El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles que el próximo domingo día 9, cuando está previsto que concluya el estado de alarma en todo el territorio nacional, decaerá también el actual toque de queda y el cierre perimetral que rigen en la Comunidad. El presidente deja así en suspenso la posibilidad de promover nuevas restricciones que debería ratificar el Tribunal Superior de Justicia. El pasado lunes, la consejera de Sanidad, Verónica Casado (Ciudadanos), aseguraba en rueda de prensa que el próximo jueves el Consejo de Gobierno anunciaría nuevas restricciones para contrarrestar el fin del estado de alarma. Actualmente, en Castilla y León el toque de queda está establecido entre las 22,00 y las 06,00 horas y se aplica el semáforo para cerrar el interior de la hostelería cuando la incidencia acumulada a 7 días supera los 150 casos por cada 100.000 habitantes. El semáforo es una de las medidas que las comunidades pueden mantener sin que sea necesario el estado de alarma.
Fernández Mañueco ha afirmado en Ávila, donde se encontraba presentando el proyecto de la unidad satélite de radioterapia del Hospital, que con el fin del estado de alarma, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, deja a las autonomías toda la responsabilidad frente a la pandemia. “Ha abandonado a las comunidades autónomas sin ningún tipo de apoyo legislativo y sin ningún instrumento jurídico nuevo”, ha asegurado el presidente, quien ha vuelto a reclamar una legislación intermedia entre el actual estado de alarma y la normativa sanitaria existente.
“No hay viabilidad jurídica” para tomar decisiones
El presidente también ha asegurado que “la recuperación económica de Castilla y León comienza el 9 de mayo” al tiempo que ha reprochado que el Gobierno sólo haya posibilitado que las Comunidades acudan al Supremo si un tribunal les echa abajo una medida que antes posibilitaba el estado de alarma. A pesar de ello, Mañueco asegura que no incurrirá en “dejación de responsabilidades” como el Gobierno central.
El desistimiento del Gobierno de Castilla y León de mantener el toque de queda o el cierre perimetral, viene dado, según ha explicado el presidente, por las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que el pasado mes de octubre “dejó claro que estas decisiones” respecto del toque de queda o de los cierres perimetrales, son “cuestiones que deben ser reguladas por ley orgánica” y “no hay ninguna ley orgánica en este sentido, ya que lo que tiene que ver estrictamente con el toque de queda ”requiere una legislación excepcional como es en el estado de alarma“, ha justificado.
Mañueco ha insistido en que “el Gobierno de España no ha hecho sus deberes” y en que “tenía que haber aprobado una legislación intermedia entre la legislación sanitaria ordinaria que se ha visto superada por las circunstancias de la pandemia y una situación excepcional, como es el estado de alarma”. “Se lo prometió a las comunidades autónomas, a las fuerzas políticas y a distintos representantes sociales”, pero “eso no ha ocurrido”, ha dicho el presidente. Los servicios jurídicos de la Junta, “ante las reiteradas resoluciones judiciales y autos de los tribunales superiores de Justicia” “no tiene viabilidad jurídica, no hay grieta jurídica en el armazón” y por ello la Junta de Castilla y León no tomará decisiones en ese sentido.
No obstante, Fernández Mañueco ha destacado que Castilla y León avanza a buen ritmo con las vacunas pero que, mientras tanto, es esencial continuar aplicando la prudencia individual y colectiva. Además, el presidente de la Junta ha subrayado que frente a la gestión del Gobierno central, Castilla y León cuenta con un gobierno estable para los dos próximos años que ofrece confianza a todos los sectores sociales, ayudas económicas a los más afectados por la crisis económica provocada por la pandemia, y una política fiscal moderada. A pesar de esta afirmación, el Gobierno autonómico atraviesa una situación complicada tras una moción de censura de los socialistas que fracasó pero que provocó la salida de una procurada de Ciudadanos y la pérdida de la mayoría absoluta obtenida con el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos. Hace un par de semanas, el Gobierno trató de alcanzar un pacto de estabilidad con Por Ávila, un partido que cuenta con un solo diputado en el Parlamento autonómico y cuyo voto es vital. Sin embargo, las negociaciones se han paralizado.
Lejos de avanzar que habrá más restricciones, Fernández Mañueco ha avanzado que la Junta de Castilla y León prepara un nuevo paquete de ayudas para las empresas de la Comunidad dotado con 200 millones de euros, la mayor parte de ellos procedentes de la partida del IVA que el Estado adeuda a la Comunidad y para la que ha vuelto a reclamar su pronto pago.