venta a terceros o el que fuese, dado que ya no eran aptos para acometer con seguridad debida tareas de campo, pero no es óbice para que otras personas o entidades los puedan usar para otros fines, por lo que se consideró que podía obtenerse un mejor precio si no se especificaba un destino concreto para el lote”.
El consejero ha pedido “medir hacia donde se apunta” y ha subrayado en su plena confianza en el “personal público” que trabaja en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
El líder de Podemos, y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha preguntado por qué si todo es legal, la Guardia Civil entró a la Consejería de Fomento para recabar la información. Suárez-Quiñones, ha respondido que esa es una pregunta para el juez o para la Guardia Civil. “A ustedes les puede la ansiedad”, ha criticado. “Si la Guardia Civil viene a buscar correos a la Consejería , bienvenido sea”, ha afirmado. “El juez hablará en forma de providencia, auto y sentencia”, ha insistido mientras pedía prudencia y respeto a la Justicia y al trabajo de los funcionarios.
En cuanto a las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, el consejero ha comentado que no puede estar “hasta las seis de la mañana hablando de coche por coche” y ha asumido algunos errores en los datos que dio la pasada semana en el Pleno de las Cortes. “Me gustaría ser más perfecto, pero no lo soy”, ha dicho. Además, ha enumerado la antigüedad de todos los vehículos desde los 40 años hasta los ocho, con una media de “17,66 años de antigüedad”. Los criterios de enajenación directa, ha dicho, van desde una tasación inferior al 25% de su valor de compra, a “un cuadrito” donde aparece la depreciación que tienen los vehículos a partir de los ocho años, y que es de un 24% de su valor inicial.
El consejero también ha defendido al sector de compraventa de vehículos, ha asegurado que no tiene a ningún familiar en el mismo y ha dado numerosos datos del precio de adjudicación de algunos lotes y la media del precio por vehículo, que osciló entre los 200, 600, 800 y 2.000 euros. Los lotes, alcanzaron el algunos casos precios de venta superiores a los 50.000 euros.
El momento más tenso de la comisión lo ha provocado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, cuando en su intervención se ha referido a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “con esa persona con la que no se iba a reunir, el señor Torra”, lo que ha provocado las protestas airadas del Grupo Socialista y el Grupo Mixto y una llamada al orden del presidente de la comisión.
“Los hechos están perfectamente claros, lo ha explicado usted a la perfección”, ha dicho Gavilanes. En este segundo turno ha vuelto a desatar la indignación del PSOE cuando ha afirmado que “la Guardia Civil ha entrado en la Consejería de Fomento, pero en otras ocasiones entra en los grupos de la oposición y ya no sale”. Esta manifestación ha sido retirada.
El portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, ha insistido varias veces en la entrada de la Guardia Civil en la Consejería, ha preguntado al consejero si no le había preocupado y ha querido saber si, en el caso de que el caso concluya negativamente para la Consejería, estaría dispuesto a asumir la responsabilidad.
“No estoy dispuesto a asumir ninguna responsabilidad política, hoy, dejemos que pase el tiempo, no adelantemos acontecimientos”, ha contestado Suárez-Quiñones. Para concluir, ha animado a la oposición a llegar a pactos y “no a la destrucción” y ha asumido que es posible que con este caso se llegue a alguna consecuencia y se analice “si hay que hacer una homogeneización” en estos procedimientos “porque todo es mejorable”, una sugerencia que le había hecho en su turno de intervención la portavoz de Ciudadanos, Blanca Negrete.