La Junta de Castilla y León justifica el cierre del Laboratorio Regional de Calidad Ambiental (LARECA) en una derivación cada vez mayor de las analíticas a entidades acreditadas, que además las realizan a un coste “bastante inferior”, y afirma que el equipamiento está obsoleto y no puede cumplir las exigencias de los controles actuales.
El sindicato CCOO ha denunciado este jueves el desmantelamiento del laboratorio, localizado en Burgos, mediante la extinción de las nueve plazas de técnicos, lo que deja descabezado un centro que, a juicio del sindicato, debería ser un referente de servicio público pues es el único del que dispone la Junta para realizar un control ambiental en Castilla y León.
Sin embargo, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio han explicado a EFE que las labores para las que se creó este Laboratorio de Calidad Ambiental, centradas en el análisis de muestras recogidas por inspectores en instalaciones industriales, “es algo que desde hace muchos años no se realiza”.
“Hay un amplio elenco de entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que lo pueden hacer con garantías de veracidad, y cargando los costas a la actividad industrial”, han insistido, y así se está haciendo en las autorizaciones ambientales cuando se requieren muestreos y analíticas para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Según Medio Ambiente, el laboratorio se centra en el desarrollo de analíticas de filtros de equipos manuales de medición de partículas y metales en aire ambiente (unos 400 filtros al año) y “alguna muestra que esporádicamente llega recogida por agentes medioambientales o del SEPRONA”, pero sin acreditación que permita dar validez a los resultados, matizan.
Además, los equipamientos de los que dispone son antiguos y están obsoletos, y no solo se requiere de una inversión “significativa” para su continuidad, sino que los exigentes requisitos en los controles hacen que dichos equipamientos se acaben quedando obsoletos en un corto espacio de tiempo.
Todo ello lleva a la Junta de Castilla y León a justificar el cierre del laboratorio ya que, dado que “no se esperan nuevas cargas de trabajo” y se está promoviendo un decreto sobre inspección que “carga aun más la labor en entidades acreditadas”, la plantilla “está muy sobre dotada”.
“Teniendo en cuenta que las analíticas que lleva a cabo pueden ser desarrolladas por entidades acreditadas o centros de investigación de universidades con un coste bastante inferior al que cuesta solo el personal de este laboratorio, se plantea al cierre de estas instalaciones declarando a extinguir las plazas de personal laboral”, han explicado.
En concreto, los cuatro analistas de laboratorio y los tres auxiliares, personal específicamente dedicado al trabajo propio del centro, pero también las plazas de personal laboral dedicado a labores de mantenimiento y seguridad, tres peones y tres vigilantes, tal como se recoge en la nueva RPT que la Junta quiere aprobar en agosto.
Sus trabajos pueden ser realizados también por empresas externas “a un coste muy inferior y con mayor eficacia”, de ahí que estas seis plazas también se vayan a eliminar, ha confirmado la Junta.