“Vengan ustedes a verter su mierda, que aquí hay muchas tierras y deshabitadas. Ancha es Castilla para tirar su basura”, lamenta irónicamente la presidenta de la plataforma Tierra de Alba (Zamora), Marisol Gómez. Cada vez hay más macrogranjas en Castilla y León, y un puñado de municipios batalla contra esta tendencia en defensa de unos pueblos sin olores ni nitratos en el agua. Actualmente existen 631 macrogranjas (540 porcinas y 91 avícolas) y 81 están en trámite, según los datos facilitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
“La mayoría de los pueblos no tienen capacidad asociativa para parar los proyectos”, aseguran desde la Asociación San Miguel En Vivo, que está actualmente alegando contra el proyecto de macrogranja avícola que quieren instalar en San Miguel del Arroyo (Valladolid). Han registrado 358 alegaciones rubricadas por vecinos empadronados en el municipio, propietarios de alguna vivienda o gente que va los fines de semana al pueblo, de 700 habitantes.
Sin importar la provincia, el mismo patrón “ocultista” se repite: los alcaldes tenían parte de la documentación meses antes de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es en ese momento en el que algunos vecinos se enteran de las intenciones de los empresarios, y entonces comienzan las alegaciones contra el proyecto. “Los vecinos no se creían que el proyecto estuviera tan avanzado y que el Ayuntamiento hubiera ocultado tanta información”, lamenta Pablo García, de la asociación Valdavia Viva (Palencia), lo que dificultó la movilización en el pueblo. “Nos cogió de repente, a falta de dos meses para presentar alegaciones al proyecto”, añade Víctor Sahuquillo, de la Plataforma Ciudadana Por una Soria Verde Sostenible (Cidones, Soria).
Estos vecinos defienden que las macrogranjas no asientan población, dejan malos olores y pueden contaminar el subsuelo de la zona con los purines (líquido formado por las orinas de los animales y lo que rezuma del estiércol). “En el pueblo no va a dejar un duro, como mucho un vino que se tomen en el bar”, sentencia David Martínez, de la asociación Granjas No de Llano de Bureba (Burgos).
Una mala gestión de los purines y su impacto sobre el medio ambiente es la mayor preocupación entre los vecinos. “Lo que no quiero es que infecte el agua y los acuíferos”, advierte Pablo García. En Llano de Bureba (Burgos) temen que los purines se filtren y dañen los acuíferos porque “no se ha hecho ningún estudio serio”. En la comarca de Tierra de Alba (Zamora) algunos vecinos ya no beben agua del grifo porque denuncian elevados niveles de nitratos en el agua aunque no hay todavía ninguna macrogranja en la zona. “El nuevo alcalde ha cerrado el pozo del frontón para el consumo y ahora lo usa para regar el campo de fútbol”, explica Marisol Gómez.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha detectado en Castilla y León un centenar de acuíferos afectados o en riesgo de estarlo por aportación de nitratos de origen agrario: 96 afectadas y 14 en riesgo. La mayoría de estas aguas subterráneas afectadas se encuentran en Burgos (33), Segovia (18), Valladolid (13) y Palencia (12). También existen 9 estaciones subterráneas afectadas por contaminación en Soria, 8 en Salamanca, 6 en Ávila, 5 en Zamora y una en León.
El Ministerio también ha localizado 24 ríos, arroyos y embalses afectados por nitrato y otros tres en riesgo de estar contaminados, entre los que se encuentran el río Hornija, el Arroyo del Portillo, el río Alberche, el arroyo Jaramiel, el río Tiétar y los embalses de Villalcampo, San Román, San José, Villagonzalo y del Águeda, entre otros.
El comisario adjunto de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Urbano Sanz, explica que el número de acuíferos con nitratos ha aumentado, “en parte porque ahora hay más puntos analizados”. Sin embargo, el responsable de la CHD vincula el incremento de la ganadería y agricultura intensiva a las concentraciones de nitrato superiores a 50 miligramos por litro. La Unión Europea considera este nivel como 'umbral de alarma'. “Donde mayor actividad agraria, surgen mayor niveles de nitrato”, sentencia Sanz.
