Una revolución agraria

Sobre las movilizaciones del sector primario en Castilla y León, al margen de las formas de la misma y la falta de coordinación, sin una representación de las organizaciones agrarias que hace complicada la negociación, considero que hay motivos para la protesta y uno relevante es el modelo de producción agroindustrial implantado y la forma de realizar la distribución de los alimentos que amenaza a la agricultura y a la ganadería locales, sobre todo las de pequeña y mediana escala. Desde el año 2009, un 8% de las explotaciones agrarias han desaparecido y cada vez hay más explotaciones con más de 100 hectáreas.

La distribución por propietario y extensión en Castilla y León son reflejo de esta acumulación de tierras en unas decenas de miles de personas: 28.000 personas con más de 50 hectáreas de tierra, el 85,7% del total y casi 57.000 con menos de 50 ha de tierra, el 14,3% del total. La tierra está pasando a estar en manos de las grandes empresas y los fondos de inversión que expulsan a quienes no pueden soportar los costes, las inversiones o dejan de tener viabilidad económica. Se está produciendo lo contrario de lo que proponemos desde la izquierda: la tierra para quien no la trabaja.

El sector primario industrial como negocio

El problema de la agricultura industrial es que percibe la alimentación como negocio en vez de como un derecho humano. Es por ello que orienta los recursos naturales a la generación de beneficios para unas pocas empresas incrementando el uso de fertilizantes químicos, herbicidas e insecticidas dependientes del petróleo y contaminantes que también generan negocio.

La ganadería industrial forma parte también de este modelo alimentario mercantilista. La producción de carne requiere de grandes consumos de agua y tierras que alimenten al ganado, además de la energía para el transporte. Hay que reducir este consumo de carne, como dijo el ex-ministro Garzón y la Organización Mundial de la Salud y centrar este consumo en la ganadería de proximidad. El modelo de macro-granjas, como la que se proyectaba construir en Noviercas de más de 23.000 cabezas de ganado mayor y que el Gobierno de España ha paralizado, hace de nuestra tierra un sitio donde la relación entre cabezas de ganado y personas es desproporcionada. Porque en otros sitios no quieren la contaminación derivada de la producción de carne y la Junta de Castilla y León no tiene un proyecto de ganadería, ni de Comunidad, sino el proyecto de lo que no quieren otras Comunidades Autónomas.

La soberanía alimentaria vs. criminalización del salario mínimo

La propuesta de soberanía alimentaria es hacia la que habría que caminar, pero ello supone un cambio de modelo productivo y de organización del sector agrario para responder a los intereses de la gente y no a los de las grandes empresas del sector. Y quienes están en la Junta de Castilla y León solo están por la labor de canalizar este malestar hacia el Gobierno de España y favorecer a los grandes propietarios.

Lamentamos las declaraciones de grandes empresarios agrícolas quejándose de la situación del sector cuando tienen unos márgenes de beneficio muy altos, insultando a la ministra de Trabajo o criticando las inspecciones realizadas por el Ministerio o criminalizando la subida del Salario mínimo diciendo que en el campo no se iba a aplicar. Casi una de cada tres personas a las que afecta esta subida trabajan en la agricultura.

Estas medidas son muy necesarias para garantizar los derechos de la clase trabajadora en el campo, la mayoría de ellos y ellas personas migrantes. Y estas críticas de determinados empresarios son un incentivo para exponer que entre el trigo está la cizaña y que hay parte del sector que tiene, un conflicto más político-laboral y de respeto a los derechos humanos, que otra cosa.

La culpa no es de los ecologistas

Las propuestas de achacar la situación del campo al cambio climático, a la agenda 2030 o a una producción sostenible y saludable tienen que ver con esta visión economicista de la tierra en lugar de una visión de cuidar la casa común de la que todas y todos nos alimentamos. A largo plazo no es posible una agricultura que trabaje la tierra maltratándola más y hay que caminar también hacia una ganadería que trate mejor a los animales.

Según los últimos datos disponibles en 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) hubo importantes empresas agro-alimentarias que tienen su origen o implantación en Castilla y León que percibieron ayudas millonarias de los fondos públicos agrarios: Campofrío, 16,9 millones de euros, la bodega Protos, más de 4 millones de ayudas, Agralsa de Salamanca con más de un millón de euros, Castrofresno en Ávila con 197.000€, …

La realidad del sector es bastante dispar y en el debate político de la PAC ya se propuso la reducción sustancial de las ayudas a grandes empresas y latifundistas y el reparto entre las explotaciones más pequeñas. Las políticas neoliberales se impusieron en Europa, se ratificaron los tratados de libre comercio, entraron en el sector fondos de inversión con carácter especulativo y parece que todas esas decisiones políticas, tomadas de manera consciente, no tienen nada que ver con la situación del sector agrícola y ganadero. Y no es así.

A estos problemas históricos se añade ahora otros de nuevo cuño como la implantación de la nueva PAC 2023-2027, el negacionismo climático, la guerra de Ucrania y su más que posible entrada en la Unión Europea, la sequía, la importación de productos de otros países que no tienen la misma normativa que en la Unión Europea... Un cúmulo de factores que hacen todavía más complicado vivir del campo.

Soluciones para el campo castellano y leonés

La solución tiene que pasar por prescindir de los grandes intermediarios con grandes porcentajes de ganancia y apostar por los productos de proximidad, planificar la agricultura y la ganadería, abandonar las políticas de incentivar regadíos en zonas de secano, generar alianzas entre consumidores y productores. Necesitamos proyectos referentes como ARCO (Agricultura con responsabilidad compartida) u otros grupos de producción y consumo que sean ejemplo para articular un cambio de modelo productivo agrícola y de comercialización de los productos del campo.

Y para llegar a conclusiones y a soluciones concretas para esta situación, la protesta necesita canalizarse, tener un interlocutor válido elegido democráticamente, movilización y negociación, ganarse a la opinión pública, tener asambleas donde se debata sobre las posibles medidas como: profundizar en la ley de cadena alimentaria, una mayor fiscalización del comportamiento de las grandes distribuidoras y las grandes superficies. Porque los márgenes de beneficio de los intermediarios son indecentes, mientras en ocasiones no sale rentable recolectar la cosecha.

Nuestra labor social y política tiene que ser proteger a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias porque es imposible competir contra quienes cobran millones de euros de subvenciones, no solo por el volumen de producción sino también por el modelo de empresariado que genera.

Y al consejero de Agricultura de extrema derecha, igual que al consejero de Industria cuando tenía que salvar la empresa Siro con más de mil trabajadores en Castilla y León, ni está ni se le espera.