El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valladolid ha archivado la demanda del marido de Silvia Clemente, Javier Meléndez, contra sus padres y hermano, a quienes reclamaba cinco millones euros por desvelar datos de las obras por valor de la suntuosa reforma que llevó a cabo en una casona familiar en Pedrosa del Rey (Valladolid).
La pareja de la expresidenta de Las Cortes de Castilla y León, exconsejera de Agricultura y excasi todo en el PP regional, hasta que cayó en desgracia y fichó por Ciudadanos, había demandado a sus padres después de que este diario destapase obras realizadas en un chalé familiar por importe de un millón de euros de origen desconocido. El empresario agrícola, Javier Meléndez, propietario de una firma de patatas que recibió ayudas millonarias del Gobierno que presidía Juan Vicente Herrera e incluso de los departamentos que dirigía Silvia Clemente cuando ambos eran novios, invocó ante la jueza un pacto según el cual su familia debía pagar cinco millones de euros si hablaba públicamente de la polémica reforma de la casona.
En una diligencia fechada el pasado 5 de diciembre a la que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza comunicó a las partes que había transcurrido el plazo de suspensión de 60 días que les dio el pasado 5 de julio para que intentasen llegar a un acuerdo antes de continuar con el procedimiento, y les dio otros tres días para que manifestasen si solicitaban la continuación de las actuaciones. Ni Javier Meléndez ni sus padres y su hermano se pronunciaron, por lo que la causa ha quedado archivada provisionalmente.
Meléndez demandó a su familia por considerar que habían incumplido el pacto de silencio que les obligaba a no hacer público dato alguno sobre el cruce de denuncias que arrancó tras una disputa familiar y que afloró el pago de más de un millón de euros en el chalé. Entre 2010 y 2012, el marido de Silvia Clemente, realizó una lujosa reforma en una casona de 1920 propiedad de sus padres. Los trabajos se hicieron cuando el empresario y la entonces consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León eran novios. Meléndez construyó en el patio de la vivienda una piscina climatizada de agua salada, una sauna finlandesa, un jacuzzi, una terraza 'chill out' con barra de bar, un cenador con una enorme mesa con plataforma giratoria a medida y una fuente ornamental.
Sin licencias
Según un informe pericial encargado por Javier Meléndez, la reforma costó 1.165.390 euros. Según un escrito de la madre de Meléndez al que tuvo acceso eldiario.es, en el momento en que se realizaron las obras ni Javier Meléndez ni Silvia Clemente contaban con ingresos conocidos que les permitieran afrontar esos pagos. Él ganaba, a través de las empresas familiares fundadas por sus padres –Agroinnova y Patatas Meléndez–, un sueldo de “menos de 3.000 euros netos al mes”. Ella cobraba su sueldo como consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León: unos 70.000 euros brutos anuales.
Pero la reforma, además de ser costosa, fue ilegal. Se realizó sin solicitar licencia de obras. Tanto es así, que poco después hubo que legalizarla, tras una inspección del Ministerio de Hacienda a través del Catastro. El enfrentamiento entre Javier Meléndez y sus padres en 2015 motivó una serie de denuncias cruzadas en los juzgados en los que entre otras cosas, una parte y otra se disputaban la propiedad de la casa.
El pacto de silencio
Lo que pretendía ser la paz definitiva se firmó en enero de 2017. En él se hacía constar que no se podía “divulgar ante terceros la existencia y contenido de las actuaciones judiciales y documentos aportados a los procedimientos citados”. Tampoco se permitía “utilizar, ceder o divulgar, directa o indirectamente, información, ya sea reservada o no, de índole profesional y/o personal y/o familiar y/o empresarial y/o ajena al ámbito empresarial” ni “realizar comentarios públicos relacionados con las sociedades Agroinnova, Patatas Meléndez, Agromeléndez, así como con sus respectivos socios, trabajadores, profesionales, órganos de administración, clientes, empleados de clientes, proveedores o terceros, ya sean personas físicas o jurídicas relacionados con todos los anteriormente citados”.
Pero además se protegía la imagen de Silvia Clemente, en ese momento ya presidenta de las Cortes de Castilla y León, con un apartado que decía textualmente que las partes en conflicto se obligaban recíprocamente “y de forma tan amplia como sea posible entender dicha obligación, a no perjudicar en forma alguna, ni a nivel profesional ni personal, ni a los propios comparecientes ni a sus cónyuges y vinculados, ni tampoco a sus clientes” entre los que se cita a unos grandes almacenes y una cadena de supermercados, ni a empleados ni a administradores de estos. “Dicha obligación se extiende, expresa aunque no únicamente, a la buena imagen y reputación de todos los citados”.
Cualquier incumplimiento de ese exótico contrato obligaría a satisfacer al perjudicado con 5 millones de euros “en concepto de pena convencional que no sustituirá a la indemnización por daños y perjuicios, incluido el lucro cesante”.
El burofax de Clemente contra su suegra
Sin embargo, la paz no duró demasiado. En septiembre de 2018 Silvia Clemente envió a su suegra un burofax en la que la culpaba de haberla “insultado gravemente en presencia de terceros” y de atribuirle de forma “totalmente infundada con pleno conocimiento de su falsedad y temeridad, la comisión de ilícitos penales” en su condición de política. Además, advertía a la mujer de que podría “ejercitar en su contra cuantas acciones correspondan” y la responsabilizaba de hechos que según Clemente eran “constitutivos de posibles delitos de injurias y/o calumnias”.
