El exvicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno Trigos, reconoció ante el juez que instruye el caso Meseta Ski -el proyecto de la pista de esquí seco en Villavieja del Cerro que costó 12 millones de euros a pesar de que el presupuesto inicial era de algo más de cuatro y que fue ilegalizado por los tribunales- que el contrato inicial se modificó días después de adjudicarse a Corsán Corvian, y tras visitar pistas similares en Portugal, Inglaterra y Francia. Así lo declaró el pasado 14 de enero, cuando en calidad de imputado, respondió a las preguntas del juez de Instrucción número 4 de Valladolid. A lo largo de toda la comparecencia, el juez no deja de recordarle que el contrato con Corsán se va modificando continuamente y que “parece”, como considera la Fiscalía, que es para beneficiar a la constructora y no como resultado de obras “necesarias” sino de “mejora”. “Parece que el constructor tenía barra libre” llegó a espetarle.
En la declaración, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Centeno, que se enfrenta a cargos por presunta prevaricación, malversación y falsedad documental, explica que el contrato, al que concurrieron dos empresas, se adjudicó a Corsán el 8 de junio de 2006 y que poco después, en un viaje a Manteigas (Portugal) él y varios miembros de la Diputación y de Sodeva, la empresa pública de la administración provincial, se dieron cuenta de que el material que inicialmente iba a tener la pista, 'domo', no era el más adecuado. Así, realizaron otro viaje “a Inglaterra” para visitar una empresa, porque les llegó la “indicación” de que una de las “variantes” de la oferta de Corsán Corvián, utilizaba 'Snowflex'. “Tres días después, cuando han firmado el contrato (con Corsán), cuando la cosa no tiene remedio, es cuando se van a Inglaterra”, comenta el juez. “¿Quién tiene la idea de ir a Inglaterra, quién paga los gastos de ir a Inglaterra? Eso quiero saber”, cuestiona el juez.
“Desconozco quien tiene la idea, alguien nos la trasladaría, pudiera ser la empresa, no le puedo decir quién, ese producto se fabricaba en Inglaterra. ¿Quién pagó el viaje? la sociedad (pública) en ningún momento. Desconozco si lo pagó la empresa constructora o lo pagó la empresa fabricante de ese producto que tenía un mayor interés o no en trasladar cuáles eran las diferencias del mismo, desconozco quién lo pudo pagar. Sí que le puedo informar de que Sodeva no lo pagó”, acertó a contestar Centeno.
El juez, sin salir de su asombro, le dijo que no lo entendía. “Parece que estamos haciendo precisamente lo que sospecha la Fiscalía: una vez firmado el contrato vamos a ver qué condiciones va a tener la obra, parece que es eso”, insistió. El juez reprochó que el gerente pidiese informe sobre la idoneidad del material no antes, sino “a posteriori”
Tras ese segundo viaje, en Sodeva se decidió que había que hacer “mejoras”, entre otras, utilizar un material “con mejor tecnología” como el Snowflex y aumentar la superficie inicial de pista, que pasó de 3.000 metros cuadrados a 9.000. Según Centeno, los técnicos no consideraron que se tratase de una modificación sustancial del contrato y no optaron por hacer un nuevo concurso o avisar a la segunda empresa que había optado a la licitación, sino que se solicitó a Corsán “una oferta”. Además, Centeno aseguró que Corsán sí que había propuesto dos opciones en su primera oferta, con la que consigue la adjudicación, pero que los técnicos desecharon que se emplease Snowflex. “Es que eso es aún más difícil de entender”, le comentó el juez. Según Centeno, se rechazó porque inicialmente eran muchos menos metros de pista. Posteriormente, los técnicos piden a Corsán una oferta con 9.000 metros cuadrados de Snowflex. El juez le recordó a Centeno que el contrato inicial cambió, porque se ampliaron los metros de pista y se dobló el presupuesto.
