El 'caso primarias' abocado a juicio: de las “donaciones altruistas” a la financiación ilegal del PP de Salamanca

La investigación del 'caso primarias' se da ya por conclusa. Agotado el plazo de instrucción y con tres imputados -el propio PP de Salamanca, su presidente y su gerente- la investigación acabará en un juicio para determinar si durante las primarias que acabó ganando en 2017 el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el PP de Salamanca se financió ilegalmente.

El pasado jueves la Audiencia Provincial de Salamanca desestimó los recursos del partido, el presidente, Javier Iglesias, y la gerente, Isabel Sánchez, interpuestos hace casi un año cuando el juzgado de instrucción los citó a declarar “en calidad de investigados”. No ha dejado espacios en blanco: El PP, dice, no ha acreditado la procedencia de más de 24.000 euros del total de más de 60.000 de la deuda que amortizó. Su presidente, además de ser responsable del partido es quien, según los testigos, organizó o alentó la recaudación de dinero entre los cargos electos del partido para sufragar las cuotas de morosos y estos pudiesen votar a Mañueco, y la gerente era la máxima responsable de las cuentas del partido.

Que el representante del PP, el presidente y la gerente se negasen a declarar hace un año, sólo ha tenido un efecto: si podían aclarar algo, no lo han hecho y el tiempo se instrucción se ha acabado sin que puedan practicarse nuevas diligencias. Sólo queda dictar auto de procedimiento abreviado para que las acusaciones manifiesten si quieren la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El informe fantasma del Tribunal de Cuentas

Pero, antes de que el juez dé ese último paso, está a la espera de que el Tribunal de Cuentas remita al juzgado un supuesto informe que se filtró a los medios de comunicación y que ninguna de las partes ha visto y en el que entendía que el PP de Salamanca no había infringido la Ley de Partidos Políticos. Es la defensa del PP quien está reclamando desde abril ese informe que se habría realizado después de que el fiscal denunciase al Tribunal de las presuntas irregularidades que se estaban investigando. “No consta en las actuaciones que las cantidades donadas se consideran como tales por el Partido Popular, ni se ingresaran en la cuenta de donaciones, ni se diera cuenta de ellas al Tribunal de Cuentas, ni se comunicara al mismo que parte de la cantidad de 61.937,65 euros que se reconoce como deuda amortizada de las cuotas de afiliados en el informe anual remitido a dicho Tribunal, fue realizada, directa o indirectamente, mediante donaciones de terceras personas y no de manera nominativa por los afiliados”, explicaba en su escrito la Fiscalía

A lo largo de la instrucción, Javier Iglesias y otros cargos electos del partido, reconocieron al juez que cuando supieron que el PP de Castilla y León celebraría unas primarias por primera vez y concurriría “un salmantino”, Alfonso Fernández Mañueco era entonces alcalde de Salamanca, en el PP provincial surgió la idea “espontánea” de recaudar fondos para pagar las cuotas de los afiliados morosos “de manera altruista” y que estos pudiesen votar. “Se puso en marcha una maquinaria ingente”, aseguró Iglesias en el juzgado. “Se convoca un proceso de primarias que era la primera vez que se producía, con un lío tremendo de cómo funcionaba eso, que aquello era, en fin, aquello era el acabose”, explicó. Se recogió dinero en las dependencias del PP en el Ayuntamiento y la Diputación.

Sin embargo, cuando declararon quienes hicieron esas “donaciones altruistas”, acabaron reconociendo que desconocían a quiénes pagaron la deuda, que no sabían a quién entregaron el dinero, o si lo habían metido en un sobre, y que no recibieron recibo de la cantidad entregada. Por otro lado, la suma del dinero que aparece en las declaraciones juradas no se corresponde con el montante que se recaudó y para justificarlo el PP aportó recibos de extracciones de cajeros que en algunos casos no cuadran con la fecha de las primarias sino que son posteriores.

Entre los “donantes” está el propio Mañueco, que el pasado mes de febrero presentó una declaración jurada en la que aseguraba que “en el mes de marzo de 2017”, sin precisar la fecha exacta, cuando se desarrollaban las primarias que lo encumbraron como presidente del PP de Castilla y León y mientras era alcalde de Salamanca, pagó de su bolsillo y en metálico 1.000 euros en cuotas que afiliados debían al partido y que les impedían votar en el cónclave interno.

La investigación, que arrancó en 2019 con una denuncia de Foro Izquierda-Los Verdes, que se archivó inicialmente con el argumento de que se trataba un “pago de deuda a terceros” y no de financiación ilegal, y que se volvió a abrir tras un recurso que se estimó, se da por acabada. Mientras, en el PP de Salamanca el congreso provincial para elegir presidente se lleva retrasando desde hace más de un año y ha derivado en otra denuncia en los juzgados. Una afiliada pide que como medida cautelar se fije una fecha para el congreso, y se decidirá si se toma en cuenta en una vista en diciembre. El PP ha estado postergando la decisión: no quería proponer a un candidato imputado y tampoco arriesgarse a que su situación hiciese triunfar al sector crítico del partido. El auto de la Audiencia Provincial, que mantiene a Iglesias como investigado y la nueva denuncia vuelven a poner a Iglesias y al PP en una situación delicada.