El Juzgado de lo Social número 1 de Salamanca, León, Segovia, Ávila y Zamora han ordenado a la Consejería de Sanidad a suministrar “con carácter urgente e inmediato y de forma continuada” material de protección al personal sanitario para evitar contagios por el coronavirus.
Los cinco juzgados dan a Sanidad un plazo de 24 horas para hacer efectiva la entrega del material a todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de Atención Primaria, servicios de emergencias, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales “públicos o privados” de ambas provincias.
La decisión ha sido comunicada de forma paralela e independiente por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, después de que los cinco juzgados hayan aceptado la solicitud del del Colegio Oficial de Médicos de León y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Los magistrados especifican que el material a suministrar debe incluir impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus consumibles, kits de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos.
La medida pretende garantizar “no sólo el derecho fundamental a la integridad física y moral del personal estatutario y en su caso funcionario” sino que “dicha protección va más allá, por cuanto con las medidas que ahora se van a adoptar, también se está tutelado la salud pública, es decir el derecho fundamental a la integridad física y moral de los ciudadanos”, destaca el magistrado del Juzgado leonés.
En ese sentido se expresa la Jueza de Salamanca, que recuerda “la obligación legal de las empresas”, y también de la Administración, “de proteger a los trabajadores, lo que lleva consigo la de dotarles de los medios preventivos necesarios para que puedan realizar su trabajo, en las mínimas condiciones de seguridad”.
En el Auto, la magistrada salmantina, asegura que, aunque no se cuestiona el esfuerzo que pueda estar llevando a cabo la Administración demandada para dotar de medios adecuados al personal sanitario, “es un hecho notorio y evidente es que en la práctica tales medios están resultando insuficientes”.
Rechazo del Tribunal Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo denegó este miércoles la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para que se instará al Ministerio de Sanidad a proveer en el plazo de 24 horas a todos los centros sanitarios nacionales públicos y privados de una serie de medidas de protección.
El Supremo destaca en su resolución en primer lugar que la CESM no precisa en su escrito contra qué actuación de la Administración se dirige y frente a la cual considera que sería imprescindible la medida cautelarísima -a adoptar sin escuchar primero las alegaciones del resto de partes- que se reclama.