Un correo de la directora médica de la Gerencia de Salud Valladolid Este, escrito durante el pico de la pandemia, pone al descubierto la realidad de la gestión sanitaria que se llevó a cabo en las residencias de ancianos de Castilla y León: hubo centros donde los enfermos no recibían ni atención médica ni tratamiento. El pasado 9 de abril, la doctora envió un email a la coordinadora de Formación –con el asunto 'Necesitamos a los mejores'– en el que pedía a los médicos residentes que acudiesen a los centros de personas mayores.
El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, es muy claro al relatar la situación. “Sabemos que muchos de vosotros estáis deseando colaborar más activamente en esta pandemia”, comienza. “Actualmente, esto es un polvorín en las residencias, muchas de ellas aún no han sido visitadas por los equipos de AP (Atención Primaria) y en 10 de ellas tenemos serios problemas de infectados sin recibir tratamientos”, informa.
La situación era tan desesperada, que la sola condición de ser médico residente era suficiente para tratar a los enfermos, y además se les recuerda que algunos de ellos están retribuidos como si fuesen adjuntos. “Todos podéis actuar con pacientes Covid+ en caso de extrema necesidad como es el caso. Sobre todo los R Mayores, a quien se os considera y retribuye como si fueseis adjuntos, pero también todos los demás”, reclama.
“Vamos a formar equipos avanzados Covid dirigidos por algunos médicos voluntarios de nuestros equipos, para intervención intensiva en las residencias más sucias” -con el término “sucias” se refiere a las que tenían alto número de infectados- “vamos a empezar esta tarde”, añade. Pero, a continuación aporta un dato básico: que necesitan que se visiten “todas las demás”. La razón que da es que ya no confían en saber qué está pasando en las residencias. “Ya no nos fiamos de la información transmitida por teléfono y, como decimos, no todas han sido visitadas por equipos propios de AP”.
La Consejería de Familia había habilitado un sistema en el que día a día las residencias públicas y privadas, informatizaban su situación con número de fallecidos, número de aislados, número de casos sospechosos... y en función de esa información se actuaba. En Castilla y León nadie pidió a Policía o a Guardia Civil que levantase acta de la situación de estos centros como ocurrió en otras comunidades, y todo lo que se sabe es lo que han contado las residencias. “Hay que visitar tanto residencias urbanas como rurales” finaliza el escrito antes de indicar que deben contactar con la responsable de formación.
Cuando este email se envió, ya existían lo que la Consejería de Sanidad denominó los 'Equipos COVID-Residencias' formados por médicos y enfermeros de los centros de Atención Primaria. Se crearon el 20 de marzo y eran la solución para lo que la consejera Verónica Casado llamó “hospitalización a domicilio” y que evitaba que los ancianos fuesen trasladados a centros hospitalarios donde “se desorientan”.
Del “equipo multidisciplinar” a los residentes
La realidad es que en esas fechas la Consejería también elaboró el protocolo de actuación 'Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social', en el que se establecía que la atención sanitaria en las residencias de ancianos se gestionaría mediante un “equipo multidisciplinar” con un equipo asistencial formado por “los profesionales de las residencias junto con los profesionales de los equipos de Atención Primaria de referencia (médicos y de familia y enfermeros), profesionales del Hospital de referencia (Medicina Interna, UCA, Hospitalización a Domicilio), trabajador social de referencia, voluntarios etc…”. Era este equipo el encargado de realizar una “valoración e identificación de las personas especialmente vulnerables (pacientes crónicos o pluripatológicos complejos, frágiles, dependientes, etcétera”.
Pero detrás de esos planes había una instrucción determinante y también incluida en el protocolo: se atendería a los residentes “sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al Hospital”, algo que no podía ocurrir “en ningún caso”. En ese momento, Castilla y León contaba con 47.000 ancianos viviendo en residencias y se temía el colapso de los hospitales.
Para tratar a estas personas a quienes se bloqueaba la atención en los centros hospitalarios, se pondrían en marcha “todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso” y en cada Área de Salud se dictarían instrucciones para garantizar el suministro de medicamentos de uso hospitalario“.
Pero eso fue justo todo lo contrario de lo que, según el email de la directora médica, que se envía 20 días después de poner en marcha el protocolo, ocurrió. Ni todas las residencias tuvieron asistencia, ni todos los enfermos recibían tratamiento, ni la atención fue prestada únicamente por los médicos de Atención Primaria y equipos “multidisciplinares”.
Tras publicar elDiario.es los documentos de Sanidad y Familia que ordenaban tratar a los ancianos fuera de los hospitales, la Fiscalía de Castilla y León investigó los hechos, pero rápidamente descartó que hubiese delito. Basó su decisión en la documentación remitida por la Junta de Castilla y León -entre ellos los documentos publicados por elDiario.es- y afirmó que estos ponían “de manifiesto” que no se había dejado de asistir sanitariamente a los residentes de los centros de mayores porque se habían creado los equipos COVID Residencias. Hasta el momento, la Junta de Castilla y León no ha acreditado el número de visitas que se hicieron a las residencias o cuántos médicos se encargaron de ellas en la peor etapa de la pandemia.