Pero además el juez apunta que hubo otro viaje más a Francia, a un pueblo de una cuenca minera con una instalación similar. Según Centeno, ese tercer viaje, que tampoco sabe quién sufraga, produce un nuevo cambio en el proyecto para el que ya se había aprobado la ampliación de metros y el cambio de material. En este caso, para él “fue una grata sorpresa” comprobar que en ese parque francés el sistema de explotación era no sólo como una pista de aprendizaje, sino “de práctica deportiva”. Centeno justifica ese viaje con personal de Corsán y de Snowflex no como el de un contrato “al uso” sino “como el de una relación de una explotación” que haría la constructora durante unos años y que posteriormente pasaría a manos de la Diputación de Valladolid. El exvicepresidente de la Diputación tampoco supo explicar al juez como en una etapa en la que no se había aprobado la modificación del material y la única licencia que había era la de acondicionamiento de terreno, se ingresaron 350.000 euros a la marca Snowflex. “Lo desconozco”, contestó. “La propuesta técnica existía aunque el consejo no la hubiese aprobado”.
Así, el juez le recuerda que el gerente encarga un informe que concluye que doblar los metros y presupuesto de la obra no era una “modificación sustancial” de las condiciones del contrato con Corsán, pero que sin embargo, Centeno, años después en una reunión del Consejo de Sodeva, decía que si lo era. Aseguró al juez que no recordaba haber dicho eso y que carecía de criterio para valorar algo así.
Centeno sí que quiso justificar el pago de 2,5 millones de euros a Corsán, que el juez le recuerda que se hicieron “con la obra parada” -las obras, nunca acabadas, se paralizaron varias veces porque Ecologistas en Acción denunció que se contravenía la Ley de Montes, por ser el terreno una zona quemada en un incendio forestal-. “¿Era normal que se hiciesen certificaciones con la obra parada?”, preguntó el juez.
“¿Hubo obras de mejora ejecutadas al margen del proyecto por 2,5 millones?”, insistió. Según Centeno, se trataba de modificaciones que conllevaban el “cambio en la filosofía de la explotación”, puesto que se pasó de un proyecto que era “de aprendizaje” solamente, a uno de práctica deportiva. En este sentido se refirió a “mejoras de seguridad, de remontes” y todo ello sin ningún estudio o informe técnico. “¿Tenía el director de obra mano, barra libre, para decir venga un millón más?”, preguntó el magistrado. “Lo que es cierto es que el consejo aprobó esas modificaciones y estuvo de acuerdo en que se hubieran realizado”, comentó Centeno. Esas modificaciones, recuerda el juez, se aprueban “una vez hechas” y los 2,5 millones que se pagaron por ellas, eran prácticamente el valor inicial del proyecto. “Son decisiones para defender los intereses de la institución, que las toma el director de obra […] en alguna ocasión se me trasladaría la necesidad de hacerlas”, admitió.
El juez no entendió las explicaciones y le comentó que unas obras siempre pueden mejorar “porque siempre saldrán cosas mejores”, pero que Meseta Ski partió de un presupuesto de 4 millones de euros y llegó a los 12, y todo ello “con problemas y pleitos judiciales” y esas obras “se hacen y una vez que están hechas se llevan al Consejo de Sodeva”. Por su parte, Centeno insistió en que el director de obra las consideró necesarias, mientras que el juez le recordó que era un trabajador de Corsán aunque le pagase Sodeva.
La declaración de Centeno de hora y media, concluyó sin que pudiese justificar cómo se triplicó el importe de una licitación sin que se plantease que el contrato con Corsán cambió sustancialmente sin que se optase por realizar un nuevo concurso. La de Centeno es una de las primeras declaraciones del caso.
Centeno ya tuvo que dar cuentas de su relación con Isolux Corsán en otro procedimiento ya archivado, ya que realizó un costoso viaje particular a Japón con directivos de la constructora mientras estaban en marcha las obras de Meseta Ski. Unos correos descubiertos por la Guardia Civil en la investigación del Caso Adif, relataban como la constructora había pagado ese viaje a Centeno y a su mujer, algo que él negó aportando unas órdenes de pago que el TSJCyL dio por buenas.