La Junta de Castilla y León se desmarca de los contratos realizados por Silvia Clemente y niega una persecución política contra ella

La portavoz y consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, se ha desvinculado de los contratos realizados en el mandato de su antecesora, Silvia Clemente. Tal y como publicó este diario, el responsable de las obras de más de un millón de euros en la casa de los padres del marido de Clemente obtuvo algo más de 459.000 euros en contratos de Agricultura en la etapa en la que se realizaron los trabajos de ampliación en la vivienda de Pedrosa del Rey.

Marcos ha asegurado este jueves, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que tuvo conocimiento de los contratos cuando el Grupo Parlamentario Socialista requirió la información a través de la Mesa de las Cortes. La consejera descubrió entonces que el empresario Raúl David Ibáñez Rodríguez había sido contratado, unas veces como autónomo y otras como empresa, para realizar tareas de mantenimiento de los inmuebles del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) , dependiente de Agricultura, y también para hacer obras para la Consejería. “En la actualidad, el mantenimiento de los edificios del Itacyl, tanto los de Valladolid como los de otras provincias, se realiza con trabajadores de esta Consejería, que busca la eficacia del gasto de dinero público”, ha señalado.

La rueda de prensa se ha centrado, por preguntas de los periodistas, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León conocida este miércoles y que avala la anulación de una subvención que el marido de Silvia Clemente consiguió cuando ella era consejera y que se anuló hace dos años, con Marcos al frente. El fallo del TSJCyL no sólo considera que el empresario patatero Javier Meléndez intentó cobrar dos ayudas por el mismo trabajo, que incumplió las condiciones y que presentó gastos carentes de lógica, sino que insta a una investigación penal porque presentó un documento del Itacyl de dudosa autenticidad. Esta investigación se unirá a la que ya está en marcha en un juzgado, tras la denuncia que hizo el Itacyl por el borrado de expedientes referentes a Meléndez.

Según esa denuncia, el que fue jefe de Transferencia Tecnológica del Itacyl, Manuel Ariza, fue quien indicó que había que borrar los documentos. Además, es Ariza quien aparece como único firmante del informe que el TSJ considera “manipulado”. “Es información de los técnicos del Itacyl, se pregunta al equipo técnico y es el equipo técnico el que da sus respuesta y determina claramente responsabilidades. Los técnicos responden con toda normalidad”, ha comentado. “Lo que no es normal es que ese informe que aporta la empresa (de Javier Meléndez) esté firmado únicamente por Manuel Ariza en lugar de estar firmado por todo el equipo investigador”, ha apuntado.

A Marcos le parece “complicado” demostrar la autenticidad de un informe fechado en 2012 con referencias de informaciones administrativas de 2015 y 2016

“No es una cuestión política”

La consejera se ha defendido de los ataques recibidos desde un diario local que asegura que la publicación de la investigación judicial en marcha -adelantada por eldiario.es- es una “filtración interesada de la Consejería de Agricultura”. “Lo que no voy a consentir es que se ponga en entredicho la actuación de los técnicos de la Junta y de la Junta y la Consejería respecto a los medios de comunicación. Estamos viendo informaciones en las que se acusa directamente incluso de filtraciones y de actuaciones políticas interesadas: ni lo uno ni lo otro”, ha aseverado. Marcos también ha respondido que no le consta que exista un informe de la Policía Judicial solicitando que se archive la investigación penal por la desaparición de expedientes.

“Yo no ando llevando y trayendo chismes de nadie”, ha dicho. “Esto no se puede unir a cuestiones políticas. Cada uno que participe en el partido que quiera y que le vaya bien, pero que no se acuse a la Consejería en medios”, ha advertido. “En la sentencia se determina claramente que la actuación de la Junta ha sido la que debe ser desde el minuto cero”.

Para explicar la inexistencia de una operación en contra de Clemente, la responsable de Agricultura ha tirado de fechas: la anulación de la subvención a Meléndez se hizo efectiva en 2017, mucho antes de saber que Clemente daría el salto a Ciudadanos renegando del PP, algo que ocurrió el pasado 21 de febrero. “Como pueden entender ni esta consejera ni los técnicos sabían cuál iba a ser el devenir de algún político o de alguna política, si se iba a mantener en un partido o se iba a ir a otro donde pueda conseguir algo más”, ha aludido. “Hablan los tribunales y los jueces, no yo”, ha zanjado.

Sobre una posible revisión de las subvenciones recibidas por Meléndez, Marcos respondió que su llegada a la consejería en 2015 no fue “para levantar alfombras, ni para mover cajones”.

Silvia Clemente se enfrenta este viernes a la votación de primarias en Ciudadanos que determinará cuál de los candidatos, Francisco Igea o ella, es el elegido por los afiliados para concurrir a la presidencia de la Junta de Castilla y León.