El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central contra la Ley de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, que la Junta aprobó el pasado año 2021. Y es que considera inconstitucional que se mantenga el estatus del lobo como especie cinegética, es decir, especie que se pueda cazar al norte del río Duero y, por lo tanto, en provincias como León, Zamora, Palencia o Burgos, contra la norma aprobada que incluye al lobo como especie protegida.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la providencia del 11 de mayo del Tribunal Constitucional en el que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 2527-2022, el cual viene promovido por el presidente del Gobierno a efectos legales.
El recurso se dirige específicamente contra el artículo 38, apartados 2.a) y 8; anexo I.3, inciso “Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero”, porque incluye al lobo ibérico como especie cinegética; anexo II.4.f) y anexo IV.2, inciso “Lobo (Canis lupus). 6.000 euros ambos sexos”, en el que se cuantifica en esta cifra el precio de matar a un ejemplar. Ambos apartados vienen recogidos en la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.
El Gobierno presentó a principios de abril un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caza de Castilla y León, dado que esta norma autonómica continúa considerando al lobo como especie cinegética, es decir, susceptible de ser cazada.
Esta medida se adoptó a pesar de que el pasado 1 de octubre la comisión bilateral que reúne al Gobierno y a la Junta de Castilla y León inició negociaciones para resolver las discrepancias y en principio se aireó que se habían cerraron acuerdos en alguna materia, aunque no así en lo que respecta al lobo y su consideración, dado que la Junta sigue insistiendo en que se pueda realizar la caza deportiva del lobo aunque con fines de control de población, como se ha hecho en las provincias al norte del río Duero.
Sin embargo, a nivel nacional esta condición de cazable de la especie ya no se permite desde la inclusión del lobo en la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Lespre), una decisión adoptada en septiembre del pasado año que supone extender la protección de esta especie al norte del río Duero e impedir su caza.
Ha sido precisamente esta inclusión de protección de la especie lo que indigna y rechazan tanto la Junta de Castilla y León como las organizaciones agrarias de la Comunidad, al igual que ocurre en otras autonomías Asturias, Galicia y Cantabria. En el lado contrario, las organizaciones conservacionistas aplauden la decisión estatal de protección, que viene amparada por la Unión Europea y ha recibido el respaldo de la Comisión Europea ante las quejas autonómicas.
Cabe recordar que sólo en la provincia de León, en los últimos ocho años han muerto por disparos de cazadores autorizados 186 ejemplares de lobo de los 356 autorizados a abatir por parte de la Junta, cuando las cifras del último censo oficial existente sobre la especie en la provincia habla de censo de 433 ejemplares estimados en total. Y eso que a estas cifras hay que sumar ejemplares que todos los años mueren por otras causas, como furtivismo, atropellos o hasta envenenamiento. Por ejemplo, en 2017 los abatidos por cazadores fueron 24 pero otros nueve murieron por otras causas. A pesar de ello, son muchas las voces que se quejan del aumento de ataques de lobos al ganado extensivo sobre todo en zonas de montaña.