El juez instructor del caso Perla Negra, que investigó el sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía y la compra de unos terrenos para un polígono fallido en la provincia de Valladolid, ha dictado ya la apertura de juicio oral y la obligación de los 12 imputados de prestar una fianza solidaria de 18 millones de euros “antes de 24 horas”. En el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez César Gil Margareto advierte que “de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.
Cada uno de los investigados debería consignar en la cuenta del juzgado los 18 millones de euros, si bien lo previsible es que no logren reunir esa cantidad en tan breve espacio de tiempo y se proceda a los embargos. En el caso de uno de los principales imputados, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, la tarea se complica: Delgado ya tiene embargadas desde hace años todas sus cuentas de manera cautelar a petición de la Fiscalía.
El proceso a partir de este miércoles pasa porque el juzgado recurra a la Oficina de Punto Neutro Judicial para que esta aporte información tributaria sobre los encausados y se embarguen bienes hasta alcanzar esa suma de 18 millones.
Por otro lado, el juez destaca algo llamativo: las empresas implicadas en la causa, cuya imputación es posible como persona jurídica, no lo están, puesto que ninguna de las acusaciones lo ha solicitado, por lo que quedan fuera Urban Proyecta PM3, Parque Empresarial Portillo y Cementos La Bureba, aunque sus dirigentes y administradores están investigados.
La Fiscalía apunta a “la cúpula de la Consejería de Economía” en la etapa de Tomás Villanueva
La Fiscalía, en su escrito de acusación, destaca que los hechos investigados “fueron propiciados por la cúpula de la Consejería de Economía” y “cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez”. Se actuó “para beneficiar a determinadas mercantiles y a los particulares que las gestionaban”. Participaron también, según el Ministerio Público, quienes ostentaban puestos relevantes tanto en la Consejería como en las empresas públicas que formaban parte de esta, quienes actuaron concertados con los particulares.
El Ministerio Público detalla profusamente la participación de cada uno de los acusados en el amaño del concurso del edificio, las relaciones personales y comerciales entre ellos y las facturas que finalmente se pagaron por el edificio de Economía, con un precio cerrado en 52 millones al que se añadieron la carga financiera, que nunca debió abonar la empresa pública Gesturcal y 'modificados de obra' que en algunos casos se pagaron dos veces y que ascienden a 9,7 millones de euros más. A ello hay que sumar los 4,4 millones que se pagaron sin concurso de ningún tipo al estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales, que además está en la causa Gürtel por haber reformado la sede del PP en la calle Génova y que se pagó con dinero B. La investigación reveló además que Unifica ingresó posteriormente 1,9 millones de euros a la constructora y a empresas administradas por sus directivos.
La Fiscalía concluye “en definitiva” que en relación al edificio 'Perla Negra' “la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros cuando su valor no debió superar los 50.000.000 de euros aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 SL-promotora del inmueble-”
Por lo que atañe a, los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, “las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques (empresa pública de la Junta de Castilla y León) -sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros- sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92euros”.
Entre las testificales que solicita Fiscalía para el juicio oral destacan la del ahora parlamentario autonómico Pablo Trillo, que en el momento de los hechos formaba parte del consejo de la empresa pública Gesturcal y que se opuso a la primera opción barajada por la Junta, un alquiler con opción a compra. Trillo advirtió al entonces presidente Juan Vicente Herrera que los precios eran “disparatados”, por lo que poco después se optó por la compra. Además tendrán que prestar testimonio los dos administradores de Unifica Servicios Integrales, y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
La Junta dice que fueron “actuaciones delictivas a título personal” y obvia al consejero
La Junta de Castilla y León, que personó en la causa años después de que arrancase la instrucción hace un particular relato de los hechos en el que destaca que “es importante remarcar” que los dos exviceconsejeros de Economía imputados, Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz, “ejecutaron sus acciones delictivas en todo momento, a título personal, como cargos de entidades del sector público autonómico de Castilla y León (Presidente y Consejero Delegado de un Ente Público de Derecho Privado y una Empresa Pública), no como altos cargos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. - a título individual, no colegiadamente con afectación orgánica, como lo demuestra la no afectación de la imputación judicial al resto de miembros del Consejo de Administración ni a otros puestos de las entidades del sector público afectadas”. Añade además que lo hicieron con la “autonomía y libertad” que les otorgaba ser “cargos superiores en los entes del sector público autonómico en los que prestaron servicios, y donde no estaban sujetos a orden imperativa y debida de superior jerárquico”.
“Ninguna norma, ni legal, ni estatutaria, permitían que los acusados aprovecharan sus cargos en las entidades públicas para perjudicar a las mismas, ni mucho menos que dispusieran de forma fraudulenta de fondos cuya gestión les estaba encomendada, y respecto de los que debían observar especial celo y diligencia en su gestión”, afirma.
La Junta apunta directamente a Delgado como la persona que contactó con el directivo de Urban Proyecta PM3, Germán Martín Giraldo y le acusa de ser la persona que le suministró información sobre la necesidad de contar con un edificio de la Consejería de Economía para ubicar allí distintas sedes.
“Los hechos expuestos respecto a las gestiones sobre el edificio”, explica la Junta, “partieron de la decisión personal de Rafael Delgado Núñez, y conculcaron gravemente la legislación existente, de manera que se efectuó la adjudicación directa de los contratos relatados, que ya estaban previamente decididos, tanto en su realización como en la elección de la empresa beneficiaria. Es decir, los contratos se limitaban a plasmar una decisión personal de Rafael Delgado Núñez, de adjudicar a Urban Proyecta., directamente, el alquiler de un edificio, para consumar la posterior compra, evitando que pudiera haber más licitadores y que el precio hubiera podido ser inferior en virtud de la competencia y libertad de mercado; y Martín Giraldo ya sabía de antemano que su empresa iba a ser la adjudicataria y beneficiaria de los contratos relatados”.
A Hernández le imputa el pago de varias facturas, pero sin responsabilizarla directamente de la trama. En el relato de los hechos sobre la compra de terrenos para el Polígono de Portillo es muy similar, situando a Delgado al frente de decisiones encaminadas a beneficiar a Martín Giraldo y al resto de empresarios. Es más, le acusa de haber “descapitalizado” la empresa pública con una importante deuda. El Gobierno autonómico no hace mención ni una sola vez al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, imputado en la causa hasta su inesperada muerte.
El caso, con una investigación que se ha prolongado durante seis años, no resuelve todos los presuntos delitos que han aflorado, como la relación de los empresarios beneficiarios de la trama con la Consejería de Economía, con la que tuvieron otros contratos.