La Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León 'coló' facturas de obras en el edificio Perla Negra a Gesturcal, que se negó a pagarlas en alguna ocasión si no se acompañaba de un escrito del responsable de la ADE. Así se ha conocido hoy en una nueva jornada de juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid por delitos de prevaricación, malversación, revelación de secretos y tráfico de influencia en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía y unos terrenos rústicos para hacer un polígono empresarial en el municipio de Portillo. Entre los 12 encausados hay exaltos cargos de la Consejería y empresarios que participaron en la trama.
El responsable de Área Económica y Financiera de Gesturcal entre los años 2006 y 2008, Pascual A. P.W ha recordado que hubo “problemas con las facturas” porque se pasaban a Gesturcal y eran por obras que había solicitado la ADE. De esas facturas problemáticas se han citado una de 380.554 euros por trabajos de telecomunicaciones y datos en 'La Perla' y otra que rozaba los 243.000 euros por el acondicionamiento del edificio norte. “No estamos autorizados para hacer nada con ellas”. Así, ha precisado, a preguntas de la abogada del entonces director gerente de Gesturcal, Salvador Molina, que no es que este dijera nada, sino que es que eran facturas que no pertenecían a la sociedad. En concreto, todo lo que tenía que ver con obras pasaba por el consejo de administración, que era el que acordaba y decidía. “Al no ser una obra nuestra, no estaba bajo el paraguas del consejo”, ha concretado. “No se podía pagar, no estábamos autorizados y hubo que buscar una solución, que era pasarlo a través del consejo, pero Salvador no quería firmar la orden de transferencia”, ha recordado. Este testigo ha afirmado que tuvo que acudir a la Consejería de Economía para recoger un documento firmado por Rafael Delgado -uno de los principales acusados de la causa- para proceder a pagar una factura de 1,8 millones previo paso por el consejo de administración.
Este testigo también ha asegurado que Gesturcal nunca recibió ninguna subvención, sino que su financiación venía de créditos de entidades financieras y que hasta que se fusionó con Ade Parques, nunca dio pérdidas.
Sí que hubo un agujero después, ya que tal y como ha explicado el tesorero general de la Consejería de Hacienda, Fernando Vallelado, entre 2012 y 2014 la Junta asumió una ampliación de capital de Gesturcal por valor de 120 millones de euros con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad. Este funcionario también ha precisado que la deuda de esta sociedad sí computaba en la deuda autonómica, al contrario de lo afirmado la semana pasada por la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Según ella, no había un control de su Consejería a Gesturcal porque sus resultados no computaban en la deuda de la Comunidad. Además, Vallelado ha especificado que Tesorería daba el visto bueno a las operaciones, pero sin analizarlas, sólo para garantizar que no se sobrepasaba el nivel de deuda.
En la jornada de este lunes han comparecido también dos auditores de KPMG, una firma donde recaló la exviceconsejera Begoña Hernández -acusada en esta causa- tras salir de la Junta. Aunque apenas recordaban detalles sobre su trabajo, han asegurado que nunca emitieron salvedad o reparo en las cuentas de la sociedad.
Según la Fiscalía, la Consejería de Economía actuó en connivencia con distintos empresarios de la construcción para comprar el edificio y unos terrenos para desarrollar un polígono industrial en Portillo (Valladolid). En concreto, la Consejería favoreció a la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3, que también tenía intereses en el polígono. Así, se considera que la licitación para construir el edificio que Economía quería alquilar con opción a compra, se amañó para que lo ganase esa promotora. El concurso se publicó en las navidades de 2005 y el plazo para los licitadores fue de 15 días, escaso para un proyecto de esas características. De hecho, el arquitecto que diseñó el Perla Negra, Carlos Lamela, reconoció durante la instrucción que tuvo acceso a los pliegos antes de que fuesen públicos. El de la promotora ganadora fue el único proyecto que se presentó. Los acusados se enfrentan a condenas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
La vista se reanudará el próximo 1 de abril.