La respuesta de la suegra al burofax de su nuera fue otra carta de vuelta repleta de reproches en la que acusaba a Clemente de llevar “la desgracia” a su familia, que nunca hasta entonces, “había pisado un tribunal de justicia”.
En ese burofax, la madre del marido de Silvia Clemente se pronunciaba claramente sobre las obras de la casa familiar. “En ese pleito aprendí que no existía licencia de obras, que no había memoria, que no había descripción técnica y que no había una sola factura justificativa del pago de los trabajos que su propio informe pericial valoraba en 1.165.390 euros”. “A estas alturas, no me cabe duda que mi hijo (su esposo) y usted han pagado las obras, porque no me consta que ninguno de los gremios o de los oficios que intervinieron hayan reclamado deuda alguna, y tampoco concibo que no cobren y no reclamen. O sea, que han cobrado”, recordaba la suegra a Silvia Clemente.
En otra parte de la comunicación, la suegra de la dirigente política, hoy en Ciudadanos, insiste en preguntarse de dónde salió el dinero para pagar tanto lujo en la vivienda: “Le recuerdo que en el mismo procedimiento consta que mi esposo y yo dijimos que no podíamos entender de dónde ha salido el dinero para pagar la cantidad que ustedes mismos decían: 1.165.390 euros, porque en las fechas en las que se construyeron las mejoras y, supongo, se hicieron los pagos, mi hijo menor solo tenía los ingresos de su salario en las empresas familiares, que no alcanzaban los 3.000 euros netos al mes”. “Porque nuestro hijo menor no tenía capacidad alguna de pagarlo y usted, con su retribución pública, tampoco”.
“No voy a pedirle disculpas por nada de ello, no voy a mentir y tampoco lo voy a ocultar” [...] “A esta fecha no me consta que haya aparecido una sola factura justificativa del modo en que mi hijo y usted pagaron ese importe, ni de cómo consiguieron el dinero para ello. No la acuso, no deduzco conclusiones, no extraigo consecuencias, no la juzgo y prefiero no decirle lo que pienso. Lo que sí le digo es que eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que consta judicialmente. No lo negaré y no negaré ante nadie que me pregunte que, en mi opinión los hechos han ocurrido de ese modo. Son otros, con más peso que yo, los que tendrían que preguntar cómo se pagaron esos 1.165.390 euros, de dónde salió el dinero, cuál fue su origen y demás”, finalizaba.
Personas a las órdenes de Clemente relacionadas con la casa
Poco después, la guerra familiar se materializó en una nueva demanda en la que Meléndez y sus dos empresas exigían el pago total de 20 millones de euros (cinco a su padre, cinco a su madre, cinco a su hermano y cinco a la empresa de este) por incumplir el pacto, si bien no ha querido seguir adelante con el procedimiento.
Tal y como desveló este diario, Silvia Clemente, que siempre ha negado haber hecho uso de la vivienda o tener nada que ver con las obras, concedió más de 400.000 euros en contratos públicos al responsable de las obras de la casa. Raúl David Rodríguez Ibáñez, administrador único de la sociedad Reparaciones Rada SL figura en un informe de tasación sobre el chalé como “el contratista” de la reforma de lujo, encargado por Javier Meléndez.
Reparaciones Rada SL se creó el 28 de enero de 2010 en Valladolid, poco antes de que Meléndez, encargase las obras de reforma en la casa de sus padres. Su capital social es de 3.010 euros, y tuvo una denominación anterior, Mat Obras Urbanas SL. La mercantil recibió, según fuentes del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), dependiente de la Consejería de Agricultura“muchos contratos menores” en la etapa en que Clemente estaba al frente de Agricultura. En la web de la propia empresa en el apartado de “trabajos realizados” donde recoge servicios destacados, dice literalmente: “Mantenimiento de las instalaciones, Jardines e infraestructuras del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, así como de las diversas reparaciones y reformas que allí se acometen”. Cuando Silvia Clemente pasó a presidir las Cortes, en 2015, Reparaciones Rada empezó a recibir encargos del Parlamento. El montante total de sus facturas abonadas por ambas instituciones entre 2009 y 2018 es de 459.058,14 euros.
Ibáñez no es la única persona relacionada con las costosas obras que estuvo a las órdenes de Clemente. Su jefe de Gabinete cuando ella era presidenta de Las Cortes de Castilla y León, el arquitecto Enrique Gilarranz Leonor, fue el autor de un primer informe pericial que el marido de Clemente presentó en el juzgado en 2015.
Meléndez recurrió a Gilarranz porque ya formaba parte del círculo de confianza de su mujer, puesto que trabajaba en la Junta desde 2004 y estuvo en la Consejería de Agricultura a las órdenes de Clemente. Gilarranz realizó el informe sobre la casona en septiembre de 2015 cuando era coordinador de Servicios de la Dirección General de Infraestructuras Agrarias y Diversificación Rural del departamento que dirigía Clemente.
El informe se presentó en el juzgado fechado el 25 de noviembre de 2015. Sólo 10 días antes, el 15 de noviembre, Gilarranz salió de Agricultura y recaló en el Parlamento autonómico. Fue nombrado asesor de Gabinete de la Presidencia de las Cortes por Silvia Clemente. Año y medio después, cuando ese primer procedimiento se resolvió favorablemente para el marido de Clemente, la presidenta de Las Cortes lo ascendió a director de su Gabinete. Gilarranz, como personal eventual volvió a ser refrendado en su puesto el pasado 22 de febrero.