Nuevo cierre, provisional, de la investigación judicial sobre presunta corrupción en la contratación municipal en Astorga enmarcada en la operación 'Enredadera'. El TSJ de Castilla y León confirma que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Astorga ha sobreseído provisionalmente la causa al no apreciar indicios de delitos, tras la reactivación de la investigación a finales del 2020.
La jueza opta por echar el cierre provisional, por si aparecen nuevos indicios de delito que se deban investigar, a un caso que ya fue intento de cierre en el 2019 a petición de la fiscalía aunque finalmente, tras el recurso de la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, declararon los investigados como los empresarios José Luis Ulibarri o Ángel Luis García 'El Patatero' o el exalcalde de Astorga, Arsenio García.
Desde finales del 2020 y principios del 2021 por el juzgado declararon los hasta entonces imputados con una misma estrategia procesal, sólo contestar a sus abogados defendiendo su inocencia pese a las grabaciones realizadas por la Udef que orientaban la comisión de varios presuntos delitos. Pese a que el caso partió de una denuncia de la Fiscalía en las piezas leonesas la inacción del ministerio público ha sido total, sin solicitar pruebas y apoyando las peticiones de archivo de las investigaciones.
El juez de Instrucción de Badalona, Pablo Alonso, que investigó durante dos años el entramado de la Operación Enredadera concluyó en su informe que las escuchas telefónicas al alcalde de Astorga, Arsenio García, y al concejal de Urbanismo, Manuel Ortiz “permiten inferir la existencia de un concierto continuado en el tiempo al objeto de adjudicar irregularmente” diversos contratos. De ahí derivó la operación policial en la que la actual jueza titular del caso no encuentra indicios de delito.
El principal empresario imputado, el ahora confesor de delitos en 'Gürtel' José Luis Ulibarri, negó que el contrato de las basuras de Astorga fuera relevante para sus empresas, uno de los investigados, afirmando que lo desechó por su corta duración. Además negó conocer a varios de los imputados y echó la culpa de las conversaciones a su socio Ángel Luis García.
El inicio de la causa se debe a una investigación judicial en Badalona que derivó luego en pinchazos telefónicos en León y la apertura de causas separadas en León y Astorga. En julio del 2018 fueron detenidos cinco personas relacionadas con la trama maragata: el alcalde de Astorga, Arsenio García (PP); el alcalde de Villarejo, Joaquín Llamas (PSOE); y los concejales de Astorga Pablo Peyuca (PAL), Javier Guzmán (PP) y Manuel Ortiz (PP). Todos fueron puestos en libertad sin medidas cautelares aunque imputados en la causa.
El cierre de la pieza de Astorga se une al ya realizado en la de León, pero es independiente de la separación en 30 piezas de la investigación radicada en Badalona, decretada por el juzgado antes del verano. En ella el juzgado proponía reactivar la investigación con piezas separadas por presuntos delitos cometidos en San Andrés y Villaquilambre.