La Junta de Castilla y León ha dicho ahora, una semana después de la controversia por su medidas 'anti aborto', que no se aprobó nada dentro de los acuerdos del Consejo de Gobierno. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que el anuncio hecho por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, son solo “declaraciones políticas completamente ajenas a la aprobación de normas”.
Por tanto, el Ejecutivo de Castilla y León “inadmite” la petición -aunque un gobierno no puede inadmitir un requerimiento, sino contestar o no- al entender “la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento” ya que, no hay nada en firme. Así justifica la Junta el motivo por el que se ha aprobado la inadmisión del requerimiento del Gobierno -se les solicitaba que no se aplicase el protocolo anunciado - y aspira a despejar cualquier posible medida sancionadora. Y lo hace basándose solo en las palabras del líder de Vox, que hay que recordar que es el vicepresidente, y no en nada firmado sobre papel, por tanto, nada de lo dicho posee vigencia legislativa.
Eso sí, Fernández Carriedo ha reclamado que el Gobierno “cese en cualquier iniciativa de estirar el debate político y que paralice cualquier iniciativa judicial”. Por su parte, el presidente de la Junta ha defendido en un mensaje de Twitter su posición de inadmisión del requerimiento al “no haberse producido ningún acuerdo que vulnere la legislación”. Asimismo, ha exigido a Sánchez que “rectifique y abandone su política de acoso a Castilla y León”. “No vamos a permitir ataques a nuestra tierra”, ha concluido.
Mientras tanto, en el canal 24 horas la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha pedido al ejecutivo autonómico que aclare qué va a hacer y ha reiterado que un gobierno autonómico no puede inadmitir nada “desde el más puro concepto administrativo”. “Un requerimiento no se puede inadmitir, se puede contestar o no contestar”, ha zanjado en la entrevista.
Fuentes de Moncloa reprochan a la Junta de Castilla y León que “escuda” en que no hay una normativa aprobada, pero recuerdan que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que la vía de hecho permite “requerir el cese de un anuncio normativo si vulnera la ley o las competencias”.
El gobierno autonómico, con el amparo de sus servicios jurídicos, justifica el rechazo a la solicitud del Gobierno de España es que, dado que “no hay un hecho impugnable”, se incumple el requisito que exige un requerimiento de esta naturaleza, que es que “se especifiquen con claridad los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia”. Asimismo, Carriedo ha asegurado que la inadmisión ya es la respuesta al Gobierno.
Dicho plan, como aseguró el líder de Vox y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, era una serie de “medidas pro vida” que iban a entrar de manera “inmediatamente” -se dijo que el lunes de esta semana- aunque se ha mandado a la nevera. Ese protocolo incluía que a las mujeres embarazadas, también las que quieran abortar, se les ofrecerá escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, una fórmula con la que el Gobierno autonómico aspira a disuadir a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo.
“Inexistencia” del protocolo
A la falta de aprobación del protocolo, como ha explicado Carriedo, la Junta suma otros dos motivos para no aceptar el escrito del Consejo de Ministros. Además de que la “inexistencia” del objeto -el protocolo- hace que “no exista acto alguno que impugnar”, el Consejo de Ministros ha planteado un requerimiento por un conflicto constitucional de competencias cuando “ni siquiera” discute “la titularidad de la competencia”, sino su “hipotético ejercicio” por parte de la Administración autonómica. Por tanto, la falta de presupuesto para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional conlleva “necesariamente” la inadmisión. El último motivo expuesto es que tanto el presidente y del consejero de Sanidad ya habrían dado respuestas lo demandado por el Gobierno negando la existencia de ningún acuerdo que contraviniera la Ley“.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, esta vez solo, se ha encargado de reiterar en bastantes ocasiones que no se ha aprobado ninguna modificación del protocolo y que “no se va a modificar”, contradiciendo al vicepresidente quien la semana anterior ya había dicho que era “un acuerdo que ha sido negociado y consensuado con el consejero de Sanidad”.
Vox quiere el protocolo por escrito, el PP niega modificaciones
Después de una semana intensa al portavoz le ha tocado ponerse el traje de luces y torear las preguntas de los periodistas para evitar asumir errores o contradecir de forma explicita al socio de Gobierno. El líder de Vox, Iván Espinosa de los Monteros aseguraba que estaban esperando a que protocolo se “plasme por escrito” y se cumpla con lo acordado la semana pasada. “Tardaremos lo que tarde el PP en decidirse, pero estamos en conversaciones con ellos”, ha indicado.
Las palabras del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados chocan con la postura defendida por el PP en la Junta. Carriedo solo ha hablado de “modernización” y de que no hay cambios de ninguna forma, solo “mejoras en la prestación hacia las mujeres embarazadas, algo que es compatible con la puesta en marcha de medidas que ofrecen garantía tanto a las mujeres embarazadas como a los profesionales sanitarios” .“No se va a modificar ningún protocolo, no vamos a obligar a mujeres embarazadas, ni a los profesionales sanitarios”, ha reiterado.
Preguntado por las palabras del vicepresidente y por qué no se corrigió o matizó posibles errores, Carriedo se desquitó asegurando que “las cosas se pueden hacer mejor” y que “se puede aprender”. “No somos perfectos” ha zanjado aunque lejos de desautorizar el texto publicado como nota de prensa se ha referido a él como que sigue “vigente”.
La presencia de Juan García-Gallardo para anunciar medidas sanitarias y no el titular de Sanidad también fue cuestionada, ante esto, Carriedo ha asegurado que el trabajo es conjunto fruto de que son “un Gobierno único y quien presenta e informa del contenido lo hace en nombre del Gobierno de Castilla y León”.
Mañueco actúa pensando “en el interés general” de cara a un posible adelanto electoral
Una semana después de la polémica, todos los consejeros se han tenido que volver a ver las caras en el Consejo de Gobierno. Carriedo ha apuntado que en el encuentro ha primado “el ambiente de trabajo” aunque, preguntado por la relación PP-Vox en la Junta, el portavoz ha apuntado que las coaliciones del Gobierno “siempre son complejas” aunque se puede gobernar “juntos” desde un “proyecto común”.
El cruce de palabras entre líderes nacionales de PP y Vox ha levantado dudas sobre un adelanto electora. A este respecto, Carriedo ha señalado que solo Mañueco tiene la potestad para convocar un adelanto electoral, aunque sobre sí o no, Carriedo solo ha concretado que el presidente de la Junta siempre actúa pensando “en el interés general”.