El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Ciudadanos), ha negado este lunes en un juicio haber amenazado al responsable provincial de redes de Ciudadanos Valladolid, Borja Collantes, con “reventarle” la cabeza tras sospechar que se encontraba detrás de una cuenta troll en Twitter que difamaba a su familia.
Igea llegó a los juzgados de Valladolid acompañado de un buen número de altos cargos que han hecho un alto en su jornada laboral, entre ellos la cuestionada consejera de Sanidad, Verónica Casado, el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, el director general de Ordenación del Territorio, Antonio Calonge, el viceconsejero de Empleo, David Martín o el viceconsejero de Transparencia, Fernando Navarro.
Los hechos que se han enjuiciado hoy ocurrieron el pasado 8 de marzo, día en que arrancaban las primarias disputadas entre Igea y la candidata elegida por el partido, Silvia Clemente. Según ha relatado Igea, el día antes una de las cuentas que 'troleaban' su campaña, había mencionado a su cuñado. Debido a la gravedad de los hechos, el ahora vicepresidente contactó con el responsable nacional de redes para advertirle del tuit de la cuenta Palmero Valladolid y de la relación que veía con Collantes, ya que este, desde su cuenta personal retuiteaba a esa cuenta y esa cuenta retuiteaba a Collantes. Al día siguiente desparecieron los tuits de ambas cuentas pero, a mediodía, Igea y Collantes coincidieron en la parte de atrás del Ayuntamiento.
Temor durante “un minuto”
Según ha relatado Collantes, que a día de doy sigue llevando las redes de Ciudadanos, Igea se dirigió a él “muy enfadado, excitado” y poniéndole el dedo índice “entre las cejas”, le espetó: “la próxima vez que hables de mi familia, te reviento la cabeza”. Me dijo que me iba a destrozar y que tenía documentos en su casa que podrían acabar con el partido“. Según Collantes, repitió hasta en tres ocasiones la amenaza directa contra él ”con los ojos muy salidos“. Sin embargo, reconoció que sólo sintió temor ”durante un minuto“ porque él le juró por su hija que no tenía nada que ver con los tuits y que no era justo que se arremetiese contra las familias de Igea o de Clemente. ”Hubo un minuto en que sí temí, luego ya no“, dijo. Los ánimos se calmaron hasta tal punto que fumaron un cigarro.
Sin embargo, Collantes decidió denunciar a Francisco Igea por amenazas. Pero no ese mismo día ni al siguiente. Lo hizo tres días después, el lunes 11 de marzo, sobre las 9 de la mañaba, cuando ya se sabía que Ciudadanos había paralizado la proclamación de Clemente al descubrir el equipo de Igea un pucherazo. Según Collantes, no denunció en el mismo momento de los hechos porque ese fin de semana tenía que estar con su hija “y como padre divorciado” nada iba a interrumpirlo“. Collantes ha negado tajantemente haber formado parte del equipo de comunicación durante la campaña de Silvia Clemente. ”Yo denuncio por lo que me hace a mí, a mí persona, no tiene nada que ver con quien gana o quien pierde“, ha asegurado.
Una denuncia que se filtró a los medios en el momento
También ha tratado de explicar por qué ese mismo 11 de marzo por la mañana, varios medios de comunicación nacionales recibieron un correo electrónico que informaba de la interposición de la denuncia contra Igea precisando la hora y la comisaría y cómo por la tarde, cuando el correo no tuvo eco, hubo un segundo envío a medios locales. “A mi esa mañana me llamó mucha gente del partido, unas 20 ó 30 personas, y yo les conté que había puesto la denuncia. Es posible que una de esas personas fuese Palmero Valladolid”, ha elucubrado.
La versión de Igea no coincide. Ha reconocido que había pasado “días muy duros” debido a la campaña de las primarias y que esa mañana, tras el tuit de la noche, “estaba muy enfadado” cuando se encontró con Collantes, acompañado del responsable de redes de Cs en el Ayuntamiento de Valladolid, Mario Pulido. “Estaba muy enfadado con los tuits y esa noche, tras hablar con el responsable nacional de redes, desparecieron los de la cuenta Palmero Valladolid y los de la cuenta personal de Borja Collantes. ”Pensábamos por lógica que habíamos dado con la persona“, ha recordado. ”Me dirigí a él muy enfadado porque había sido una semana muy dura, se habían publicado en algunos medios infundios sobre mí y estaba muy preocupado“, ha reconocido. Pero, siempre según su versión, lo que le dijo a Collantes es que no toleraría que se hablase de su familia ni que se hiciesen trampas y que cosas así ”podían reventar el partido“. ”No recuerdo haber dicho que le reventaría la cabeza pero sí que dejase a mi familia de una puta vez. Sé que estuve desagradable y que tengo carácter“, ha dicho.
El único testigo directo de los hechos, en el ese momento el responsable de redes en el Ayuntamiento de Valladolid, Marcos Pulido, ha ratificado la versión de Collantes. “Le dí los buenos días a Igea pero no me contestó”. Pulido ha reconocido que no intervino en ningún momento mientras presuntamente se producían las amenazas.
El abogado de Igea, el reconocido abogado Carlos Castro, en su calificación de los hechos ha pedido la absolución de su representado porque no pueden calificarse los hechos como probados y la prueba practicada es insuficiente para destruir su presunción de inocencia. Castro ha destacado en su exposición el fin político de la denuncia, con un denunciante que fue beligerante en las redes, “que tomaba partido muy activo por Silvia Clemente” y por tanto hay “causas de incredibilidad subjetiva del denunciante”. Así enumeró lo ocurrido entre el día de los hechos y la denuncia (victoria de Clemente, descubrimiento del pucherazo y anulación de su proclamación para anunciar que Igea sería el candidato a presidir la Junta) para calificar los hechos como una “discusión acalorada por la pasión política en un momento álgido”. El letrado también ha destacado la incoherencia del denunciante que “ni siquiera se toma en serio la amenaza”. Por último ha destacado las consecuencias que acarrearía a Igea una condena por amenazas, ya que el artúlo 12 de los estatutos de Ciudadanos contemplan la expulsión directa del partido.
La abogada de Borja Collantes solicita multa de 1.800 euros y del pago de las costas por tres amenazas contra su cliente