La Audiencia Provincial de Salamanca ha confirmado la imputación del PP de Salamanca, su presidente, Javier Iglesias y su gerente, Isabel Sánchez, por la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca en 2017, durante las primarias que ganó el actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En el auto, al que ha accedido elDiario.es, la Audiencia desestima sus recursos contra el auto del juzgado que investiga el caso y que les citó a declarar el 30 de diciembre de 2021 en calidad de investigados. La Audiencia respalda al juzgado al entender que sólo están justificadas las cantidades sobre las que los donantes, altos cargos del partido, realizaron declaraciones juradas, pero no sobre el resto, por lo que se cuenta con indicios suficientes como para que el partido declare como investigado como persona jurídica, Iglesias por ser el presidente del PP de Salamanca y porque hay testigos que señalan que fue él quien ideó la recaudación, y Sánchez por ser la máxima responsable económica del partido como gerente que era.
La investigación del conocido como 'caso primarias' trata de aclarar de dónde salió el dinero con el que, entre el 31 de diciembre de 2016 y el día 17 de marzo de 2017 se amortizó una deuda por cuotas de afiliados de 61.937,65 euros. Según el PP, esa amortización se produjo por abonos de cuotas de transferencias en la cuenta del PP de Salamanca entre el 1 y el 16 de marzo de 2017 (4.012,15 euros), por cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en la cuenta de partido (7.004 euros) o por cuotas abonadas por afiliados para su posterior ingreso nominativo en la cuenta (9.431,50 euros) o por cuotas de afiliados abonadas por cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente en el pago de las cuotas de “afiliados morosos” por importe total de 41.490 euros. Los 'donantes', que aportaron declaraciones juradas al juzgado asegurando que habían entregado diversas cantidades, no supieron aclarar al juez ni a quién le entregaron el dinero, ni si lo entregaron en un sobre, o por qué no pidieron un recibo.
Esos 41.490 euros que aportaron en metálico y que fue abonada en la cuenta bancaria del Partido Popular, se supone que responde a abonos voluntarios en el período de 10 a 17 de marzo de 2021 para pago de las cuotas de “afiliados morosos”, pero lo que se ha justificado en declaraciones juradas es una cantidad mucho menor, 17.350 euros y queda sin justificar la suma de 24.140 euros, que para el fiscal es una “donación anónima ilegal”. El partido ha intentado explicar el origen del dinero sin éxito. “En el supuesto de aceptarse como válidos los justificantes de cantidades extraídas de cuentas bancarias personales de cargos públicos del Partido Popular entre los días 10 a 17 de marzo de 2017, que ascienden a un total de 9.800 euros, queda sin justificar la suma de 14.340 euros (como donación anónima ilegal); e, incluso, aceptándose hipotéticamente las cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo de 2017, que ascienden a 7.250 euros, queda sin justificar la suma de 7.090 euros (como donación anónima ilegal)”, recuerda la Audiencia.
En su recurso, el PP argumenta que nunca con carácter previo se había cuestionado por nadie, ni en ninguna forma, la justificación/ratificación de las cantidades entregadas por cargos ofrecidas mediante movimientos bancarios; ni se había pedido ni acordado ninguna diligencia de prueba sobre ellas y por otra parte considera que todos los pagos se encuentran justificados. Por contra, la Audiencia apunta al informe del Ministerio Fiscal, en el momento de dictarse el Auto recurrido, que asegura que solo se podrían justificar como justificados 17.350 euros en virtud e de las declaraciones juradas realizadas. De ese modo, asegura que “en ningún caso” la documentación bancaria justifica que el resto de los abonos efectuado corresponde al pago por terceros de las cuotas de afiliados pendientes. Y ello es porque la mayoría de los documentos aportados no son más que reintegros (cantidades extraídas de cajeros) que no demuestran que el dinero se sacase para ese fin (pago de cuotas de morosos) en concreto.
“Por tanto, si nos atenemos a que las presentes diligencias previas se incoaron hace más de dos años, que se han practicado numerosas diligencias de investigación, dictado varios autos por esta Audiencia y que a la fecha no se dan las condiciones necesarias por lo expuesto para acordar el sobreseimiento del procedimiento la llamada del Partido Popular como investigado es lógica y se entiende que con la misma se están garantizando sus derechos”, dice el tribunal. Así, subraya que “ya que desde el momento en que resulte sospechoso de haber participado en el hecho punible el imputado no declare como testigo porque, a diferencia de este último, el imputado no sólo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar total o parcialmente, en virtud de los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, reconocidos en el artículo 24.2 CE (SSTC 118/2001, de 21 de mayo, FJ 2; y 18/2005, de 1 de febrero, FJ 5)”.
El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, recurrió su citación en calidad de investigado por la falta de acreditación de ningún hecho punible y porque no se ha motivado de forma suficiente cuál es su participación en los hechos investigados. Tanto el Ministerio Fiscal como el abogado de la acusación particular se oponen y afirman que la declaración de Iglesias viene determinada, prácticamente obligada por su condición de presidente del Partido Popular lo que conlleva la representación legal del partido. Pero además, la declaración de diversos testigos durante la instrucción asevera que fue Iglesias quien instó a que realizaran las convocaciones para recaudar el dinero. Entre los testigos que hicieron estas declaraciones se cita al exprocurador de las Cortes de Castilla y León, Salvador Cruz, la exalcaldesa de Cantalapiedra, Juana González Mulas, la del diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro y la del senador Gonzalo Robles. Con estas declaraciones llegan a la conclusión de que no parece que las aportaciones fueron el resultado de un movimiento espontáneo, sino por el contrario “una campaña orquestada y organizada”.
Para la Audiencia, “con independencia de la conclusión a la que llegan las acusaciones y que no es objeto del presente recurso”, considera que una declaración como investigado es una diligencia de investigación que puede ser útil para la averiguación de los hechos y la identificación de los culpables y es también una garantía del derecho de defensa, por lo que no considera que la decisión de ser llamado como investigado por parte del Magistrado Instructor sea errónea. Y para argumentarlo recuerda que su citación se se produce después de haber practicado numerosas diligencias de investigación, principalmente documentales y testificales, y que de las mismas resulta por una parte que “no están determinadas claramente el origen de todas las donaciones” porque la existencia de meros recibos bancarios no suponen por sí solo que los reintegros fueran los destinados a las aportaciones realizadas, y “ello sin valorar además los recibos que temporalmente no se corresponden con la época de las votaciones” y por otro “que varias declaraciones testificales hacen referencia al protagonismo del señor Iglesias en la iniciativa de las donaciones”. De este modo su declaración no es “superflua” y no implica que el procedimiento judicial se vaya a dirigir necesariamente hacia él, “y mucho menos la supuesta culpabilidad del mismo en los hechos investigados”. Señala la Audiencia que, aunque la idea de efectuar donaciones se le ocurriese a Iglesias o fuese alentada por él “no constituye ningún tipo de ilícito siempre que las donaciones se hubieran efectuado conforme a la ley de financiación es decir que no fueran donaciones anónimas, finalistas o revocables”.
La gerente del PP de Salamanca, Isabel Sánchez, también ha visto desestimado su recurso y el tribunal se refiere al mismo razonamiento que hace para Iglesias, en que la declaración como investigada es garantista con ella y que además es la máxima responsable económica, y la responsable contable de las cuentas del partido.
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