Castilla y León se alinea con Feijóo e incluirá la vacunación contra el VRS en mayores pese al rechazo previo

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció este pasado lunes que todas las comunidades del PP financiarían la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para las personas mayores que viven en residencias, inmunodeprimidas, trasplantados o que son pacientes oncológicos. Una decisión que tomó Feijóo a pesar de la negativa de Ministerio de Sanidad y Directores Generales de Salud Pública de las comunidades autónomas, que decidieron posponer esta medida y “volver a realizar una evaluación con más evidencia científica”.

Un día después, este mismo martes, ha entrado en vigor el nuevo calendario de vacunación de Castilla y León sin incluir la vacuna contra el VRS en este segmento de la población. Sin embargo, fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por elDiario.es afirman que “la inmunización se llevará a cabo” a partir de octubre, cuando se ponga en marcha la campaña de la gripe y que la “inmunización del VRS incluirá a los mayores institucionalizados”.

Con esta medida, el gobierno de Castilla y León, en manos del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, acepta la directriz de Feijóo, por encima del rechazo previo de la Comisión de Salud Pública, en la que están presentes todos los directores generales, que desestimaron introducir la vacunación sistemática en población a partir de 60 años o en grupos de riesgo porque “el coste era elevado”. La decisión, previamente, se había aceptado en el órgano técnico de la Ponencia de Vacunas.

El líder nacional del PP ha afirmado haberlo “contrastado con preventivistas y especialistas en vacunas” para “comprar en bloque todas las comunidades estas vacunas”. Desde el Ministerio de Sanidad han asegurado a elDiario.es que “todas las comunidades estuvieron de acuerdo” en aplazar la decisión de financiar estas vacunas porque “faltaban estudios sobre su efectividad aplicables al contexto español y su alto coste”.

Después de aceptarse en el órgano técnico y rechazarse en la Comisión de Salud Pública por motivos presupuestarios – a la espera de una reevaluación con “mayores evidencias científicas” –, Castilla y León decide implementarlo tras el anuncio de Feijóo.