“La agricultura utiliza fertilizantes que acaban pasando a la tierra porque las plantas no los necesitan. Lo mismo sucede con los excrementos de las granjas de vacuno y cerdo”, sentencia. La Comunidad Autónoma tiene un catálogo de Zonas Vulnerables, una medida indispensable para crear los Planes de Acción, “que recomiendan que los agricultores ganaderos modifiquen sus prácticas y que no excedan las cantidades que las normativas europeas establecen”, remata.
En los últimos años se ha incrementado algo, no es que haya crecido mucho más, en cuanto a medidas, con la ampliación de zonas vulnerables que se hará efectiva pronto, se va a exigir una serie de medidas,se va a ir controlando. Pero el problema es que al ser filtrado, puede tardar mucho tiempo en llegar, y las medidas también tardan en notarse.
El exeuroparlamentario ecologista Florent Marcellesi insta a reducir la permisividad y aumentar el número de inspectores. “Las macrogranjas tienen impactos negativos sobre el agua, el campo, solo para exportar. Es uno de los engranajes de la industria low cost de la carne exportar carne al mercado emergente chino”, asegura a este diario.
“Una granja no puede hacer milagros”
“Lo que no puede hacer una granja es milagros”, sentencia Miguel Ángel Cortés, presidente de la Federación de asociaciones de productores de ganado porcino de Castilla y León (Feporcyl), que lamenta que los pueblos “estén ya falleciendo”. “Hay dos salidas: dejarlos morir o crear economía y empleo. Pero si el municipio tiene treinta vecinos, no lo va a revivir. En algunos sitios no hay gente ni siquiera para trabajar, ni casas para vivir”, agrega Cortés, quien asegura que la gestión de residuos y cadáveres de ganado está “muy vigilada”. “Cada litro tiene que estar registrado”, explica el representante de Feporcyl, que rechaza el término mismo de 'macrogranja'.
Las universidades también están investigando sobre cómo mejorar la gestión de los purines. Un equipo de la Universidad de Valladolid quiere convertir los residuos de las granjas porcinas en biogás renovable.
El empresario considera que la mayoría de los ciudadanos tienen “miedo por ignorancia” y asegura que en Castilla y León se ocupa el 20% de las tierras que se podrían explotar. “Hay mucho sitio para abonar, es una oportunidad de desarrollo y para rejuvecer Castilla y León. ¿Pero que sea un milagro? Es muy difícil”, rubrica Cortés.
Toda esta polémica divide a los pueblos de España. “Hay gente enfadada, unos estás a favor, otros en contra... Tú defiendes tu postura y yo la mía”, indican desde San Miguel del Arroyo (Valladolid), uno de los pueblos que se divide entre defensores y detractores. Un grupo de vecinos de San Miguel ya consiguió paralizar un proyecto porcino en 2016.
En Noviercas (Soria) está prevista la instalación de una macrogranja de 20.000 vacas después de que la Junta diera el visto bueno al informe ambiental. “Hace un par de años clamábamos en el desierto. La gente se lo tragó porque la provincia se muere. Pensaban: 'a lo mejor es una solución a la despoblación...”, explica el secretario de Comunicación, Círculos y Participación de Podemos Castilla y León, Jorge Ramiro.
Varias asociaciones agrarias se han mostrado públicamente en contra de esta macrogranja láctea. Coag calcula que este proyecto podría destruir 726 empleos directos en el medio rural y alerta de los riesgos para la sanidad agropecuaria y medioambientales. “Una explotación como la planteada consumiría entre 4 y 6,35 millones de litros de agua al día, incluyendo usos directos (para beber) e indirectos (limpieza de la explotación, sistemas de ordeño, etc.), cantidad que puede llegar a superar al consumo de toda la población de la ciudad de Soria, unos 6,15 millones al día”, advierte Coag.
Hace apenas unas semanas, la UCCL muestra una preocupación similar por la futura macrogranja láctea más grande del país. “Va a provocar una presión muy fuerte en el mercado que dará lugar a una bajada en el precio de la leche, y a la desaparición de muchos ganaderos. Existe un riesgo importante de que en una explotación con 20.000 animales aparezca algún animal positivo a tuberculosis bovina, lo que no es nada raro”. “A UCCL nos parece sorprendente la facilidad con la que se han modificado unas normas urbanísticas de un municipio, cuando a muchos ganaderos y agricultores se nos ponen mil pegas e inconvenientes para llevar a cabo pequeños proyectos”, lamenta la organización agraria.